Los secretarios judiciales amenazan con ir a la huelga
Los secretarios judiciales de Canarias estudian ir a la huelga, no ya sólo porque, como funcionarios, verán mermados sus sueldos, sino por la aplicación del Real Decreto de Puestos Tipo, que entró en vigor el pasado 4 de mayo. En ese Real Decreto se beneficia a los partidos judiciales en los que ya ha comenzado a implantarse el nuevo modelo de oficina judicial, apenas un centenar en toda España, frente a la gran mayoría del resto de territorio en los que la nueva organización de los juzgados sigue siendo una quimera.
Además de la amenaza de huelga, el Consejo Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) ha recurrido por lo contencioso el Real Decreto “y la bajada de sueldos que conlleva” por considerarlo ilegal.
En Canarias tan solo hay dos proyectos pilotos de la nueva oficina judicial, uno en Arona y otro en Arrecife. La nueva oficina judicial es una nueva organización de los juzgados que nació de un Pacto de Estado entre PSOE y PP a comienzos de siglo, roto en 2003 y que apenas ha avanzado en esta década. El proyecto es crear macrounidades de servicios comunes para cada jurisdicción, con un jefe de oficina (secretario judicial) y unidades de apoyo directo a los jueces y magistrados, con un secretario judicial y no más de cuatro funcionarios de gestión, tramitación y auxilio procesales.
El pasado martes, con motivo de la huelga de funcionarios, el CNSJ celebró asambleas en todos los partidos aunque ningún secretario se sumó a la protesta “por no considerarla lo más apropiado en este momento”. “Nos sentimos doblemente discriminados porque con el nuevo real decreto asumimos más funciones pero se nos rebajan los complementos específicos y de destino, además de la rebaja general a todos los trabajadores públicos”, afirma la vocal delegada María del Carmen Lavers.
Otra queja es que en la nueva organización de la oficina judicial los secretarios judiciales dejarán de dar fe pública en los juicios, lo que se deja en manos de las nuevas tecnologías, para que puedan asumir otras funciones de organización, pero difícilmente lo podrán llevar a cabo si carecen de firma electrónica.
