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Cuadernos del Albagate / Doreste echa a Rosell de la instrucción

En un sorprendente auto, la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, actuando como ponente su presidente, Antonio Doreste, accede a la petición del magistrado Salvador Alba y del fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido

A partir de este momento, el futuro acusatorio del magistrado corrupto queda en las exclusivas manos de la Fiscalía, que tiene que proteger a una de sus arietes contra Rosell, Evengelina Ríos

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste.(ALEJANDRO RAMOS)

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste.(ALEJANDRO RAMOS)

Vayan por delante tres hechos incontrovertibles:

1) Conversación entre Salvador Alba y Miguel Ángel Ramírez. 13 de marzo de 2016. Despacho de Alba en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Minuto 00:39:50:

Salvador Alba: Pero yo he pedido, por si no, la comisión de servicios por el tiempo estrictamente necesario para terminar con la instrucción...
Miguel Ángel Ramírez: ¿Y quién te tiene que dar esto? ¿Doreste?
Salvador Alba: Sí.

Miguel Ángel Ramírez: ¿Y Doreste te lo va a dar?
Salvador Alba: Lo va a dar, lo va a dar. Si, incluso va a llamar a Madrid a ver qué mecanismo es el más rápido para hacer esto y tal. Yo eso se lo dije ayer por la tarde, espero que mañana me dé...
Miguel Ángel Ramírez: ¿Le vas a dar cuenta a Doreste de esta conversación?
Salvador Alba: Por supuesto, yo le doy cuenta de todo. Entonces, eh, ¿qué que te iba a decir?, coño... Vale, en el supuesto de que no se se termine la instrucción en ese mes y medio que queda, que yo creo que sí...

2) Martes 15 de noviembre de 2015.

Noticia en Confilegal firmada por su director, Carlos Berbell:

“El magistrado Alba informó al CGPJ de su reunión con Ramírez 7 días antes de que el empresario entregara la grabación”

“El magistrado Salvador Alba informó, el 4 de mayo de 2016, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, sobre la reunión que había mantenido en su despacho con el empresario, Miguel Ángel Ramírez, el 16 de marzo”.

  3) Auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 11 de noviembre de 2016, notificado a las partes el 14 de noviembre de 2015 y remitido a los medios de comunicación vía correo electrónico la mañana del 15 de noviembre.

 “LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL T.S.J. ACUERDA: Estimar en parte el recurso interpuesto por el Excmo. Sr. Fiscal Superior y por la representación procesal del Ilmo. Sr. D. Salvador Alba Mesa y revocar, en parte, el Auto de la Ilma. Sra. Magistrada Instructora de este Tribunal, dictado en fecha 20-7-16, en el sentido de vedar a la parte personada, la representación procesal de la Ilma. Sra. Dª María Victoria Rosell Aguilar, el ejercicio de la acción penal en las Diligencias Previas 10/16, manteniéndose su personación en el ejercicio de la acción civil”.

Salvador Alba dice a su interlocutor, Miguel Ángel Ramírez, que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias está al corriente de la operación para tumbar a Victoria Rosell, que él lo tiene al corriente de todo y que hasta le ha pedido que le consiga una comisión de servicio para acabar la instrucción que se sigue en el juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria contra el empresario por fraude fiscal aunque sea sustituido. Doreste es quien firma el destino de Alba a aquel juzgado en octubre de 2015.

No está en absoluto confirmado que el presidente del TSJC estuviera al tanto del complot, y desde luego no consiguió la pretendida comisión de servicio. Pero desde luego parece más que evidente que la contaminación le ha alcanzado de pleno, lo que no parece haber sido obstáculo para ejercer de ponente en un auto que desde que se conoció la mañana de este martes tiene asombrados al foro y a los expertos jurídicos interesados en la materia: Victoria Rosell no podrá seguir ejerciendo como acusación particular en un caso en el que todos los delitos que se cometieron (o presuntamente se cometieron, seamos comedidos) estaban encaminados a perjudicarla, a sacarla de la carrera política y a acabar con su carrera profesional como jueza. Esto no parece muy discutible.

