Más de 600 menores cumplen actualmente alguna medida judicial en Canarias
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, acompañada del fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Vicente Garrido, y la presidenta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Pilar Parejo, inaguraron este viernes las terceras Jornadas sobre Justicia Juvenil en Canarias que se celebrarán entre este viernes y este sábado en las Palmas de Gran Canaria.
Los más de medio centenar de participantes en estas jornadas abordarán principalmente las cuestiones que afectan a los menores en régimen abierto en cumplimiento de una medida judicial, que en Canarias ascienden a 437. En régimen semiabierto cumplen medidas 126 menores y otros 44 lo hacen en régimen cerrado.
La directora general del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias, Carmen Steinert, explicó que las jornadas abordarán varios programas pioneros en materia educativa de los que se benefician estos menores, como las tutorías y el hecho de que por primera vez puedan obtener títulos académicos en los propios centros.
Steinert destacó que durante el pasado año se dictaron unas 1.800 medidas judiciales a menores, una cifra, dijo, inferior a las de 2006 y 2007 en las que las medidas alcanzaron los dos mil casos. “Algo estaremos haciendo bien todos: jueces, fiscales, educadores y administración para que las cifras hayan descendido”,dijo. También afirmó que en estos momentos no hay saturación en los centros cerrados de menores.
La directora general apeló a la educación y a la reinserción como fórmulas para evitar las reincidencias y reconoció que, pese a lo que pueda pensarse, “la mayoría de los menores con medidas judiciales no vienen de familias desestructuradas” y que la única solución es seguir potenciando la prevención de delitos entre los menores.
Por su parte, el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Vicente Garrido, explicó que las cifras de delincuencia juvenil en las Islas “no son ni más ni menos alarmantes” que en otras comunidades y calificó la Ley del Menor de “buena ley”, aunque apostó por “explotarla al máximo incorporando recursos para la prevención y la reeducación de los menores”. “A más prevención, menos casos”, apostilló.
