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Un indigente acusa a la Policía Local de LPGC de agresión

ESTÁ ABIERTO UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL TRAS SU DENUNCIA

Hay dos agentes imputados por supuestas torturas y lesiones contra Carmelo Báez. Este martes hubo rueda de reconocimiento en Granadera Canaria.

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Carmelo Báez, un ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria que vive en la calle, ha acudido este martes a una rueda de reconocimiento en los juzgados de Granadera Canaria para identificar a cuatro policías locales, a los que acusa de haberlo maltratado hace tres años. No reconoció a los autores de su agresión porque, según su versión, el día de la agresión le aplicaron espray de pimienta en los ojos y apenas veía.

Carmelo Báez, desfigurado tras recibir las palizas hace tres años.

Carmelo Báez, desfigurado tras recibir las palizas hace tres años.

Los hechos ocurrieron el 26 de junio de 2008, cuando se encontraba en la zona de las barcas, situada en la playa de Las Canteras. En torno a las 12.00 horas, Báez estaba tocando la guitarra rodeado de unos amigos, motivo por el que tuvo un incidente con un ciudadano. Tras esto, llegó una patrulla de la Policía Local para sacar de allí a los indigentes. Según la víctima, se lo llevaron descalzo y en traje de baño hasta Los Giles.

En dicha urbanización varios vecinos alertaron a la Policía Nacional y Local porque Báez apareció cerca de un supermercado "alterando el orden". En ese momento, según la versión del afectado, un número no determinado de policías locales lo llevaron hasta un lugar apartado "en la montaña", por la urbanización industrial La Cazuela, donde se habría producido la agresión. "Me patearon, me dieron golpes y me echaron un espray en la cara para que no los reconociera y no viera la matrícula del coche", cuenta Carmelo, que quedó herido con una brecha en la cabeza.

Un vecino, tras ver el estado en el que se encontraba, llamó a la Policía Local para informar de que había un herido que "podía caerse por el barranco o al que sus perros podían hacer daño". Hasta allí acudió un agente que, según testigos, "no le asistió y lo dejaron en el mismo lugar". El vecino llamó nuevamente y pidió una ambulancia, pero tal y como cuenta Carmelo, la que apareció fue la Policía Nacional. Él se negó a subir al vehículo debido al miedo que tenía, y se enfrentó con ellos "hasta tal punto de que rompí el coche". A los 15 días tuvo un juicio por alterar el orden y atentar contra la autoridad. Cumplió condena en una prisión de Castellón.

Acción judicial

A través de la investigación judicial abierta a partir de aquellas diligencias, se ha reconocido la solicitud de habeas corpus, institución que se usa para denunciar arrestos arbitrarios, pues se han comprobado las diferentes llamadas telefónicas efectuadas a la Policía Local durante ese día. Además, existen dos policías imputados y algunos agentes han declarado que los guardias que supuestamente cometieron la agresión "presumían" de ello.

CANARIAS AHORA se ha puesto en contacto con varios de los agentes implicados pero no han querido hacer declaraciones.

Durante la rueda de reconocimiento, según palabras de Carmelo, el fiscal y la juez dudaron de la declaración de los policías, que alegaron que los hechos no se produjeron porque habían estado en otro sitio, algo que no pudieron demostrar, a lo que se sumó que un testigo reconoció a uno de los agentes.

La supuesta víctima considera que este "acto delictivo" se produjo debido a su participación en las manifestaciones para reclamar el albergue municipal.

Carmelo opina que le atacaron por "una venganza, porque criticábamos a algunos que quitaban las pertenencias a la gente que estaba durmiendo en la playa de Las Alcaravaneras", actos que fueron denunciados.

Báez concluye diciendo: "Lo triste es que un grupo de trabajadores como la policía que está siendo pagado por nosotros cometa este tipo de vandalismo, merecen su castigo".

Quiere dejar claro que él no tiene ánimo de venganza, pero que si "me lo han hecho a mí, se lo habrán hecho a otras personas. Individuos como ellos en el cuerpo de policía no deberían estar, por eso, voy a pedir que los destituyan de todo cargo".

Se da la circunstancia de que el hermano del denunciante es Roberto Báez, subinspector de la Policía Local, con el que tiene poca relación.

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