Inútiles idas y venidas a los juzgados

Desgraciadamente para los intereses de Fuerteventura y de toda Canarias, los sucesivos pleitos judiciales que han adornado el sinuoso peregrinar del proyecto artístico de Tindaya han acabado en nada. Y no porque no quedara demostrado que el Gobierno de Canarias llegó a tirar a la basura más de 12 millones de euros en puro humo, sino porque, como muy bien indicaba una sentencia de la jurisdicción civil del año 2008, las cantidades así dilapidadas lo fueron por una empresa pública de cuyas gestiones tenía cumplido conocimiento el Ejecutivo regional. Tras esa sucesión de desaguisados, al Gobierno no se le ocurrió mejor cosa que contratar a una costosísima agencia de comunicación que intentara lavar la cara a una iniciativa artística que, pudiendo ser ventajosa para el desarrollo y la diversificación turística de Fuerteventura, la propia institución había empuercado hasta límites vergonzosos. El propósito no se alcanzó, pero al menos se consiguió que en la legislatura anterior (2003-2007) se culminaran con éxito los trabajos de prospección técnica de la montaña, llevados a cabo por Estudios Guadiana, la firma que dirige el hijo de uno de los impulsores de la iniciativa, el también desaparecido José Antonio Fernández Ordóñez.