Dos millones y medio de euros por convertir una huerta en un vertedero

La fiscal delegada para delitos contra el medioambiente, Inmaculada Violán, y el Gobierno de Canarias reclaman a un vecino de Tacoronte, en Tenerife, nada menos que 2.547.601,10 euros por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, tras haber convertido sus terrenos rústicos con interés paisajístico en un vertedero sin control alguno, en el que durante cerca de 16 años se han depositado sobrantes de obras, chatarras, metales, residuos férricos, plásticos, maderas e incluso restos orgánicos y posibles tóxicos.

Eso es al menos lo que afirmó la fiscal este martes por la mañana durante el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y en el que señaló que la actividad ilícita del acusado se remonta cuando menos a 1990 (año en el que hay constancia de las primeras denuncias de los vecinos) y duró hasta julio de 2006, cuando Seprona consiguió poner fin al negocio del imputado.

Las acusaciones piden además que el responsable de este supuesto “terrorismo” ecológico sea condenado a prisión. La Fiscalía pide 5 años de condena y el Gobierno canario, 6 años, además del pago de una multa millonaria que podría oscilar entre los 13.440 y los 22.215 euros.

De acuerdo con las conclusiones provisionales, Domingo Ramos, de cerca de 70 años, convirtió su huerta, colindante con el Barranco de las Lajas, cercano a un importante bosque de laurisilva, en algo más que una escombrera. Para hacer hueco a la basura, removió con una pala mecánica la tierra vegetal, de tal forma que alteró el curso del barranco.

Los técnicos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural que testificaron este martes estiman que la superficie afectada es de 9.500 metros cuadrados, la extracción de tierra vegetal ha dejado un hueco de 6.300 metros cuadrados, con taludes de entre 5 y 15 metros, y el volumen del material vertido ocupa unos 90.000 metros cúbicos.

Extraer la tierra para ocuparla con deshechos ha perjudicado el territorio y ha dañado los elementos y procesos naturales que tienen lugar en su entorno, recalcó la fiscal. No sólo se ha perjudicado el drenaje del barranco, sino que además, según los técnicos, hay riesgo de avalancha por la cantidad de materiales acumulados.

A 50 euros el vertido

El negocio de Ramos consistía en permitir a todo el que lo necesitara deshacerse de sus residuos y materiales sobrantes, incluidos coches o lavadoras, en ese terreno. A cambio cobraba en torno a 50 euros según la cantidad de basura. Así lo explicó un agente de la Brigada de Calidad Ambiental del Cabildo de Tenerife, quien en noviembre de 1999 fue requerido para acudir al lugar y levantar un acta.

“El acusado nos echó de allí bajo amenazas, ni siquiera pudimos preguntarle el nombre, así que fuimos a la Guardia Civil a interponer una denuncia. Pudimos ver vertidos de todo tipo sin ningún control medioambiental ni sanitario. Se trata de una zona de reforestación muy importante que ha quedado totalmente afectada”, declaró el agente.

Pese a que la Guardia Civil precintó el vertedero, la medida duró poco. Ramos fue acusado dos meses más tarde de desobediencia a la autoridad por haber roto el precinto, levantar dos casetas, y continuar con su trabajo. En 2002, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural dictó una resolución administrativa por la que sancionaba a Ramos con un total de 381.060 euros al tiempo que le instaba a presentar un proyecto para logra la recuperación ambiental de toda la zona, pero, al parecer, Ramos no hizo caso.

La denuncia definitiva, y que el imputado ya no pudo eludir, fue efectuada por Seprona en mayo de 2005 “por la existencia de una cantera de áridos y vertedero de residuos en la parte delantera del restaurante Los Laureles”, del que Domingo Ramos es también propietario. Era en ese bar, según los testigos, donde se abonaba el “uso” de los vertederos. Para acceder a éste último abrió una pista de tierra sin licencia para lo que taló varios árboles.

Posible delito prescrito

Ramos no quiso responder ni a la preguntas de las acusaciones ni a las de su propio abogado, Aldo Pérez Carrillo, quién no negó estos hechos, aunque durante el interrogatorio hizo hincapié en que nadie se molestó en constatar si realmente había vertidos tóxicos al suelo.

Sin embargo, el grueso de su defensa se basó en que Ramos no debía ser juzgado, porque ya había sido sancionado por vía administrativa. “Se está juzgando a mi cliente por segunda vez y por los mismos delitos. Se trata de una duplicidad del procedimiento”, indicó. En cuanto al delito de desobediencia, que se remonta al año 2000, consideró que ya estaba prescrito por tratarse de un delito menor.