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Elogio de Eligio a la impunidad

En su afán por evitarle la cárcel a la presidenta del PP de Fuerteventura, el fallido fiscal general del Estado arremete contra los que denuncian la corrupción

El juicio del caso Patronato confirma que el Partido Popular echa a los leones a los militantes de menor graduación para salvar de la quema a sus prebostes

Decretos de saldo en La Laguna: el alcalde entrega a la oposición de una tacada 1.200 decretos firmados por Fernando Clavijo entre noviembre y diciembre de 2013

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El abogado Eligio Hernández.(ALEJANDRO RAMOS)

El abogado Eligio Hernández.(ALEJANDRO RAMOS)

Nada desmoraliza más a una ciudadanía harta de casos de corrupción que la impunidad. La impunidad porque llamativos escándalos no llegan ni siquiera a denunciarse, y mucho menos a perseguirse de oficio; impunidad porque a veces, cuando se denuncian, se archivan por prescripción o cualquier otro defecto formal que hábiles abogados detectan; impunidad por las absoluciones o por los indultos. Impunidad por el silencio cobarde que durante años mantuvo gran parte de la prensa. A Francisco Camps, es verdad, lo absolvió un jurado popular de Valencia por el famoso asunto de los trajes que le regalaba la trama Gürtel, pero hasta esa resolución generó indignación entre la gente ante las evidencias. Escuchar a un ex fiscal general del Estado en estrados bramando en favor de la impunidad es desmoralizante. Fue lo que, en resumen, hizo este viernes Eligio Hernández en su alegato final en defensa de la presidenta del Partido Popular de Fuerteventura, Águeda Montelongo, acusada de haber utilizado fondos públicos para costear los viajes a la isla de líderes nacionales y regionales invitados a actos orgánicos. Es impepinable el derecho de la señora Montelongo a elegir al abogado que desee para su defensa jurídica, y también el de Eligio Hernández para aceptar, por petición de su paisano herreño Manolo Fernández, a una clienta acusada de corrupción. Ambos sabían lo que buscaban y a lo que se arriesgaban. El ex fiscal general del Estado, a que pudiera llamar la atención que un histórico socialista, que en otro tiempo clamó por las esquinas contra la corrupción de su propio partido, se preste a defender a una líder del principal partido de la derecha española en un caso así. A que pudiera insinuarse que su admirado Juan Negrín, de cuya fundación es vicepresidente, se retorciera en su tumba ante un espectáculo como el que dio ayer en estrados. Ella, su clienta, a que su letrado convirtiera su alegato final en un mitin político contra los políticos y contra los medios de comunicación y en una peligrosa defensa de la impunidad que al tribunal –o al menos a la parte seria del tribunal- le pueda oler a cuerno quemado. ¿Por 1.400 euros va a poner mi clienta en peligro su libertad?, vino a decir el letrado de El Pinar en el cénit de su intervención. No desvió millones como Bárcenas, ni se llevó el dinero de los fondos reservados como hizo Roldán. Sólo se ha probado que se birlaron 1.400 euros de fondos públicos, ¿vamos por eso a frustrar la prometedora carrera política de la clienta de Eligio Hernández?

 

 

