Ahora, la réplica

Pero el carpetazo al caso Tindaya no sólo nos dejará a todos con las ganas de saber exactamente qué fue lo que pasó. También puede dar lugar a acciones penales de algunas de las personas que han sido denunciadas por el Gobierno. Estamos casi seguros de que Rafael Bittini, de la empresa Cabo Verde, S.A., propietaria de los derechos mineros de la montaña y beneficiado con la expropiación y posterior venta de esos derechos, interpondrá querellas y exigirá daños y perjuicios. Otros, como Olarte, deben estar ahora mismo deshojando la margarita para exigir explicaciones políticas y alguna responsabilidad penal. Sabemos de dos personas a las que el ex presidente se la tiene jurada: Pedro Quevedo, por afirmar que Olarte mintió cuando declaró ante el juez como testigo, y José Manuel Soria, que deberá explicar qué hacía en el Consejo de Gobierno a las dos de la mañana para decidir la querella ahora archivada.