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La principal acusada niega los hechos

EXPLOTACIóN SEXUAL EN VECINDARIO

La acusación solicita que indemnicen a las nueve supuestas víctimas de la red con el pago de entre 15.000 y 20.000 euros a cada una.

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La principal acusada del juicio que se sigue contra una supuesta banda afincada en Vecindario (Gran Canaria), dedicada a la explotación sexual de nigerianas, ha negado hoy ante la Audiencia de Las Palmas haber captado a jóvenes de su país para ejercer la prostitución en España.

La Audiencia de Las Palmas, este lunes, durante el inicio del juicio. (EFE/Elvira Urquijo A.)

La Audiencia de Las Palmas, este lunes, durante el inicio del juicio. (EFE/Elvira Urquijo A.)

La acusada, Sonia, de 36 años, nacionalidad nigeriana y conocida como "Mamá Princesa", se enfrenta a 75 años de prisión, según la acusación ejercida por el Ministerio Público contra ella y otros seis supuestos integrantes de la banda, para los que pide de 48 a 2 años de cárcel por delitos de prostitución, contra los derechos de los extranjeros, detención ilegal y asociación ilícita.

Además, la acusación solicita que indemnicen a las nueve supuestas víctimas de la red con el pago de entre 15.000 y 20.000 euros a cada una.

El juicio se ha iniciado después de que la presidenta del tribunal, Pilar Parejo, rechazara que en el proceso se han vulnerado derechos fundamentales de los acusados, si bien ha indicado que a lo largo del juicio se podrá conocer si ha habido irregularidades en las conversaciones intervenidas, como han sostenido los letrados de las defensa, que han pedido la nulidad de la causa y su archivo.

La principal acusada, en su interrogatorio, ha reconocido que se ha dedicado a la prostitución, pero ha negado que mantuviera contactos en su país para traer jóvenes a España con la finalidad de explotarlas sexualmente, ni que entablara negociaciones con ese fin.

La procesada no ha reconocido su voz en las conversaciones telefónicas que le fueron intervenidas y que han sido reproducidas en la sala, en las que supuestamente habla con gentes de su país para traer a una joven de 20 años a España y mantiene una charla con una madre de otra chica a la que decía que el viaje de su hija le iba a costar mucho dinero.

Además, la acusada también ha negado creer en el vudú, una práctica que según la acusación se ejercía sobre las jóvenes para someterlas a la organización, que llegó a dejar embarazadas a algunas de sus supuestas víctimas para garantizar su estancia en España, como sostiene la fiscal Teiseida García.

Los siete procesados, cuatro mujeres y tres hombres con vínculos familiares entre sí, seguían las órdenes de la acusada, según el Ministerio Público, que en su escrito señala que la banda operaba desde al menos 2007 y practicaba el vudú para someter a sus víctimas, a las que captaba con la promesa de encontrar trabajo en España.

Según el escrito de acusación, la organización utilizaba todo tipo de amenazas y violencia física y psíquica para que sus víctimas ejercieran la prostitución en burdeles de la zona de Lugo, en Las Palmas de Gran Canaria, y en calles de Palma de Mallorca, adonde las trasladaban una vez al año.

Así, las mujeres que habían llegado a España con bebés o niños de corta edad, debían dejarlos al cuidado de dos de los acusados en un piso de Madrid, de manera que si no ejercían la prostitución las amenazaban con entregar a sus hijos a las autoridades.

Las jóvenes debían estar disponibles las 24 horas del día para ejercer la prostitución, y debían cobrar por sus servicios entre 20 y 30 euros, pero no podían apropiarse de dinero alguno, puesto que debían pagar la deuda contraída con la organización por posibilitar su viaje a España, cantidad que oscilaba entre los 15.000 y 50.000 euros, según recoge el escrito de acusación.

Además, debían pagar a la organización el alojamiento que les facilitaba, la comida y los pasaportes falsos que les suministraba, así como los gastos de mantenimiento de sus hijos y los billetes de avión si viajaban a Madrid o a Palma de Mallorca.

Las jóvenes captadas estaban en situación de necesidad en Nigeria, preferentemente carecían de educación y viajaban solas hasta algún punto de África desde el que un intermediario les facilitaba la llegada a España, donde además eran obligadas a solicitar asilo político, que les permitía su desplazamiento por el país durante la tramitación de la documentación, según la acusación.

Las chicas, o bien viajaban hasta Marruecos para llegar en patera a las costas españolas, o bien hasta Turquía para continuar viaje hasta Grecia o directamente a París, para después llegar a España.

Las que viajaban en patera, durante su espera en Marruecos, en ocasiones quedaron embarazadas del intermediario para cruzar el estrecho en estado de gestación o con un bebé de pocos meses, con el fin de evitar su expulsión y garantizar su permanencia en España, según el escrito de acusación.

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