El TSJC ha dado la razón en esta materia al investigado, Salvador Alba, que no quiere ni por asomo que la magistrada Rosell esté por los alrededores pidiendo que se practiquen determinadas pruebas, proponiendo que acuda a declara tal o cual testigo. Muy razonable la postura de Alba si se tiene en cuenta la avalancha de pruebas que pesan sobre él. Lo peor no es eso, lo peor es que a las pretensiones del investigado se unió -con éxito, como ha quedado visto- el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, quien precisamente 24 horas antes de que se conociera el auto ponía cara de compungido ante la Comisión de Gobernación y Justicia del Parlamento de Canarias para clamar por el buen comportamiento del Ministerio Público en este asunto.

La Fiscalía asumirá desde ahora en solitario la tarea acusatoria y de investigación del Albagate, lo que probablemente venga de perlas a su máximo responsable para proteger de cualquier tipo de inclemencia a su subordinada la fiscala Evangelina Ríos, que se prestó solícita a ejecutar la declaración de Miguel Ángel Ramírez (23 de marzo) pactada previamente entre éste y Alba en la que no se abordó ninguna cuestión relacionada con el procedimiento objeto de la comparecencia.

Alba no está solo, eso parece innegable. Y la solución que para él están diseñando parece contar con algunos personas distintas a su abogado.

Miren si no la pieza periodística que publicó para él en día tan señalado el director de Confilegal, Carlos Berbell, que este mismo martes divulgaba algo ya conocido: que Alba había informado de su reunión con Ramírez al presidente del TSJC y al Consejo General del Poder Judicial. De ser cierto tal informe, a tenor de lo leído cabe resaltar algunos aspectos muy relevantes:

1) Alba informa al presidente del TSJC y al Consejo General del Poder Judicial el 4 de mayo de 2016, es decir, un día después de abandonar de improviso Instrucción 8, al que se había incorporado su sustituta, Carla Vallejo, el primer día que marcaba el calendario de toma de posesión. Alba debió recibir un soplo acerca de la existencia de una grabación que le comprometía y decidió anticiparse.

2) En esos presuntos informes Alba miente, como es habitual: las distintas pruebas acumuladas demuestran que la reunión no fue espontánea, como sostiene, sino planificada con uno de los abogados de Ramírez. Tanto es así que Alba en persona es quien ordena al jefe de seguridad del edificio que dejen entrar al empresario por el garaje y lo conduzcan por el circuito restringido a su despacho. Alba no conocía, en el momento de emitir esos supuestos informes, que iba a ser grabado, y que en la grabación queda patente que no hubo espontaneidad ninguna.

3) Alba tarda más de mes y medio en emitir ese informe (del 13 de marzo al 4 de mayo) lo que no muestra la celeridad con la que presume haber actuado siempre en ese juzgado.

La Sala de Gobierno se pronuncia: espantada generalizada.

Con el ambiente caldeado y 24 horas después de que la Junta General de Jueces del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria mostrara su indignación, su consternación por el Albagate, y su reproche a las autoridades judiciales por su ausencia de respuesta, se reúne la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para producir el que debía ser el primero de sus pronunciamientos desde que, el 11 de mayo, se conociera el escándalo de la conversación entre Alba y Ramírez y la posterior declaración de este último ante el magistrado ahora objeto de investigación.

La reunión sólo sirvió para demostrar que no hay interés alguno de la mayoría de los miembros de ese órgano por pronunciarse. A las “justificadas ausencias” de cinco magistrados se unió la de la a todas luces razonable abstención por la vía del abandono de la reunión de otros tres: Antonio Doreste y César García-Otero, por ser miembros de la Sala de lo Penal que ha de conocer el caso, y de Emilio Moya, que aparece grabado en los audios de Miguel Ángel Ramírez y en los que, ya este mes de octubre, realiza Salvador Alba en las dependencias judiciales.

Por lo tanto, el órgano gubernativo de los jueces de Canarias sigue sin pronunciarse sobre el Albagate. Doreste lo ha hecho solo a través de un auto. De momento.

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