El rectorado de la ULL expresa su satisfacción
El Rectorado de la Universidad de La Laguna (ULL) ha mostrado su satisfacción por la retirada, por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canaria, del modelo unilateral de distrito único universitario, toda vez que el proceso seguido para su implantación “se ha manifestado improcedente y sin criterios contrastados, objetivos y trasparentes, lo que hacía inviable un acuerdo sustentado en un consenso previo entre las partes implicadas”.
El rector de la ULL, Eduardo Doménech, manifiesta en un comunicado que “si bien es de sabios rectificar, también es de responsables asumir las consecuencias de los propios actos y no proyectarlas en los demás”. Asimismo, manifiesta su compromiso para entablar un diálogo con su homólogo de la Ulpgc y los responsables de la administración educativa para diseñar un modelo de distrito único “basado en el necesario consenso”.
La Universidad recuerda que preinscribe y matricula, desde hace ya muchos años, con un programa informático denominado 'Universitas XXI', creado por la Oficina de Cooperación Universitaria (OCU), una empresa participada por las universidades que provee a los centros académicos de paquetes informáticos para sus gestiones administrativas, entre otras cuestiones. Señala que es utilizado por el 70% las universidades españolas.
Se trata por tanto de una aplicación “sumamente estandarizada y garantista”, que persigue que el alumno opte en todo momento a la plaza que el estudiante ha designado en primer lugar y, por tanto, se le reserva su puesto y se matricula una sola vez con tal de conseguir este fin, señala la ULL, que considera “sorprende que algunos partidos políticos se hayan atrevido a afirmar, sin ningún criterio objetivo y fundamentado en evidencias, que el sistema que utiliza la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) es más moderno”.
Fuera del eje
La administración indica que “el eje central del problema” no está tanto en la herramienta informática, como en el procedimiento de preinscripción y la correspondiente toma de decisiones que habría que armonizar sobre los procesos de acceso de las dos universidades. En este punto denuncia que la Consejería de Educación “no ha propiciado el oportuno intercambio de pareceres sobre estos aspectos procedimentales”.
Asimismo, recuerda que el director general de Universidades ha afirmado en varias ocasiones que se valoraron los dos modelos, una cuestión de la que dice “no tener conocimiento”- y que se optó por el de la Ulpgc al resultar “más barato”, ya que el de la ULL estaba “externalizado”. La Universidad tinerfeña dice “sorprenderle” dicha afirmación, porque “no es cierto ni lo uno ni lo otro”.
Insiste en que el programa que utiliza fue comprado a OCU y puede hacer pleno uso de él “sin mayor problema”. Señala que es el que usan los funcionarios de esta administración para preinscribir, matricular, emitir actas y demás labores de tipo académico. “Una vez que se ha comprado, como es lógico suponer, no se vuelve a pagar por él, por tanto resulta igualmente rentable, y tampoco está externalizado, ya que lo gestiona el personal de esta casa de estudios” apostilla.
Al margen de cuestiones que califica de meramente técnicas pero sobre las que se ha vertido mucha información desde el desconocimiento, la ULL hace constar su “máximo respeto” a la Ulpgc, con la que dice mantener “excelentes relaciones y con la que el ámbito de colaboración es muy estrecho”.
“No de cualquier manera”
“En ningún momento esta universidad se ha mostrado contraria a la implantación del distrito único, cuestión que facilitaría enormemente el acceso a la enseñanza superior de todos los canarios y simplificaría los procesos de matrícula y preinscripción” asegura, a lo que añade que “sin embargo, esta decisión no puede llevarse a cabo de cualquier manera, sin tener en cuenta a las universidades implicadas, y, sobre todo, desde un posicionamiento unilateral y falto de sentido institucional de quien debiera velar por el necesario equilibrio interuniversitario”.
Denuncia que en lugar de llevar a cabo un modelo de trabajo en el que los responsables de las dos universidades y sus respectivos equipos técnicos hubiesen consensuado un modelo y unos criterios conjuntos, la Consejería de Educación “optó por otorgar todas las perrogativas a una universidad sin que mediara un informe técnico que avalara el porqué de esa decisión ni explicara las mejoras que ello supondría”.
“Lo que no cabe es hacer responsable del fracaso de esta iniciativa ni al rector ni a la Universidad de La Laguna, argumentando posiciones ”pleitistas“ que nada tienen que ver con las verdaderas razones de lo sucedido”, manifiesta.
A juicio del centro docente, la responsabilidad debe recaer en quien promovió una iniciativa que “estuvo mal planteada desde sus inicios y para la cual no se contó con la opinión, el asesoramiento y la participación efectiva de las universidades”.
