Una madre de tres menores de edad se enfrenta a un desahucio impulsado por sus padres
Begoña Pérez vive desde hace siete años con sus tres hijas menores de edad en una vivienda del municipio grancanario de Telde, cuya propiedad pertenece a sus padres. Sin embargo, un giro de los acontecimientos ha hecho que durante la mañana de este lunes haya tenido que acudir a los Juzgados para tratar de evitar un desahucio que, según sus palabras, la dejaría el próximo 26 de febrero en la calle.
Antes de comparecer en un juicio que finalmente quedó aplazado, contó a Canarias Ahora que sus padres, al ser propietarios de varios apartamentos en Fuerteventura y Gran Canaria, le cedieron verbalmente el domicilio de Telde, donde decidió mudarse tras haberse quedado sin trabajo. “Me quedé cobrando 200 euros de pensión alimenticia de mis hijas y me dijeron que, mientras ellos estuviesen vivos, me dejaban la casa”.
“No sé lo que cambió, no hubo discusiones ni nada” afirma sobre el momento en que sus progenitores decidieron cambiar de idea y echarla del domicilio. Asimismo, lamenta que durante todo este tiempo no ha podido encontrar ningún trabajo estable, por lo que ha tenido que recurrir en diversas ocasiones a distintas ONG, como Cáritas.
La última ayuda que recuerda haber pedido a los Servicios Sociales fue un cheque de 192 euros para tres meses que le sirvió para comprar “lo más necesario”. Desde que formó parte de un convenio de seis meses de duración que se llevó a cabo en 2011, no ha vuelto a recibir ninguna llamada del Servicio Canario de Empleo y tampoco ha sabido nada de los talleres en los que se ha apuntado, apostilla.
Tampoco ha tenido más noticias de su solicitud de una vivienda social, lo que arrastra su vida y la de sus hijas de 16, 13 y 11 años a una situación por la que dice plantearse “¿y ahora qué pasa, de qué comemos?”.
Tanto al Asamblea de Parados Apaga y Vámonos, como la plataforma vecinal Telde Responde, acompañaron a Begoña a las puertas de las dependencias judiciales del municipio, donde mostraron carteles como rechazo a la ley de seguridad ciudadana, también denominada como ‘ley mordaza’.
El portavoz de la Asamblea, Armando Suárez, insta al Ayuntamiento de Telde a reaccionar ante este conflicto y mantiene que “lo que no puede hacer es desligarse tan fácilmente, porque hay artículos constitucionales que exigen un domicilio digno para la población”. A juicio de Suárez, el Consistorio debe aplicar una política integral en Vivienda, para que los ciudadanos puedan acceder a las mismas.
Al respecto, precisa que el colectivo mantiene un acuerdo verbal con la Consejería del área del Gobierno de Canarias, que dirige Inés Rojas, por lo que intentarán incluir a la afectada en una lista de viviendas especiales que la Administración regional ha pactado otorgar a través de la obra social de Bankia. “En la última reunión que mantuvimos me dijeron que tenían 50 viviendas repartidas por toda la Isla para este tipo de casos”, apostilla.
Algo que contrasta con la elevada cantidad de peticiones que dice trasladar y que cifra en “decenas” que provienen tan solo de Telde. “A final de mes tenemos una reunión con la consejera en la que expondremos tanto el caso de Begoña, como otros, para que se empiece a dar libertad ya a estas casas”.
El Ayuntamiento “no ha cumplido”
El portavoz de Telde Responde, Arístides Rodríguez, recuerda que la alcaldesa, María del Carmen Castellano, aseguró que en el municipio no existirían más desahucios por motivos económicos e hizo referencia a unas casas sociales que iban a ser cedidas a las personas que fueran expulsadas de sus hogares. “Hasta el día de hoy eso no se ha cumplido, en Telde se sigue desahuciando a la gente y arrojándolos a la calle, lo único que aporta el Ayuntamiento, en algunos casos, es un contrato de un convenio de cuatro meses, lo que no soluciona los problemas familiares de nadie”, apostilla.
Rodríguez manifiesta que los Servicios Sociales municipales no cuentan desde hace años con recursos alimentarios y desvía a los solicitantes de ayuda a la red de solidaridad popular de Jinámar, que son “personas que se han asociado y que solucionan sus problemas”.
Desde el Ayuntamiento no confirman si tienen o no conocimiento del caso de Begoña y remiten a la Consejería regional de Vivienda todo lo relacionado con este aspecto, ya que según dicen, no todos estos casos llegan a los Servicios Sociales municipales.
