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La familia del crimen de Seseña pide al Gobierno su indemnización

MADRID

Los padres de Cristina Martín, la menor de 13 años asesinada a principios del año pasado en Seseña, han solicitado al Gobierno que reforme la Ley de Responsabilidad Penal del Menor y eleve las medidas de internamiento para los autores de delitos de sangre. Además, han demandado a España por "incumplir" la legislación comunitaria y no indemnizar a las víctimas de delitos violentos.

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MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

RDP Del Padre De La Niña Asesinada En Seseña

RDP Del Padre De La Niña Asesinada En Seseña

Los padres de Cristina Martín, la menor de 13 años asesinada a principios del año pasado en Seseña, han solicitado al Gobierno que reforme la Ley de Responsabilidad Penal del Menor y eleve las medidas de internamiento para los autores de delitos de sangre. Además, han demandado a España por "incumplir" la legislación comunitaria y no indemnizar a las víctimas de delitos violentos.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa su abogada María Ponte, que ha explicado que han presentado un escrito al Juzgado de Menores de Toledo solicitándole que eleve consulta al Ejecutivo y le pida cambiar la Ley del Menor con el fin de castigar "más duramente" los delitos de sangre cometidos por menores.

La familia entiende que son "absolutamente insuficientes" las medidas impuestas a las dos menores acusadas de asesinar y esconder el cadáver de su compañera de Instituto. La primera fue condenada en diciembre del pasado año a cinco años de internamiento en régimen cerrado y tres años de libertad vigilada, mientras que la segunda cumplirá una pena de dos años en régimen semiabierto.

En el despacho de abogados con sede en Madrid y acompañada de los padres de Cristina Martín, la letrada ha dado cuenta de la presentación de una reclamación previa patrimonial ante el Consejo de Ministros. En este escrito, la familia demanda al Estado español por "incumplir" las obligaciones que la legislación comunitaria le impone y no ofrecer una indemnización "justa" a las víctimas de delitos violentos.

A día de hoy, ha puesto como ejemplo, la familia no ha recibido "ni un euro" de la indemnización de 300.000 euros fijada en la sentencia condenatoria y ha subrayado que se trata de una demanda "pionera" contra España.

"La legislación aplicable en España no otorga ninguna ayuda ni indemnización a los padres de menores asesinados. Los padres no tienen derecho a una ayuda, ni siquiera psicológica ni tampoco a una indemnización. La legislación española sólo prevé la ayuda cuando el fallecido generara ingresos a la unidad familiar, es decir, cuando ingresara un sueldo en la familia", sostiene en su demanda.

Francisco Martín, padre de la fallecida, ha denunciado que no ha recibido "nada" desde el crimen por parte del Estado. "Estamos totalmente desamparados por parte del Estado", ha dicho, para añadir que únicamente ha recibido la ayuda "altruista" de una psicóloga del Ayuntamiento de Seseña así como los servicios prestados por su abogada.

En este punto, ha precisado que recibió una llamada del ex presidente de Castilla-La Mancha José María Barreda tras el crimen así como el apoyo de la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, cuando visitó la Cámara Baja. En su opinión, la autora del crimen debería cumplir "cadena perpetua revisable".

DISCRIMINACIÓN FRENTE A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

El presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos, José Miguel Ayllon, ha advertido de la "total" e "inaguantable discriminación" que sufre este colectivo. "Los padres no tienen ningún tipo de apoyo o ayuda. Soportan solos, en silencio y apartados de la sociedad esta soledad", ha remachado.

Así, ha explicado que muchos necesitan apoyo psicológico, ayuda económica para litigar y otros pierden sus trabajos --el padre de Cristina Martín ha estado de baja psicológica hasta hace tres meses-- y ha indicado que las ayudas sólo se centran en las víctimas del terrorismo. "No queremos que se las reduzcan sólo que se proteja también a las víctimas de delitos violentos", ha remachado.

María Ponte ha propuesto algunos "mecanismos relativamente sencillos" que el Estado podría poner en marcha para aliviar la situación que viven estas familias. Por ejemplo, las partidas podrían provenir de las grandes cantidades de dinero decomisado por el blanqueo de capitales o de un fondo con cargo a los seguros de Responsabilidad Civil.

En el caso de que el Consejo de Ministros desestime su demanda, ha adelantado que acudirán al Poder Judicial para que corrija los "desmanes" de la Administración.

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