La justicia gratuita se vigilará con lupa
El convenio firmado este lunes y hecho público este martes entre la Consejería de Presidencia y Justicia y los colegios de abogados de Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote y La Palma reduce a casi la mitad los letrados de guardia y limita el acceso a la justicia gratuita en causas penales, sobre todo en delitos relacionados con la violencia de género y la seguridad vial.
En el convenio, que han suscrito tres de los cuatro colegios de abogados de Canarias (el de Santa Cruz de Tenerife no lo ha firmado) se especifican nuevas limitaciones a la asistencia gratuita, sobre todo en los casos relacionados con la violencia de género y en los juicios rápidos relativos a seguridad vial. Se pone así fin, de momento, a un litigio entre los abogados y el Gobierno de Canarias que saltó a finales de año y amagó una huelga de celo, cuando la Consejería de la que es titular José Miguel Ruano hizo llegar a los colegios profesionales un borrador en el que se reducía los cobros por asistencia gratuita y Turno de Oficio y se unificaban en una misma actuación todas las derivadas de procesos como los litigios de familia.
Con el nuevo convenio, en las causas por violencia machista, la víctima será atendida en dependencias policiales y en juzgado por un abogado de guardia, como hasta ahora, pero cada delegación del Turno de Oficio estudiará al detalle tanto la situación laboral como patrimonial para decidir si cabe que esa asistencia sea gratis o si debe ser abonada de acuerdo a los baremos del Consejo General de la Abogacía.
En las causas de Seguridad Vial, la mayoría de los cuales se dirimen como juicios rápidos, ocurrirá algo similar. El presunto delincuente será asistido por un abogado que esté de guardia, pero si cobra el doble por encima del salario interprofesional deberá correr con los gastos tanto de abogado como de procurador.
Según la versión oficial, el acuerdo busca “coordinar los esfuerzos para la efectividad del derecho constitucional de asistencia jurídica gratuita en los casos legalmente previstos”. Para ello se creará una comisión de seguimiento con representantes de los tres colegios firmantes y de la Administración. La Consejería de Presidencia y Justicia confía en que el 1 de enero de 2011 todos los expedientes de justicia gratuita les sean remitidos a través de esa comisión.
Servicios de guardia y asistencias
Javier Monzón, vicedecano del Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria y portavoz de su Turno de Oficio, explicó a CANARIAS AHORA que “este no es el mejor convenio pero es aceptable”.
La principal queja de Monzón es la drástica reducción de los abogados asignados a las guardias, que pasan de ser 40 profesionales a 28 en los días de diario y tan solo 18 los fines de semana. Cada abogado cobra 416 euros por jornada de guardia de 24 horas. Asimismo, se diferencia entre servicios de guardia y asistencias. Los letrados que realicen más de seis asistencias en una guardia podrán percibir el doble. Nunca se podrá superar ese límite por muchas asistencias que se lleven a cabo.
Además, se entenderá como una única actuación las que se presten en una misma diligencia, aunque la asistencia sea para varias personas.
En cuanto a las asistencias, los abogados podrán cobrarlas cuando no haya suficiente carga de trabajo como para establecer un servicio de guardia. Son los casos de La Palma y Lanzarote. En estos partidos judiciales no habrá Turno de Oficio sino asistencias en los casos específicos de violencia de género.
No es lo mismo Turno de Oficio que justicia gratuita
Para Javier Monzón, si algo bueno tiene el nuevo convenio es que se recalca la diferencia entre asistencia jurídica gratuita y Turno de Oficio. “Se tiende a confundir ambas. El Turno de Oficio lo que garantiza es la asistencia letrada 24 horas al día, pero eso no significa que no se deba pagar. La justicia gratuita es un beneficio constitucional para quienes carecen de medios económicos”.
En los casos de violencia machista, Monzón afirma que la asistencia gratuita se entendía “de facto”, al margen de la capacidad económica de la víctima. Ya no será así y cada Colegio deberá buscar y comprobar por vía telemática la situación laboral y económica de cada víctima para aprobar o no si tiene derecho a un abogado gratis.
Tenerife acatará el convenio mediante una orden
De los cuatro colegios que forman el Consejo Canario de la Abogacía tan solo uno ha quedado fuera de la firma del convenio. Es el de Santa Cruz de Tenerife, cuyo decano Víctor Medina ha declinado hacer declaraciones a este periódico.
Francisco Casimiro, el que fue portavoz de la comisión del Turno de Oficio en esa institución aclaró que “en abril pasado hubo una asamblea extraordinaria en la que los abogados nos negamos a firmar ese convenio. Después no ha habido ninguna nueva convocatoria, no sabemos cuáles son los términos del convenio, ni se nos ha vuelto a preguntar. Sé que hubo una reunión posterior a la que no fui invitado”.
Como las reglas del juego son para los cuatro colegios por igual, el de Santa Cruz de Tenerife deberá asumir el nuevo convenio mediante una orden de la Consejería de Presidencia.
