eldiario.es

Menú

El extraño caso del líder socialista que no sabía contar

El secretario general del PSOE de Tenerife tiene imputados a cuatro miembros de su Ejecutiva y dice que hay sólo uno

La justicia acaba de abrir juicio oral contra el vicesecretario general, Manuel Correa, candidato a la alcaldía de La Victoria; el fiscal le pide año y medio de cárcel

Mientras Fumero defiende la integridad de Ana Guadalupe Mora, con juicio oral abierto por el caso Varadero; ella negocia su ingreso en Nueva Canarias

El TSJC rebaja las euforias a los que, de nuevo, dieron por muerto el caso Unión: habrá otro juicio, y pronto

- PUBLICIDAD -
Manuel Correa cuando fue alcalde tirando un volador conmemorativo. Si lo condenan, tendrá que esperar nueve años para volverlo a intentar. (Foto: Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo/archivo).

Manuel Correa cuando fue alcalde tirando un volador conmemorativo. Si lo condenan, tendrá que esperar nueve años para volverlo a intentar. (Foto: Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo/archivo).

No creíamos que fuera necesario regresar sobre la figura del secretario general del Partido Socialista Canario en Tenerife, Manuel Fumero, que la semana pasada se cubrió de gloria para siempre postulándose como número dos al Parlamento de Canarias sin que nadie le hubiera dado vela en ese entierro. Un puesto, por lo que se ve, muy disputado porque es el único que con seguridad puede convertir en diputado regional a un dirigente macho del PSOE tinerfeño ante la evidencia de que la número uno será una mujer (Patricia Hernández) y la número tres, otra mujer por determinar. Y para de contar, Manolillo, que ninguna encuesta da más de tres. Ante una  realidad así hay que elegir bien para a) no meter en ese lugar a ningún imputado que corra peligro de ser juzgado de manera inminente o en los meses inmediatos a su toma de posesión, y b) elegir a alguno que sepa dar altura a un grupo parlamentario que va a tener un formato súper-reducido en una Cámara en la que se va a exigir sobremanera a los políticos de izquierdas. Con la primera de estas exigencias, el propio Fumero, por mucho que se empeñe y anuncie antes de tiempo su postulación, no puede ser el candidato. Ni lo puede ser el actual jefe de la oficina de la candidata, Nicolás Jorge, imputado por algunas de sus andanzas en el Ayuntamiento de Granadilla. Esta sucesión de desvaríos y de decepciones han conducido a Fumero a salir nuevamente a la palestra (lo hizo este viernes en Diario de Avisos) para proclamar al mundo que ni son tantos los corruptos que ampara bajo su manto y que, en el caso de que algunos lo sean, lo son de menor cuantía. Para concretar un poco, el alcalde de Vilaflor puso como ejemplo a Ana Lupe Mora, consejera de Medio Ambiente en el Cabildo de Tenerife sobre la que ya pesa una apertura de juicio oral precisamente por una prevaricación urbanística en el caso Varadero, de su etapa de concejala de El Rosario. Para Mora pide Fumero clemencia de la dirección federal de su partido, es decir, una excepción a las normas del Código Ético porque, a su entender, la consejera habría prevaricado si, en compañía de los demás concejales imputados, hubiera votado en contra de aquellas licencias. Y en una reducción al absurdo de lo que para muchos políticos de tres al cuarto es la corrupción, Fumero resumió su doctrina con una frase lapidaria: “Abogados tiene el partido para saber desarrollar el Código Ético, que habla de maltrato (sic), enriquecimiento ilícito y corrupción”. Y de muchas cosas, Manolillo, pero eso necesita sentarse un ratito a leerlo.

 

 

 

Año y medio de cárcel para su vicesecretario

Mientras el secretario general de su partido, Pedro Sánchez, toma polémicas decisiones para aligerar de peso las cargadas alforjas del PSOE atreviéndose incluso con cargos públicos y orgánicos de tanta trayectoria como Tomás Gómez, el jefe local de Tenerife enroca a los suyos en las viejas formas que han llevado a su partido a vivir los momentos más bajos de su larga historia. “Ana Lupe Mora seguirá siendo consejera de Medio Ambiente del Cabildo porque así lo quiere el partido”, ha declarado Manuel Fumero en un gesto que le retrata plenamente. Si la señora Mora, que seguramente actuó de la manera que ella misma consideró más justa, tiene abierto juicio oral y eso choca con las exigencias de su partido, o cambia de partido (que es lo que está intentando) o intenta cambiar las normas (lo que a día de hoy parece imposible). Con la consejera negociando con Nueva Canarias su pase a esa formación política, parece de género tonto que su secretario general mantenga ese empeño absurdo de confirmarla en el cargo contra viento y marea. Pero no es esta la única torpeza que evidencia este secretario general. ¿O es ceguera? Él mismo está imputado por un posible delito contra el medio ambiente, lo que debería animarle a retirarse de la primera línea política, y mucho más a renunciar a cualquier apetencia, como la de convertirse en parlamentario regional. Pero la torpeza o la ceguera se convierten en idiocia cuando todo un dirigente de un partido político serio le dice al periodista que, aparte del caso de Ana Lupe Mora, no hay ningún otro compañerito o compañerita en la antesala de un banquillo. En su propio núcleo duro tiene a un vicesecretario general al que en marzo de 2014, hace casi un año, le abrieron juicio oral por prevaricación urbanística. Se trata de Manuel Correa (que no tiene culpa ninguna de tener el mismo apellido del famoso Correa, gürtel en alemán), ex alcalde de La Victoria y candidato a repetir en mayo. El Ministerio Fiscal ha pedido para él y para el promotor que le acompañó en aquella trapisonda, nada menos que un año y medio de prisión y nueve de inhabilitación. Con el Código Ético que Fumero quiere reducir a la consideración de sobre de azúcar con refranero, Correa no solo debería renunciar a ser candidato, sino que hace un año que debió haber sido suspendido de militancia. Y ahí sigue el compañerito.

