El comité de huelga denuncia ''amenazas de sanciones encubiertas''

La portavoz del comité de huelga de la magistratura, Elena Corral, manifestó este miércoles que existen “amenazas de sanciones encubiertas” en el transcurso la jornada de huelga de magistrados que tiene lugar este miércoles. La actividad en la Audiencia de Las Palmas ha cesado prácticamente y sólo se están celebrando las causas urgentes y con presos, que comprenden los servicios mínimos que los propios convocantes se han marcado.

En cuanto a la polémica suscitada por si la magistratura podía ir o no a la huelga de manera legal, puesto que el Consejo General del Poder Judicial manifiesta que no hay “marco legislativo que lo regule”, la representante de los huelguistas dijo que simplemente hay que dirigirse al artículo 28 de la Constitución, ya que a esta carrera no le ocurre como a la militar que sí tiene prohibición expresa de ejercer este derecho.

Corral encuadra esta problema que se ha suscitado en que “el Gobierno es quien designa al Consejo General del Poder Judicial y ahora está entre dos aguas, intentando ponerse de canto para capear el temporal”.

La portavoz de los huelguistas considera que la jornada de huelga se está realizando bajo “amenazas de sanciones encubiertas” pero “aún así se supera el 50% sin que haya un cómputo total. Además, Corral puntualizó que en Canarias se dan circunstancias especiales porque posee en elevado número de jueces sustitutos ”que no pueden hacer huelga porque su nombramiento es precario y cualquier señalamiento los puede perjudicar“.

Corral aseguró que a esta huelga “teníamos que haber ido hace 20 años” aunque el problema es que “somos responsables, conservadores y se sacrifica la vida personal y el ocio para solucionar los problemas de los ciudadanos. Pero ya, aunque estén a destajo, no es suficiente con 4.500 jueces en España porque no pueden sacar el trabajo ni en tiempo ni con calidad”, dijo.

En cuanto a la efectividad del derecho a la tutela efectiva durante la jornada de paro, Corral expuso que no tiene sentido el cuestionamiento “porque se han suspendido más actuaciones con la huelga de funcionarios que con esta. Y hemos fijado unos servicios mínimos que si los hubiera designado una autoridad externa los hubieramos recurrido como abusivos”.

La actividad judicial no se verá más afectada que “un sábado, un domingo, con el mes de vacaciones judiciales ni con la huelga de funcionarios de justicia”, aseguró.

Falta de medios humanos y materiales

“Lo que perturba el derecho a la tutela judicial efectiva es que el poder ejecutivo que tiene que presentar los presupuestos no destina a la Justicia ni la media de lo que se destina en Europa. En España tendríamos que superar esta media por la situación flotante que ni siquiera se considera. Deberíamos estar a la cabeza de Europa pero la realidad es que por detrás sólo tenemos a Armenia, Azerbaiyán y poco más”, concluyó.

El objetivo principal de la huelga es denunciar la falta de medios humanos y materiales para la agilización de los trámites judiciales, exigiendo la reforma urgente de la oficina judicial, así como que se mantenga en manos de los jueces la competencia de señalar juicios, la plena incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías y una formación adecuada de todo el personal al servicio de la Justicia.

Igualmente, los jueces reclaman el rediseño de los módulos de trabajo, la revisión en profundidad de la actual planta judicial, la modificación del sistema de sustituciones medias para conciliar la vida familiar y laboral, y la adecuación quinquenal de la Ley de Retribuciones de las carreras judicial y fiscal.

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