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La expulsión de José Morales llega a la Comisión Europea

WILLY MEYER (IU) PIDE ABRIR UNA INVESTIGACIÓN

El eurodiputado considera la orden de expulsión del activista "una clara violación del derecho a la presunción de inocencia".

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El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, se dirigió este jueves a la Comisión Europea para solicitarle que investigue la orden de expulsión del ciudadano uruguayo residente en Lanzarote José Morales.

Meyer mostró su preocupación por lo que calificó de "una clara violación del derecho a la presunción de inocencia" ya que la orden de repatriación se basa en la imputación por un presunto delito de alteración de la seguridad ciudadana y de atentando a la autoridad pública que no ha sido resuelta con ninguna sentencia en firme.

El pasado 2 de mayo la Delegación del Gobierno de España en Canarias comunicó a este ciudadano uruguayo residente en Lanzarote desde hace más de 10 años, con una hija de nacionalidad española y plenamente arraigado en España, que tenía 48 horas para abandonar el país o sería arrestado y repatriado.

Según la Delegación del Gobierno en Canarias, el pasado 3 de abril se abrió expediente de expulsión de esta persona por alterar el orden público al participar en una concentración que tuvo lugar en Lanzarote en contra del Decreto del 16 de marzo de 2012 por el cual el Gobierno autorizó a Repsol a realizar prospecciones petrolíferas frente a las costas de las islas.

Tal y como apuntan otros participantes en la protesta, dicha imputación "carece de fundamento, pues la concentración se desarrolló en todo momento de manera pacífica, sin detenciones ni ningún tipo de disturbios"

Desde Izquierda Unida han mostrado su preocupación, ya que entienden que "basar la expulsión de un ciudadano por la mera imputación en un delito, sin que exista ninguna sentencia penal firme contra él, y expulsarlo antes de la celebración de ningún juicio, negando tan siquiera la oportunidad de esclarecer cualquier imputación, conlleva una vulneración de principios básicos del Estado de derecho, como la presunción de inocencia, y asienta un grave precedente que erosiona el ejercicio de la libertad de manifestación y reunión de otros ciudadanos".

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