Sin papeles y con una factura de 450 euros por ir a urgencias con un dolor en el pecho
Freddy Bermúdez es chileno, tiene 84 años, vive en situación irregular en Fuerteventura y desde hace unos años arrastra una afección cardiaca. Tiene a sus espaldas una deuda de 450 euros por haber sido tratado en el Hospital majorero en 2012 por una cardiopatía y cuatro años después por una fractura de clavícula. Freddy no es la excepción. Según alerta la asociación sociocultural Entre Mares, el Hospital sigue facturando las urgencias a las personas en situación irregular administrativa a pesar de que la ley establece que estos tienen derecho a la asistencia gratuita en la atención de urgencias.
El Real Decreto Ley 16/2012 anuló las tarjetas sanitarias de miles de personas que en esos momentos vivían en situación irregular en España. La decisión del Gobierno de Mariano Rajoy modificó radicalmente el sistema sanitario español. A partir de ese momento, los sin papeles tendrían que pagar de su bolsillo la atención médica salvo excepciones como urgencias, embarazadas y menores de 18 años. En Canarias, unas 52.000 personas se quedaron sin cobertura sanitaria.
A principios de 2013, la consejera de Sanidad por ese entonces, Brígida Mendoza, anunció que el Gobierno canario iba a prestar atención sanitaria a todas las personas. Las condiciones: llevar más de un año empadronado y tener unos ingresos económicos inferiores a 532 euros. Sin embargo, ONGs como Médicos del Mundo siguieron denunciando la facturación en urgencias a las personas en situación irregular en los hospitales canarios.
En diciembre de 2015, el anterior consejero de Sanidad, Jesús Morera, se levantó un día prometiendo la devolución de la atención sanitaria en todos los niveles a las personas que quedaron excluidas de este servicio por el decreto de 2012.
Desde Entre Mares, asociación integrante de la Mesa Ciudadana por una Sanidad Universal de Fuerteventura, se asegura que la situación ha sido “confusa” durante todo este tiempo y denuncia la actitud “vacilante” que ha mostrado el Gobierno de Canarias al margen del color político que ha asumido la responsabilidad de la Consejería de Sanidad.
La técnico de inmigración de la asociación, María Greco, recuerda cómo, en un primer momento, se anunció desde el Gobierno de Canarias que “no se iba a aplicar el Real Decreto”. Tras el anuncio, cuenta Greco, “recularon y quitaron las tarjetas, para luego poner una tarjeta especial con unos requisitos que eran imposibles de cumplir como traer una declaración de la renta del país de origen o un certificado de que no poseían bienes cuando esa documentación no existía, a veces, en sus países”. Además “del reembolso económico que suponía cada documento no menos de 200 euros”, añade.
Cinco años de idas y venidas, pero “seguimos igual y con un Real Decreto que ha dejado unas cuantas muertes por delante”, denuncia Greco, quien alerta que aún “se siguen facturando las urgencias en el Hospital de Fuerteventura cuando el Real Decreto dice que todas las personas tienen derecho a la atención en urgencias”.
La decisión de Jesús Morera durante su etapa al frente de Sanidad de devolver la tarjeta sanitaria para que las personas indocumentadas fueran atendidas por el médico de cabecera no los libra de “ser excluidos de ciertas especialidades”, una postura que según María Greco ha hecho que la sanidad en este país se haya convertido en “un privilegio y en una concesión arbitraria de la administración”.
Freddy Arnaldo Bermúdez, en lugar de obtener una tarjeta sanitaria, lo que ha recibido ha sido una carta de la Agencia Tributaria Canaria exigiéndole varios pagos hasta sumar los 450 euros en concepto de “Facturación del Hospital de Fuerteventura”. En las cartas se le anuncia la aplicación del recargo de apremio ordinario del 20% sobre la deuda contraída.