 

Pero es que hay más

En la misma Ejecutiva de la que el imputado Fumero es secretario general y el acusado Correa es vicesecretario general, se encuentra también la ya mentada Ana Guadalupe Mora, secretaria de Sostenibilidad y Medio Ambiente, acusada de un delito urbanístico en El Rosario . Y el alcalde de Granadilla, Jaime González Cejas, al que ya le han abierto procedimiento abreviado (el equivalente a apertura de juicio oral) por prevaricación durante su comportamiento en varios mandatos al frente de ese Ayuntamiento. Pero hay más, aunque no lo quiera ver el secretario general del PSOE: José Gumersindo García, alcalde de Candelaria, es carne de banquillo por adjudicar a dedo la construcción de un campo de fútbol sin concurso por encima del límite de 60.000 euros que fija la ley. García y el actual alcalde de Icod de los Vinos, Juan José Dorta, también imputado por prevaricación, ya han anunciado que se retiran antes de que los retiren a la fuerza. Ambos han alegado razones de tipo personal. Pero seguimos, y sin movernos de Tenerife, con el primer teniente de alcalde de Santa Úrsula, Víctor Manuel Hernández, imputado junto a la alcaldesa, Milagros Pérez, del PP, por enchufar a destajo a una veintena de primos, sobrinos y demás familia política. O Fidela Velázquez, ex alcaldesa de San Juan de la Rambla, apartada del cargo en 2013 tras una censura encabezada por el PP, que fue denunciada por la Fiscalía en 2014 por prevaricación y malversación de caudales públicos. A Velázquez le acompañan en el trance penal los concejales Cayetano Silva y Víctor Manuel García. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

 

Desafueros en el caso Unión

Ha tenido que salir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a pedir calma y a rebajar las euforias injustificadamente levantadas en torno a un auto de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas sobre el caso Unión. Los queridísimos colegas empeñados en cargarse esa causa para que la impunidad convierta en héroes a los villanos, habían llegado a especular sin recato con que la admisión de determinadas pruebas solicitadas por el principal encartado, el empresario Luis Lleó, había desmontado de facto la apertura de juicio oral ya decretada por la actual juez instructora, Silvia Muñoz. Se trata del núcleo central del caso Unión, el intento de soborno del consejero del Cabildo Carlos Espino que maquinó Lleó a través de su testaferro Fernando Becerra. La Audiencia Provincial, en un auto que traerá mucha cola, ha aceptado que la juez incorpore al sumario en calidad de pruebas unos certificados emitidos por la secretaria de Gobierno del TSJC, María Eugenia Calamita, en los que sorprendentemente se relatan los periodos de vacaciones y de asuntos propios de los que teóricamente disfrutaron el primer instructor del caso Unión, César Romero Pamparacuatro, y el secretario del juzgado, José Ramón Vera Machín, así como los de la fiscalía sobre iguales consideraciones personales del fiscal Ignacio Stampa. Y decimos “sorprendentemente” porque esos certificados sobre cuestiones personales del juez, del secretario y del fiscal no se expiden a petición de la jueza instructora, sino del acusado Luis Lleó, y sin que en ellos se limite ni su uso ni su alcance, lo que podría hacer las delicias mañana mismo de cualquier instructor de la Agencia de Protección de Datos. Más sorprendente resulta que alguien pueda concluir que el hecho teórico, pero que muy teórico, de que un juez esté de días libres por vacaciones o asuntos propios le impida firmar un auto o dieciséis. Un detalle insignificante que, unido a otros muchos que vemos volar en forma de burros panzudos, deberían aconsejar al Poder Judicial a hacer pasar por un juzgado de instrucción a algunos magistrados de la Audiencia que han de entender sobre sus asuntos. Y a algunos periodistas a no confundir sus deseos con la realidad: que se incorporen como pruebas unos certificados no obliga a la práctica de nuevas pruebas, ni a que se anulen fianzas o autos de apertura de juicio oral. Son pruebas que incluso podrían resultar invalidadas llegado el momento procesal oportuno. Por cierto, recordemos que Fernando Becerra, el testaferro de Lleó, se ha confirmado con año y medio de cárcel tras admitir que trató de sobornar al político en nombre del empresario. Para Lleó, la fiscalía pide seis años de cárcel por un delito continuado de cohecho, que a veces el ruido no nos deja escuchar la sinfonía.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha