Carlos Sánchez, en el disparadero

Y ya que hablamos del Cabildo de Gran Canaria, hagamos una breve mención a la embarazosa situación en la que ha quedado el consejero de Obras Públicas (dios nos libre y guarde) y portavoz del PP en la Corporación, el siempre polémico Carlos Sánchez. Como les adelantamos el pasado día 2, el consejero maniobró de manera infumable para que un amigo suyo, el ingeniero de Caminos Huber Lang-Lenton, fuera el adjudicatario de tres concursos referidos a los vertederos de Salto del Negro y Juan Grande. Cogido en el renuncio, la empresa perjudicada de tamaño abuso de poder se atrevió a hacer lo que pocas hacen, contar lo ocurrido y ponerlo negro sobre blanco a través del Registro de Entrada, lo que acabó, como es menester, en los Servicios Jurídicos de la Corporación. El resultado es el que hemos publicado este miércoles, que la adjudicación debió ser desde el principio para MI3, que era lo que recomendaban los técnicos. Repuesta la legalidad vigente y desenmascarada la obscena operación, la cosa no debería quedarse ahí, porque los mismísimos letrados insulares han dejado en evidencia lo ocurrido, lo que en rigor debería dar lugar a una actuación del propio Cabildo poniendo en manos de la autoridad judicial los hechos, por si fueran o fuesen constitutivos de delito. Hemos hablado con la empresa MI3, que hubiera resultado perjudicada de prevalecer la alcaldada, y nos ha dicho que apartemos de ella ese cáliz, que no piensan denunciar porque lo suyo es trabajarse el contrato que finalmente se les ha concedido. Pero su representante añadió una frase ciertamente esperanzadora: “Somos ciudadanos responsables, y si nos llaman a declarar alguna vez ratificaremos lo que hemos dicho y contaremos lo que tengamos que contar”. En un lapso de tiempo bastante corto, los Servicios Jurídicos del Cabildo se han anotado dos actuaciones de relevancia pública ciertamente notables: el dictamen sobre la protección del oasis de Maspalomas y el despelote integral del consejero Carlos Sánchez. Falta por saber si requerirá a la autoridad política para que ponga la actuación de este consejero en manos del juzgado de guardia. O si lo hará de oficio, en cumplimiento de la legalidad vigente.