Los jueces niegan a la Policía el uso de los calabozos de los nuevos juzgados
La Junta Sectorial de Jueces de Instrucción de Las Palmas ha rechazado por unanimidad la solicitud cursada por el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en Canarias, Valentín Solano, para trasladar el servicio de calabozos a las dependencias del Palacio de Justicia de la capital grancanaria por una temporada, hasta que finalicen en la denominada Supercomisaría las obras para la reparación de las celdas, que se encuentran en un avanzado estado de oxidación.
Solano ha enviado dos escritos al juez decano de Las Palmas, José Antonio Morales, para que acepte este desplazamiento temporal debido al “peligro que supone que los detenidos puedan autolesionarse con restos de metal”, como ya ha ocurrido. Así consta en el segundo de los oficios, fechado el 14 de octubre, cuatro días después de que los jueces de instrucción acordasen en la junta oponerse a esta pretensión del jefe superior de Policía de Canarias.
Morales ha explicado a Canarias Ahora que la utilización simultánea de los calabozos para los detenidos puestos a disposición judicial y los arrestados por la Policía “crea múltiples alteraciones al trabajo diario de los juzgados de instrucción”, los que se verían afectados por el traslado. “Teniendo en cuenta que debe existir una colaboración entre la administración y el poder judicial, en este caso no es posible. Son dependencias judiciales y ante cualquier problema vamos a ser responsables de situaciones que no podemos controlar”, precisa.
El decano de los magistrados de Las Palmas señala que las detenciones policiales “difieren sustancialmente” de las judiciales. En las primeras, “hay que alimentar a los detenidos y custodiarlos las 24 horas del día”, mientras que las segundas están previstas en horario diurno y en el breve lapso de tiempo en el que pasan a disposición del juez. “Los juzgados no reúnen las condiciones y la Policía debe buscar alternativas”, ha sentenciado Morales.
Fuentes policiales consultadas por este periódico han informado que, ante la negativa de los jueces, la Jefatura Superior ha decidido acometer las obras de forma paulatina, cerrando algunas celdas para poder trabajar en ellas y manteniendo abiertas otras para los detenidos.
Según Solano, esta obra está autorizada por los servicios centrales del CNP y el crédito está retenido por la Intervención Territorial de Hacienda para el ejercicio presupuestario de 2014. El jefe superior de Policía en Canarias considera que estas reformas son “muy urgentes y obligadas”. En su escrito al juez decano, incorporó cuatro atestados relativos a lesiones o intentos de lesiones de los detenidos con trozos de metal oxidado, así como de la rotura de los barrotes y fotografías de un trozo de verja desprendido y de barrotes deteriorados.
“Con las pruebas que se acompañan, resulta evidente que no puede garantizarse el derecho a la integridad física de las personas detenidas y tampoco de los propios funcionarios encargados de la custodia, dada la situación de riesgo a la que se ha llegado”, expone Solano, que se comprometía a que los detenidos fueran vigilados en los calabozos judiciales por un mínimo de dos agentes y a cubrir la limpieza diaria de las instalaciones y la manutención de los arrestados con tres comidas al día.
Uso policial sin autorización de los jueces
El escrito de Solano comienza con una disculpa por “los perjuicios ocasionados con anterioridad”. Y es que a principios de 2014, recién inaugurado el edificio, la Policía Nacional utilizó los calabozos del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria sin pedir autorización al Decanato, lo que ocasionó el malestar de los jueces de instrucción, tal y como ha reconocido José Antonio Morales. “Hubo una utilización policial durante dos días sin ni siquiera pedir permisso. Son los jueces de instrucción quienes deben autorizar su autorización puntual. No sé quien se la dio, pero desde luego no quien se la tenía que dar”, concluye.
