Con la Fiscalía de por medio

El denunciante, un cacereño funcionario público, ha conseguido su propósito de paralizar la actividad en El Cortijo porque, además de sus denuncias ante el Ayuntamiento, se ha dirigido al Ministerio Fiscal, que ya ha pedido al Consistorio que le explique qué medidas ha tomado para hacer caso al denunciante. Pero como ya se sabe cómo funciona el departamento de don Guillermo Reyes, allí no hay nadie que mueva un papel que no produzca algún rendimiento serio, y el único que se ha tramitado es el de cierre de las instalaciones. Ni expediente, ni audiencia a los perjudicados, ni inspecciones objetivas, ni audímetro, ni tramitación de la licencia de apertura. O sea, una inseguridad jurídica para vecinos y empresarios que es para echarse a temblar. El fiscal tiene para entretenerse un rato. Si quiere, claro.