Freddy vivía en Antofagasta, apodada la Perla Norte de Chile, como auditor de cuentas hasta que un día sonó el teléfono. Al otro lado, unos amigos chilenos, residentes en Fuerteventura, le animaban a venir a la Isla y aprovechar el auge laboral que se respiraba en cada una de sus esquinas. Finalmente, terminó cogiendo el avión y aterrizando en el Aeropuerto majorero. De aquello hace quince años.
La crisis económica empeoró la vida en Fuerteventura y sus amigos terminaron por retornar a Chile. Freddy se quedó solo en la Isla y, poco después, sin trabajo. También sin permiso de residencia tras haberlo perdido por una irregularidad sobrevenida al no tener contrato de trabajo. Más tarde, caducó su pasaporte.
Un día empezó a sentir un dolor en el pecho que le obligó a ir al médico del centro de salud. La medicación no consiguió aliviar el malestar y una semana después Freddy volvió a consulta. El facultativo terminó derivándolo a urgencias para que le examinaran la cardiopatía que presentaba. El 22 de octubre de 2012 Freddy ingresó en urgencias con un dolor en el tórax que le impedía la respiración.
Permaneció un día en el Hospital. Regresó a casa tras varias pruebas y con un diagnóstico donde se decía que sufría una pericarditis aguda. En el informe médico también aparecía escrito que tendría que acudir a la consulta de Cardiología en un mes y que sería llamado para una resonancia magnética cardiaca en Gran Canaria. Más tarde, le comunicaron desde el Hospital de Fuerteventura que no podría hacerse las pruebas en Gran Canaria. “Me había quedado sin atención médica”, explica el chileno. Desde entonces, no ha recibido llamada desde Cardiología y sigue sin tratarse la afección cardiaca, una situación que María Greco define como “una denegación de la atención de una enfermedad grave”.
En febrero de 2016, Freddy volvió a urgencias. Se había fracturado una clavícula. En abril de 2017 empezó a recibir cartas de la Agencia Tributaria Canaria exigiéndole 450 euros por haber sido tratado en el Hospital de Fuerteventura y el anuncio de embargo de sus bienes si no se abonaba la deuda.
Freddy vive con 200 euros que recibe de una pensión del Gobierno chileno y la caridad de unos compatriotas que le dan techo. “No tengo para comer. Cómo voy a tener para pagar todo eso si lo único que tengo es la ropa. Tendrán que meterme preso”, comenta. La experta en inmigración de Entre Mares insiste en que “cada día le van a ir aumentando el pago y esto seguirá porque él no va a poder pagar y le van a continuar haciendo el apremio” mientras se pregunta quién “asumirá la responsabilidad si a este señor le ocurriera algo, una vez diagnosticado”.
El caso de cobro de facturas de Freddy no es el único. María Greco denuncia facturaciones en los últimos años en el Hospital majorero por atender a menores y pone el ejemplo de una madre checa, con tres niños menores de edad, que adeuda unos 10.000 euros.
Denuncias en Canarias
Desde Médicos del Mundo también alertan que durante este 2017 han seguido recogiendo casos de facturaciones indebidas en Canarias a “personas en situación administrativa irregular que han acudido a urgencias”. La técnico de Inclusión Social de la ONG, Laura Pérez Roselló, insiste en que las urgencias “son una excepción que no debería ser facturada a ninguna persona en situación administrativa irregular”.
Sin embargo, la ONG ha recogido testimonios en Canarias “en los que personas en situación administrativa irregular han firmado compromisos de pago y han tenido que afrontar facturas emitidas en urgencias, con todo lo que ello supone como, por ejemplo, tener una deuda con la administración lo que dificulta el proceso de regularización de las personas”.
Además, Laura Pérez recuerda que este tipo de facturas a veces “están sistematizadas a la hora de emitirlas, pero no se les recuerda a las personas que también pueden reclamarlas y este procedimiento suele ser más desconocido”.
Médicos del Mundo trabaja en la mediación y coordinación entre las personas y las administraciones y, según explica esta profesional, “en la mayoría de los casos conseguimos que se retiren las facturas, pero después de hacer pasar a las personas por procesos de ansiedad innecesarios”.
