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Dos años de espera para ejecutar un derribo 'oculto' en Agaete

UN DENUNCIANTE AFECTADO SE ENTERA DE CASUALIDAD DE UNA SENTENCIA POR OBRA ILEGAL

La mercantil Conagrican SL, de Félix Santiago Melián, debe reponer destrozos medioambientales y abonar 150.000 euros desde enero de 2010.

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Que la Justicia es lenta como el demonio depende de quien ejerza de abogado del diablo. Eso debe estar rumiando desde hace diez años una familia del Valle de Agaete, enfrentada por disputas patrimoniales y querellas cruzadas al constructor y empresario más poderoso del Noroeste de Gran Canaria, Félix Santiago Melián.

Las obras ejecutadas en la zona conocida como Huerta Roja. (CANARIAS AHORA)

Las obras ejecutadas en la zona conocida como Huerta Roja. (CANARIAS AHORA)

Antonio y Teresa Diepa llevan años de pleitos por unas obras ilegales ejecutadas en la zona conocida como Huerta Roja por la mercantil Conagrican SL, y a pesar de los triunfos judiciales no ven la hora de que se ejecute una sentencia firme que data ya de enero de 2010. En la misma, se condena a la mercantil de Félix Santiago a 150.000 euros y reponer los destrozos medioambientales cometidos por construir una carretera de acceso a una de sus fincas, que no solo arrasó arrifes protegidos y zonas agrícolas, sino parte de la propiedad de los Diepa.

La construcción sin licencia de obras de la carretera de acceso a la finca de la mercantil condenada provocó en su momento una enconada polémica en la que intervino también Ben Magec como denunciante. Corría 2005 y la familia Diepa llevaba años de denuncias ante la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Agaete, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias sin que fructificaran sus reclamaciones. Hasta que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) se vio obligada a intervenir y abrir un expediente sancionador de cajón en 2007.

Santiago Toledo es marido y cuñado de los propietarios afectados. Los conflictos judiciales con el responsable de convertir una serventía de paso de no más de 50 centímetros de ancho en una carretera de cinco metros para el acceso de rodado vienen de viejo. Pero la condena a la que está obligada la mercantil tras la sanción impuesta por la Agencia del Gobierno canario le llena de asombro. No por el fallo en sí, lógico por los destrozos cometidos, sino por cómo la APMUN sancionó al constructor a espaldas de los denunciantes y mantuvo en secreto la condena -en primera instancia de marzo de 2009; firme desde enero de 2010- durante estos años.

"Nos enteramos de la condena por casualidad, en septiembre pasado [de 2011], por los otros conflictos [de carácter privado: querellas, embargos] que tenemos con Félix [Santiago Melián]", cuenta Santiago Toledo a este periódico. "Lo increíble es que el Gobierno no nos dijera nada en todo este tiempo, sacaron nuestras denuncias del expediente cuando fuimos nosotros quienes promovimos el caso ante la propia Agencia en 2003", mantiene.

En diciembre y de nuevo en enero de este año, la familia Diepa instó a la Agencia a ejecutar la sentencia firme. Teresa, la esposa de Santiago, llegó a apercibir mediante su representación legal con una denuncia por inactividad administrativa, aparte de instar a un expediente de responsabilidad patrimonial de quienes desde enero de 2010 habían dejado dormir la ejecución de sentencia contra la mercantil condenada. El destrozo es casi irreparable, pero la multa no.

Por fin el pasado mes de abril el Boletín Oficial de Canarias recogía una notificación oficial del actual director de la APMUN en la que resuelve cumplir la sentencia de 19 de marzo de 2009 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que solo admitió en parte el recurso de Conagrican SL, reduciendo la multa original de 420.000 euros a 150.000 euros. Pero desde la APMUN no dan muchas esperanzas a la familia Diepa. "Nos han dicho que no tienen dinero para para una demolición propia y después cargar el coste al condenado", comenta Santiago Toledo, decidido a seguir adelante.

"Solo ahora hemos conocido el expediente de la Agencia contra Félix y la condena firme, por eso haremos un seguimiento incluso en Hacienda para saber si este señor paga", asegura el marido de la denunciante. No se fía. Lógico después de tanta orden de derribo oculta. "Encima la Agencia matizaba que la carretera que hacía era de acceso a terrenos de cultivo. Eso no se lo cree nadie. Todo el mundo sabe que sobre piedra y hormigón no se cultiva. Eso eran solares para construir en la mejor vista del Valle", la Vuelta Roja. "Y no ha podido ni podrá", sentencia.

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