El suicidio es la principal causa de muerte violenta
El Instituto de Medicina Legal (IML) de Las Palmas ultima un estudio sobre la evolución de los suicidios en la provincia ante la percepción de que se ha producido un incremento, ya que el pasado año fueron la causa de más de la mitad de las 238 muertes violentas registradas en Gran Canaria.
La subdirectora del Instituto, Eva Bajo, informó este viernes de que en las próximas semanas estará concluido este estudio comparativo que parte desde el año 2007, con la finalidad de alertar de estas circunstancias a las autoridades sanitarias, tras constatar un total de 137 suicidios en Gran Canaria durante 2012.
El resto de los fallecimientos violentos en la isla correspondieron a accidentes (93 muertes) y homicidios (8).
Bajo ha hecho estas declaraciones con motivo de la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la directora del IML, María José Meilán, quien ha señalado que aunque no se ha producido en estos últimos años un aumento de la violencia como se esperaba a causa de la crisis, se ha apreciado un repunte en los últimos meses por los datos que manejan la Policía y los juzgados de guardia.
La subdirectora Eva Bajo ha destacado que en estos años de crisis el número de homicidios en Las Palmas se ha mantenido estable, con una media de entre cinco y seis al año, si bien el pasado año la cifra fue de ocho, según la memoria del IML dada a conocer este viernes por sus responsables y por el director general de Justicia del Gobierno canario, Alejandro Parres, quien la ha valorado de “muy positiva”.
Así, el servicio de patología practicó un total de 865 autopsias; el servicio clínico emitió 15.846 informes, de los que 15.515 fueron médicos y 331 psicológicos; mientras que el laboratorio llevó a cabo 6.102 analíticas, de las cuales 6.010 fueron de toxicología y 92 de genética.
En Gran Canaria, en concreto, el Instituto emitió el pasado año un total de 3.867 informes de agresiones físicas, si bien los expedientes derivados de accidentes de tráfico acapararon el mayor porcentaje de dictámenes de sus especialistas en esta isla, con de un total de 6.359.
El servicio de clínica del Instituto en Gran Canaria además elaboró 455 informes psiquiátricos y 367 sobre incapacidades laborales y grado de minusvalía, y otros 129 psicológicos, 99 desde la Unidad de Violencia Integral y 134 en el ámbito familiar.
Del trabajo llevado a cabo por sus psicólogos, Melián ha subrayado que el pasado año se prestó por primera vez por parte de la comunidad autónoma asistencia psicológica judicial, que fue en el “caso Kárate”. Esta labor ha sido reconocida por parte de la asociación creada por sus víctimas.
En cuanto a las 651 autopsias practicadas por el servicio de patología en Gran Canaria, aparte de las 238 muertes detectadas por causas violentas, se concluyó que 391 fueron por causas naturales, de las cuales un 78% obedecieron a motivos cardiacos y el resto a razones digestivas, respiratorias y neurológicas.
Del total de esas autopsias aún quedan por concluir 22 informes en Gran Canaria, según la memoria, que recoge que en las islas de Lanzarote y Fuerteventura se llevaron a cabo 214. De esas muertes, 68 fueron por causas violentas y el resto naturales.
Melián también ha destacado tanto la labor del servicio de Laboratorio de Toxicología, que elaboró un total de 6.010 análisis, como el de Genética, que recibió 94 muestras, 44 procedentes de los juzgados por delitos contra la libertad sexual, 34 sobre filiaciones y 14 remitidas por el servicio de patología forense para identificación.
Además, llevó a cabo 308 determinaciones analíticas, 150 por delitos contra la libertad sexual, 98 filiaciones y 60 identificaciones.
Los médicos forenses de criminalística completaron seis estudios de restos humanos hallados en diferente estado, según Melián, quien ha dicho que el Instituto se está especializando en la antropología forense.
La directora del Instituto ha anunciado la puesta en marcha de un protocolo interinstitucional para mejorar la actuación ante los casos de violencia machista, con el fin de evitar errores ocurridos en el pasado, como cuando se dejaron de examinar muestras de posibles violaciones.
Bajo ha informado también de que se ultima un protocolo de actuación en las pruebas de edad, de manera que se asegurará la intervención de médicos forenses para evitar casos como el del menor que llegó en diciembre en una patera a Lanzarote, y al que primero se determinó que era mayor edad.
El IML prepara además un sistema de actuación para hacer frente a grandes catástrofes en unión con la Dirección General de Emergencias y Seguridad, departamento con el que en 2012 firmó un convenio para asumir el análisis de las sustancias aprehendidas por la Policía Autonómica Canaria.
