Cada trabajador público decidirá cómo recibe sus salarios retenidos
Los sindicatos han elogiado este miércoles la decisión del Gobierno de Canarias de devolver los salarios retenidos a aquellos trabajadores a los que en 2012 redujo jornada y sueldo hasta en un 20 %, pero han recalcado que debe ser cada empleado quien resuelva si acepta o no sus condiciones.
El Ejecutivo regional anunció la semana pasada que devolverá los casi cinco millones de euros que ahorró como consecuencia de esas medida a los 3.473 empleados a los que rebajó entre el 10 % y el 20 % el salario y el suelo durante cuatro meses (de enero a abril), pero a condición de que trabajen a lo largo de 2014 las horas que les fueron recortadas en 2012.
Intersindical Canaria, Sepca, CoBas, CSC, UGT y CCOO han aplaudido el paso dado por el Gobierno, porque lo consideran justo, si bien han recalcado que no creen que este sea un asunto en el que deban intervenir los sindicatos, sino que es materia de una negociación particular de cada empleado con el Ejecutivo.
Sin embargo, ya adelantan que, en su opinión, el Gobierno de Canarias no pude obligar a estos empleados a trabajar más horas en 2014 para recuperar ese dinero, porque la rebaja fue decidida de manera unilateral por la administración.
Además, recuerdan que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya ha examinado el conflicto colectivo abierto sobre esta materia, por lo que se espera que emita una sentencia en cuestión de semanas.
En nombre todas las centrales sindicales, Rafael Rodríguez, de Intersindical Canaria, ha felicitado al Gobierno regional por su decisión y le ha instado a ponerla en práctica de inmediato, de forma que los empleados afectados recuperen cuanto antes el dinero.
Los sindicatos ofrecen además su ayuda para que todos empleados estén informados de las condiciones que plantea el Gobierno, aunque no estén de acuerdo con ellas.
En la práctica, el Ejecutivo demanda al trabajador que quiera recuperar su sueldo que renuncie a cualquier reclamación judicial relacionada con esta materia (casi un millar de los afectados interpusieron demanda en los juzgados de lo Social) y trabaje a lo largo de 2014 las horas que se le quitaron el año pasado.
Los sindicatos consideran que el Gobierno canario no tiene razón en este planteamiento y que la ley asiste a quien reclame ese dinero sin necesidad de trabajar las horas perdidas, pero precisan que en este caso solo emiten una “opinión”, porque entienden que el asunto es materia de acuerdos particulares con cada trabajador.
Los representantes laborales argumentan al respecto que el Gobierno canario no negoció con ellos la medida de recorte de 2012, ni tampoco fueron ellos los que presentaron demanda en los tribunales, por lo que estiman que no deben inmiscuirse en este asunto.
