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Más de 400 imputados por introducir a irregulares

EL 100% DE LAS SENTENCIAS SOBRE ESTOS DELITOS FUERON CONDENATORIAS EN LAS ISLAS

La Fiscalía alerta sobre los casos de corrupción entre ellos el de dos intérpretes en Tenerife que dificultaban la identificación de 'sin papeles'.

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Un total de 422 personas fueron imputadas el año pasado acusadas de un delito contra los derechos de los extranjeros por introducir en España a más de 4.200 personas de forma clandestina en pateras y cayucos, ocultas en vehículos a motor o mediante documentación falsificada, según los datos presentados por la Fiscalía de Extranjería en el anuario de la Fiscalía General del Estado.

En concreto, la institución recoge 72 acusaciones formuladas por distintas fisalías provinciales por las que se imputó a 226 personas como responsables del transporte ilícito de 3.887 inmigrantes. De los acusados, 18 lo fueron por la comisión del delito en la zona del Estrecho y el Mediterráneo y 208, en el entorno de las Islas Canarias, donde el número de víctimas inmigrantes ascendió a 3.675.

En este sentido, la Fiscalía de Extranjería destaca las diferencias en la inmigración clandestina a ambas regiones y apunta que mientras el promedio de personas por embarcación en el Mediterráneo es de 17, cuando se trata de Canarias la cifra asciende a 60. Además, las islas recibieron 92 menores extranjeros por esta vía el año pasado, frente a los tres casos detectados en las costas orientales de la Península y Baleares.

La institución considera "obvio" que el tránsito en patera es sólo una de las etapas de la actividad "extraordinariamente lucrativa" del tráfico de inmigrantes y señala que, pese a ello, "en la mayoría de ocasiones, sólo ha sido posible formular acusación contra los pilotos, los patrones y ayudantes que en cada viaje controlan las embarcaciones" y no contra la trama mafiosa subyacente.

En cualquier caso, el 100% de las sentencias sobre estos delitos fueron condenatorias en Canarias y en el ámbito del Mediterráneo la cifra alcanzó el 78%, ya que predominaron las sentencias de conformidad porque en la mayor parte de los casos los acusados fueron sorprendidos in fraganti. En total, fueron condenados 114 individuos, conforme los datos de la Fiscalía.

Respecto a la introducción de inmigrantes mediante vehículos a motor, la mayor parte de las calificaciones fueron impulsadas por las fiscalías de Cádiz y Málaga en relación a quienes pretendían trasladar clandestinamente a personas utilizando los puestos fronterizos de Algeciras, Ceuta y Melilla.

En total el año pasado se presentaron 108 escritos de acusación contra 156 ciudadanos (la mitad de ellos, marroquíes) que intentaban llevar a España a 154 adultos y 24 menores de edad. Además, se dictaron 58 sentencias de las que sólo una fue absolutoria, sobre 78 individuos.

Por último, la Fiscalía se refiere a 24 escritos de acusación por tráfico de inmigrantes mediante falsificación documental tramitados en 2008, cuando se dictaron 30 sentencias de las que 24 fueron condenatorias por este tipo de delitos.

Corrupción a su alrededor

La Fiscalía de Extranjería alerta asimismo en su informe sobre el volumen de beneficio económico que generan los delitos de inmigración clandestina ya que "ello provoca que alrededor de ellos se sucedan casos de corrupción de funcionarios públicos o de particulares que, de alguna manera, colaboran con la función pública".

En este sentido, reseña varios casos, entre ellos uno calificado por la Fiscalía de Tenerife, donde dos ciudadanos senegaleses que habían sido contratados como intérpretes por la Policía Nacional fueron acusados de falsear los expedientes de asilo para dificultar la identificación de los inmigrantes recién llegados a cambio de una prestación económica.

Además, en Madrid, varios funcionarios de la Brigada de Extranjería fueron imputados por falsificación de documento público y cohecho en la tramitación ilícita de tarjetas de residencia para inmigrantes y la Audiencia Provincial dictó condena contra tres trabajadoras del Aeropuerto de Barajas que permitieron la entrada ilegal de 41 extranjeros a 1.500 euros por persona.

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