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El fiscal pide 303 años de cárcel para Torres Baena

CASO KÁRATE/ POR LA COMISIÓN DE 50 PRESUNTOS DELITOS

El ministerio público le tilda de ''depredador sexual'' y le imputa 36 delitos de abusos sexuales, 13 de corrupción de menores y uno de tenencia ilícita de armas.

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El Ministerio fiscal ha solicitado una pena de 303 años de cárcel para Fernando Torres Baena, el principal procesado en el denominado caso Kárate, que investiga la comisión de delitos de abusos sexuales y corrupción de menores en su escuela de artes marciales y en un chalet de la playa de Vargas, en Gran Canaria.

El escrito del ministerio público, que ha sido presentado ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, imputa a Torres Baena 36 delitos de abusos sexuales continuados, 13 de corrupción de menores y uno de tenencia ilícita de armas.

Para las también procesadas María José González e Ivonne González, monitoras de la "red de captación" que tramó Torres Baena en la escuela que regentaba, el fiscal pide 154 y 146 años de cárcel respectivamente. A María José se le imputan 20 delitos de abusos sexuales y cuatro de corrupción de menores. A Ivonne, 19 de abusos y tres de corrupción de menores.

Al cuarto procesado, Juan Luis Benítez, el ministerio público le imputa tres delitos de abusos sexuales, para los que solicita una pena de 18 años de prisión.

En su escrito, el fiscal incide en la condición de "héroe o Dios" que se atribuía Fernando Torres Baena valiéndose de una supuesta "ascendencia espiritual" para desarrollar técnicas psicológicas de manipulación para obtener "la sumisión a todos los niveles de aquellos menores hacia los que ha sentido algún tipo de inclinación o apetencia sexual".

Así, el principal procesado, a quien la fiscalía califica como "depredador sexual", organizó durante más de 15 años "auténticas orgías" en el chalet de la playa de Vargas, "donde los menores no solo se debían prestar a cualquier tipo de actividad sexual" con Fernando Torres Baena "y las que en los últimos años han sido sus lugartenientes", María José González e Ivonne González., sino que "eran inducidos a mantener las mismas prácticas con otros alumnos menores asistentes, sin distinción de edad, sexo o número de participantes".

En concepto de daño moral, por los perjuicios y secuelas derivados del mismo, los procesados deberán indemnizar a sus víctimas con un montante total de 213.000 euros, siendo Torres Baena el que mayor aporte debería realizar, con 82.000 euros.

El fiscal solicita también que se mantenga la situación de prisión preventiva en el caso de los procesados Fernando Torres Baena, María José González e Ivonne González, hasta que se dicte sentencia.

Para ello, será necesario la convocatoria de la comparecencia para su prórroga, ya que la expiración del plazo de dos años se cumplirá el 8 de febrero de 2012.

La 'pirámide'

Según el juez instructor, Miguel Ángel Parramón, y en base a la declaración de los testigos, los cuatro procesados actuaban como una especie de "estructura organizada o secta sexual" en la que sus miembros aprovechaban su relación de predominio y jerarquía con los alumnos menores de la escuela de kárate Torres Baena para "captarlos, promover, favorecer, planear y ejecutar toda clase de contactos e intercambios sexuales".

Las diligencias del caso se incoaron en fecha de 30 de enero de 2010 por el Juzgado de Instrucción número siete de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud del atestado policial instruido un día antes por el Grupo de Servicio de Atención a la Familia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas. El magistrado levantó el secreto de sumario de la causa el 13 de marzo de 2010, aunque volvió a imponerlo 10 días después.

El 22 de abril de ese año la jefa superior de la Policía Nacional en Canarias, Concepción De Vega, dio por terminadas las excavaciones en el chalet del principal imputado en dicho caso, en Playa de Vargas, donde presuntamente se desarrollaban los episodios sexuales con los menores. El total de presuntas víctimas asciende a 61 personas.

En julio de 2010 Parramón ratifica la prisión provisional de Fernando Torres Baena, Ivonne González y María José González, procesados en el denominado caso Kárate sobre presunta corrupción de menores. En su auto de procesamiento, dado a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se declara procesados por esta causa a Torres Baena, Ivonne González, María José González y Juan Luis Benítez, y no procesados a J.A.G.P. y E.E.V.P.

Torres Baena negó ante el juez en septiembre de 2010 haber abusado de los alumnos de la escuela de artes marciales que regentaba en Las Palmas de Gran Canaria y aseguró que todo el caso era un "complot" en su contra con el objetivo de hundir su negocio.

El caso Kárate puede convertirse en uno de los procesos por abusos de menores más graves de España. En total se tomó declaración a 177 alumnos de la escuela, de los que, al menos, 61 fueron supuestamente obligados por el dueño del gimnasio y los monitores a practicar sexo. La mayor parte de las víctimas pudieron ser objeto de abusos desde los 10 años, y en la mayoría de los casos las relaciones sexuales se pudieron haber perpetuado hasta los 14 años.

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