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''El colegio se salió con la suya, ya tiene otra plaza''

PRESUNTAS COACCIONES EN EL SAGRADO CORAZÓN DE LPGC

Una madre denuncia los intentos del centro escolar por ocultar un episodio de acoso escolar certificado por el Servicio de Prevención del Gobierno canario.

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"El Sagrado Corazón se ha salido con la suya, ya dispone de otra plaza sobre la que poder volver a solicitar la percepción económica por servicios complementarios". Así concluye un escrito redactado por Margarita, una de las madres que decidió cambiar de centro escolar a su hija, una menor de 14 años, ante las presuntas coacciones a las que fue sometida por parte del colegio concertado ubicado en Tafira tras negarse a abonar unas cuotas de carácter voluntario.

El caso de Margarita se vio agravado por un episodio de acoso escolar a su hija y la respuesta del centro, que tilda de "absolutamente inapropiada". A principios de marzo de 2010, la menor le comunicó a su madre que había estado sufriendo desde el comienzo del curso los insultos y las vejaciones de un grupo de alumnos, hechos que Margarita puso en conocimiento del colegio con la finalidad de que adoptasen las medidas oportunas.

En primera instancia, según su relato, el centro intentó atajar la situación generada con la mediación de la tutora, pero el acoso de alguno de los menores fue a más. La madre volvió a dirigirse entonces al colegio para que extremaran las medidas, temerosa de que a su hija "le pudiera pasar algo". Ante la "falta de respuesta" de la dirección, Margarita decidió denunciar el caso ante el Servicio de Prevención y Ayuda Contra el Acoso Escolar del Gobierno de Canarias.

En su primer informe, este servicio certificó que la alumna padecía un acoso escolar de grado medio e instaba al centro a realizar las tareas de supervisión diaria de la menor, así como "un apoyo y un refuerzo en el uso de las estrategias de autoprotección y afrontamiento".

Según consta en el documento, los representantes del Sagrado Corazón negaron, desde un principio, que se tratara de un caso de acoso escolar, alegando que lo acaecido era un hecho puntual y que en el colegio no podía darse "ese tipo de problemas", por el tipo de centro, "no marginal", y por el control sobre los comportamientos del alumnado. Además, apuntaban que la denuncia era producto de "una campaña de desprestigio" por parte del AMPA El Recodo, constituida por un grupo de padres y madres descontentos con las prácticas del centro.

A partir de ese momento, según consta en sucesivos informes del Servicio de Prevención, el centro manifiesta de forma reiterada su disconformidad con la valoración, negándose a utilizar los recursos propuestos e, incluso, a proporcionar los medios técnicos necesarios para una charla sobre acoso escolar en el recinto.

A mediados de abril, Margarita es convocada a una reunión con la tutora de la menor y la abogada del colegio, la hija de Antonio Coello, propietario del mismo. A la cita también acude Emilio Pinto, impulsor de la Fundación O'Belén, una entidad que gestiona centros de menores y que fue denunciada por presuntos malos tratos tanto por el Defensor del Pueblo como por Amnistía Internacional. Pinto fue invitado por el colegio en calidad de "reconocido pedagogo y terapeuta y autoridad internacional en el tema de la conducta de niños y adolescentes" para impartir una conferencia que finalmente no se celebró.

La madre explica que en esa reunión trataron de convencerla para retirar la denuncia ante el Servicio de Prevención. "Me quiso hacer ver que las madres somos demasiado protectoras y que tendemos a exagerar las situaciones. Me dijo que él fue perito en el caso del niño que se suicidó y que éste lo hizo no por el acoso escolar, sino porque tenía problemas psicológicos y porque sus padres se empeñaron en no quitarlo del colegio", cuenta Margarita sobre las palabras de Pinto.

Además, acusa a la abogada del centro de ofrecer a los padres de los presuntos agresores el gabinete jurídico del colegio para "limpiar el nombre de sus hijos" y demandarla "por daños morales" ante una supuesta denuncia ante la Fiscalía de Menores que Margarita nunca interpuso.

El 12 de mayo tomó la determinación de cambiar a su hija de colegio después de que ésta sufriera una crisis nerviosa por la que tuvo que acudir a los servicios de urgencia de un centro de salud, como consecuencia de un incidente en clase en la que se sintió señalada por la profesora. "El acoso trascendía ya de las acciones de los alumnos e implicaba directamente a los propios responsables académicos del centro", afirma la madre.

Margarita ha puesto los hechos en conocimiento de la consejería de Educación, que desestimó su solicitud de incoar un expediente sancionador al centro, y del Diputado del Común, que ha admitido a trámite su queja, actualmente en fase de estudio.

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