Uno de cada diez inmigrantes retenidos sale en libertad por agotar el plazo
Uno de cada diez inmigrantes retenidos el año pasado en los nueve Centros de Internamiento para extranjeros (CIE) repartidos por el territorio nacional tuvo que ser puesto en libertad por agotar el plazo máximo de detención previa a la expulsión, fijado en la actualidad en 40 días, según datos de la Fiscalía General del Estado.
En concreto, un total de 26.032 extranjeros pasaron en 2008 por alguno de estos centros, donde se retiene a los inmigrantes en situación irregular mientras la Administración gestiona su expulsión del territorio. De ellos, 2.761 tuvieron que ser puestos en libertad porque los trámites de repatriación se demoraron más allá del citado límite de 40 días.
No obstante, el 60% de los extranjeros pudo ser expulsado, de modo que 18.308 inmigrantes abandonaron España tras pasar por estos centros, localizados en Algeciras, Isla de las Palomas, Málaga, Madrid, Valencia, Barranco Seco (Gran Canaria), El Matorral (Fuerteventura), Barcelona y Hoya Fría (Tenerife), según los datos de la Fiscalía de Extranjería.
Los centros que registraron un mayor volumen de internamientos el año pasado fueron el CIE de El Matorral (el más grande de España), con 5.430 inmigrantes retenidos en algún momento del año. Le siguió el de Hoya Fría, por donde pasaron 5.031 extranjeros. A la cola se situaron las instalaciones de Valencia con 1.925 personas retenidas, e Isla de las Palomas, que sólo se utiliza cuando el centro de Algeciras se desborda y que recibió 714 internos.
En cuanto a las puestas en libertad por vencimiento del plazo de retención, fue el CIE de Málaga el que alcanzó las cifras más altas. A lo largo del año pasaron por allí un total de 2.410 inmigrantes y 1.234 cumplieron los 40 días de internamiento. En total, este centro tiene una capacidad para 85 hombres y 25 mujeres.
Dos centros “sin condiciones”
En su memoria anual, la Fiscalía de Extranjería recoge las apreciaciones de las Fiscalías territoriales sobre el estado de los CIE y denuncia que si bien en la mayor parte de los casos las condiciones son buenas o aceptables, existen dos centros que “que no reúnen las condiciones mínimas de funcionamiento por lo que deben ser sustituídos por otros o remodelados profundamente”.
Este es el caso de los CIE de Algeciras y Málaga. Sobre el primero, la Fiscalía denuncia el “aspecto aparentemente insalubre de las instalaciones”, con paredes y techos cubiertos de moho, señala “problemas de construcción o vejez del edificio”, acusa la “falta de mantenimiento” y, en cuanto a su funcionamiento, apunta que “ha carecido de servicios sociales durante largos periodos de tiempo en los que los internos han estado privados de un derecho legalmente recogido en la Ley de Extranjería”.
En cuanto al centro de Málaga, el Fiscal Delegado de Extranjería denuncia que “los incidentes entre internos están a la orden el día, derivados de la peligrosidad de los mismos y de las carencias estructurales que presenta el centro”, donde no están separados los extranjeros con delitos penales de quienes sólo tienen la falta administrativa derivada de su situación irregular. Además, añade el fiscal, “se han producido tentativas de suicidios”.
“El Centro de Internamiento de Málaga produce sensación cada vez de más precariedad y no resulta propio de un Estado moderno. Cada día resulta más difícil justificar su estado”, explica el informe, en el que se reivindica la promulgación de una ley orgánica que regule el funcionamiento de estas instalaciones así como las condiciones mínimas que deben reunir.