Denunciar es de cobardes

¿Denunciar la corrupción? Eso es de cobardes y de resentidos. Ese viene a ser el mensaje que extendió el famoso letrado herreño a lo largo y ancho de la sala de vistas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias minutos antes de que el presidente declarara el juicio visto para sentencia. Su viejo mantra de que algunos utilizan la justicia como arma arrojadiza, lo aplicó a esta causa Eligio Hernández de modo bastante desafortunado. El denunciante quería venganza, y por eso actuó así, como si el detonante de la instrucción sobre el caso Patronato –instrucción que, por supuesto, tachó de “heterodoxa y errática”- quedara invalidado por los deseos de venganza política que pudiera tener el ex consejero cabildicio Guillermo Concepción al presentarse en los juzgados con las pruebas que había previamente publicado Canarias Ahora. Según la doctrina Eligio, cualquiera que tenga conocimiento de una malversación o de la falsificación de documentos públicos para robar al erario público, lo primero que tiene que hacer es reclamar a la institución correspondiente una comisión interna de investigación y, en el caso de que en ella se detectaran irregularidades, acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para arreglarlo. Es imposible mayor grado de cinismo. Sostener que una comisión política de investigación pueda conducir a algo que no sea tirar más dinero público es una tomadura de pelo al tribunal y a los ciudadanos que no debería permitirse un personaje de la trayectoria humana, profesional y política dela talla de Eligio Hernández. Pero pretender que asuntos penales (malversación y falsedad en documento público) se resuelvan en la vía contencioso-administrativa, con el demandante depositando sus correspondientes tasas y pagando sus abogado y procurador alcanza ya el grado de suprema soplapollez, por no decir de aberración jurídica. “Los que desacreditan a la política son los que denuncian” a los políticos, soltó sin vaselina de ningún tipo el letrado defensor de Águeda Montelongo en otra vuelta de tuerca más hacia la canonización de la impunidad y de la corrupción. Porque quien denuncia –atención a la reflexión- lo que quiere es utilizar esa acción para montar un juicio paralelo que utilizar como arma arrojadiza contra la persona denunciada. Se olvida el ilustre ex magistrado, ex fiscal general, ex gobernador civil… que existe el delito de denuncia falsa y que muy pocas veces una denuncia por corrupción que no tenga un mínimo de consistencia llega a juicio. Más bien al contrario: armar una denuncia por corrupción que sea admitida a trámite con una instrucción que camine requiere un buen cúmulo de pruebas, como las que operaban en contra de la clienta del señor Hernández en el presente caso.

 

Haber dimitido

Eligio Hernández, como siempre, acabó enredándose este viernes en la tupida maraña que él mismo fue tejiendo durante los 45 minutos de su intervención. Calificó de “juicio mediático” el resultado de las indagaciones y publicaciones de Canarias Ahora sobre el caso Patronato previas a la denuncia de Guillermo Concepción. Unas piezas periodísticas irreprochables basadas en documentos del Patronato de Turismo por las que no recibimos ni siquiera una nota de rectificación o matización de la afectada, ni por supuesto una demanda judicial de cualquier tipo. Desde el principio, y sólo tras ser descubiertos por este periódico, los políticos responsables del desaguisado en el Patronato de Turismo dijeron que se trató de un error y que las cantidades serían devueltas. Porque los sorprendimos, debemos decir, y porque probamos lo que finalmente ha llegado a juicio, porque nadie salvo los acusados está en condiciones de asegurar que no haya habido más desafueros como los que constan en el sumario. El “juicio paralelo” que a juicio de Eligio Hernández sufrió la señora Montelongo, le ha supuesto un sufrimiento “atroz” y un “estigma de deshonor aunque quede absuelta”, como si las consecuencias de un comportamiento como mínimo políticamente reprobable pudieran ser responsabilidad del medio que lo publica. Todo fue “un error material” y “como todos los errores materiales, se devuelve el dinero y ya está”. Es decir, si te trincan mamando (y falsificando documentos públicos para mamar), dices que fue un error material, devuelves el dinero y a otra cosa. Y si así y todo terminas sentándote ante un tribunal, búscate un abogado que diga que tú no ibas a poner en peligro tu carrera política y tu libertad por 1.400 míseros euros y que, con “cantidades tan bajas”, ¿cómo ibas a ponerte a tiro de “unos sabuesos” que te estaban esperando? Si “fue un error” es porque los pagos y las falsificaciones  efectivamente se produjeron, luego los hechos son incontrovertibles. Para asumir las responsabilidades políticas de ese “error” y evitarse ese linchamiento mediático que denunció tanto Eligio Hernández como la acusada, quizás debió ésta haber dimitido al tiempo de reconocer los hechos. Como hizo su letrado minutos antes de que el Supremo declarara nulo su nombramiento como fiscal general del Estado al no reunir los requisitos exigidos como jurista de reconocido prestigio.

 

Decretos de saldo en La Laguna

Nadie ha logrado ofrecer una razón jurídica consistente para explicar que el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, haya aprovechado el pleno de este mes para endilgar a los concejales de la oposición la nada despreciable cantidad de 1.200 decretos de su antecesor, Fernando Clavijo, hoy presidente del Gobierno, dentro del epígrafe del orden del día “Dación de cuentas”. Y olé, añadimos nosotros. Esa pléyade de resoluciones unipersonales corresponden a los dos últimos meses de 2013, repetimos, los dos últimos meses de 2013, lo que ha hecho encenderse una lucecita de intriga a algunos miembros de la oposición y a ningún avezado periodista experto en información municipal tinerfeña. Es norma que las cosas raras de La Laguna nazcan y mueran exactamente al mismo instante porque el Ayuntamiento de la ciudad tiene convenientemente engrasada la maquinaria de propaganda y contrapropaganda para que en ningún sitio aparezca nada que pueda salirse de lo bonita y resplandeciente que está. Los meses de noviembre y diciembre, y particularmente este último, suelen ser en las Corporaciones momentos de mucha tensión presupuestaria, cuando se agotan plazos y presupuestos y cuando hay que cerrar las cuentas para que nada se salga de la normalidad jurídica. El ex alcalde de La Laguna firmó entre noviembre y diciembre 1.200 decretos, muchos de ellos imponiendo su decreto sobre el del interventor municipal (lo que se llama salvar reparos de la Intervención) y la inmensa mayoría haciendo modificaciones del capítulo 2, que en La Laguna alcanza la importante cantidad de 60 millones de euros sobre un total del presupuesto de 140. Pues bien, ese tocho fue el que la oposición lagunera se negó a digerir en el tiempo que imponía el señor alcalde, por los cuatro grupos que la conforman firmaron un escrito reclamando de la autoridad que se dejara la cuestión sobre la mesa para mejor proveer. Díaz, con el apoyo de su socio socialista (el mismo que estaba con Clavijo en los menesteres que ahora relatamos) optó por mandar a tomar viento a sus opositores y dio por presentadas y bendecidas las cuentas. Y a otra cosa, mariposa.

 

1,6 millones el 30 de diciembre

Que un Ayuntamiento tarde veinte meses en ofrecer al órgano de control de la mayoría gobernante, es decir, al pleno de la Corporación, los decretos de un alcalde dice bien poco de la agilidad y de las ansias de transparencia de quien gobierna. Casi dos años después de tomadas las decisiones resulta marciano pretender que pueda aplicarse cualquier tipo de fiscalización política sobre ellas y mucho menos –en el caso de que fuera necesario- ejercer el derecho del recurso contencioso-administrativo si alguien pudiera o pudiese considerar lesivo para el interés público alguno de esos decretos. Una fiscalización que, de haberse producido, no sólo podía haber afectado al alcalde de entonces, Fernando Clavijo, sino también al que ejercía de secretario de la Corporación, Ceferino Marrero, al que todo el mundo señala en La Laguna como autor intelectual de esta estrategia de firma los decretos y corre. Marrero es, desde que Clavijo ejerce como presidente de Canarias, el jefe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, con rango de viceconsjero del Gobierno. De esos 1.200 decretos legados para la posteridad, la oposición empieza a llamar la atención sobre algunos que destacan por méritos propios. Por ejemplo, los dos de modificaciones de crédito que se firmaron in extremis el 30 de diciembre de 2013. Uno suma 1.100.000 euros y el otro 499.000, lo que suma, a falta de mil euros, 1.600.000 de una tacada. Para el análisis en profundidad quedarán las decenas de decretos que evidencian el pago a la misma persona física a través de distintas personas jurídicas, particularmente por servicios de ornato, brillo y esplendor publicitario. Y para la anécdota, los 100.000 euros que se aflojaron para que FCC hiciera el “mantenimiento” de Mesa Mota, el viejo tiro de pichón que dio lugar a un soberbio edificio de 4 millones de euros que Ana Oramas quiso convertir en centro deportivo de alto rendimiento, en instituto para la investigación de la Macaronesia, en centro de congresos para la Universidad de La Laguna, en centro de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, en Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, en centro de Cáritas o de Cruz Roja, incluso en sede de los Scouts o de un geriátrico de San Juan de Dios. Ahora presenta un lamentable estado de deterioro, tapiado y sufriendo para evitar ataques vandálicos.

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Para evitar que se extienda la impunidad que defiende Eligio Hernández en una causa que destapó este periódico o la opacidad que demuestra el grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna (CC-PSOE), apoya el periodismo libre que ejercemos en Canarias Ahora. Suscríbete aquí.

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