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El juzgado de Arona tramitó 18.873 expedientes de inmigración en 2006

EN LO QUE VA DE AÑO HA TRAMITADO 400

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El Palacio de Justicia de Arona, en el sur de Tenerife, incoó durante 2006 18.873 expedientes de inmigrantes llegados en cayuco al puerto de Los Cristianos desde África, y en lo que va de año ha tramitado más de 400, informó el juez decano del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Numero 8 de Arona, Nelson Díaz Frías.

Este partido judicial al que Frías define como "complejo" , comprende una población de 150.000 habitantes entre los municipios de Santiago del Teide, Adeje, Guía de Isora y Arona, y dispone del Juzgado de Inmigración, que ha servido de "desahogo" para el resto de los nueve juzgados en activo en un edificio con capacidad para 16, añade el juez.

Estas nuevas dependencias específicas para gestionar la llegada de inmigrantes son únicas en Canarias y "no dejan de ser una medida transitoria hasta el momento en que desaparezca este fenómeno masivo", explica el decano.

En ausencia de este juzgado la llegada de inmigrantes se tramita entre los diversos juzgados de guardia, y en el caso del partido judicial de Granadilla, el segundo que hay en el sur de Tenerife, también se ha tramitado, como en Arona, expedientes de inmigración irregular sin tener unas dependencias específicas para ello.

Nelson Díaz Fríaz cuenta el proceso desde que el inmigrante desembarca en patera hasta que es llevado a un centro de retención.

Cuando llegan a las costas canarias son detenidos por la Policía Nacional a pie de puerto "debido a su entrada ilegal en España conforme a la legislación de Extranjería, que responde a un asunto administrativo", explica el juez, quien añade que "si se supiera quién es la persona que facilita esta entrada se le detendría por un asunto penal", pero en la mayoría de las llegadas no se da el caso.

Así, la Policía Nacional tramita los expedientes por medio del juez para ingresar a los inmigrantes en un centro de retención, pues "la ley española dice que en estos casos, cuando se cree que es un extranjero irregular que no tiene arraigo en España, ni trabajo, ni otro vínculo, permite que la Policía pueda pedir al juez instructor que se retenga a estas personas en dichos centros, para asegurarse luego su extradición", dice Frías.

Por ello, cada inmigrante, que supone incoar un expediente, se pone a disposición judicial y se le acuerda tomar declaración con un abogado y un intérprete.

Así, es el juez el que determina el internamiento o no y "todos los que han llegado a Arona han sido internados y el plazo máximo para permanecer en estos centros es de 40 días" argumenta Díaz Frias.

Agregó que "si en ese tiempo no se ha conseguido su expulsión al extranjero, forzosamente se le tiene que dejar en libertad".

La Policía Nacional "sólo puede tenerlos detenidos un máximo de 72 horas", según el juez decano, y en el caso de los menores, se ponen a disposición de la Fiscalía de Menores.

"A veces hay dudas para determinar su edad porque hay muchas personas analfabetas o que están aconsejados para hacerse pasar por menores".

Por medio de una radiografía en la muñeca el médico forense puede determinar si esa persona es mayor o menor de 18 años, comenta el magistrado.

Aparte de Juzgado de Inmigración, el Palacio de Justicia de Arona dispone de un Juzgado de Violencia Sobre la Mujer donde también se tratan el resto de asuntos civiles.

Éste fue creado en 2005 y durante 2006 tramitó 952 expedientes relacionados con la violencia de género, volumen "bastante alto además de los demás casos civiles", comentó Díaz Frías.

El juez magistrado piensa que también se debería dedicar un juzgado específico sobre violencia de la mujer que recoja también el partido judicial de Granadilla, aunque este tipo de juzgados "sólo son exclusivos en las grandes capitales de provincia", dice Frías.

El partido judicial de Arona es relativamente de reciente creación; funciona desde 1999 y ha sufrido cambios de ubicación.

El último cambio fue en diciembre de 2005 cuando comenzó a realizar su trabajo el nuevo Palacio de Justicia que se inauguró oficialmente en febrero de 2006.

"Tenemos unas instalaciones modernas, adaptadas a las circunstancias en un partido judicial complejo", comenta el juez magistrado del Juzgado número 8.

En cada uno de los juzgados trabajan como mínimo diez uncionarios, un secretario y un juez, y además disponen de fiscalía, forensía y registro civil.

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