CCOO denuncia que las prisiones canarias vulneran los derechos sanitarios

EFE

Las Palmas de Gran Canaria —

Comisiones Obreras ha acusado este martes a Instituciones Penitenciarias de no garantizar los derechos de la población reclusa de Canarias en materia sanitaria, al carecer del número de médicos necesario en varias de sus cárceles y mantener cerrada la unidad para madres presas de Tenerife.

Esta unidad se creó y dotó hace tiempo con espacio y medios para albergar a trece mujeres en periodo de gestación o con bebés de corta edad, pero que sigue sin abrirse, a pesar de que media decena de reclusas de Tenerife están en condiciones de usar sus instalaciones y permanecen en celdas comunes, con el consiguiente riesgo para sus bebés, según el sindicato.

CCOO achaca carencias y situaciones como las señaladas a una política del Ministerio del Interior guiada, a su juicio, por el propósito último de privatizar los servicios de todo tipo que se prestan en las cárceles, desde la seguridad o la atención sanitaria y social al mantenimiento de las instalaciones.

El secretario federal del área de prisiones de CCOO, Ángel Moreno, ha resaltado que la gestión de las cárceles en España constituye “un atractivo nicho de negocio en el que se mueve bastante dinero, 1.400 millones de euros anuales, y hay un 'lobby' de empresas de seguridad que están interesadas en él”.

Como prueba de sus denuncias ha citado el hecho de que actualmente existen en el conjunto de las prisiones de España unas 2.800 plazas de funcionarios que están vacantes y que, pese a ello, no se convocan oposiciones para cubrirlas o, cuando se convocan, se cubre solo una parte mínima de ellas, como ocurrirá este año, cuando se ha sacado una oferta de solo 320 plazas.

La también sindicalista de CCOO, Silvia Fernández, en nombre los trabajadores de las cárceles de Canarias, ha subrayado que esa falta de personal se da en las islas tanto entre los responsables de vigilar a los reclusos, que ha dicho que son muchos menos en proporción a la población presa que en el resto del país, como entre otros colectivos, especialmente en el personal sanitario.

Ejemplos de ello son las prisiones de Lanzarote y La Palma, donde solo hay un médico en cada una pese a que se supone que sus trabajadores sanitarios deberían garantizar una asistencia sanitaria a los reclusos las 24 horas del día, ha afirmado.

Y ha añadido que situaciones como esa solo son explicables, al entender de CCOO, por el afán del actual Gobierno central de promover una coyuntura que le permita justificar una futura privatización de servicios de las prisiones, ya que esa falta de personal no produce un ahorro, sino, al contrario, conlleva un aumento del gasto en las cárceles afectadas.

Porque, en ausencia del médico, cuando se produce algún problema de salud, quien debe decidir qué hacer es el personal de enfermería, que, “ante la duda, opta por enviar a los afectados al hospital, muchas veces en ambulancia, con el consiguiente incremento del gasto”, ha declarado.

En ese contexto, Ángel Moreno ha señalado que Comisiones Obreras tiene previsto mantener e intensificar su decisión de promover protestas entre el personal de prisiones, algo que ha estado haciendo de manera intermitente durante los dos últimos años con el objetivo de reclamar al Gobierno “que paralice sus planes privatizadores” y que solvente el déficit de funcionarios actual.

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