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El blog de Carlos Sosa, director de Canarias Ahora

La Ley Clavijo y el gol de Iniesta

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, conversa con la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto.

Carlos Sosa

El populismo es lo que hace Podemos. Personalidades de Coalición Canaria como Fernando Clavijo o Ana Oramas ejercen de políticos de orden, de los que se visten por los pies y atienden a todas las convenciones. Por eso la diputada número 175 del Partido Popular presumió este miércoles en Antena 3 Televisión de la felpa que le metió la semana pasada a Pablo Iglesias en el debate de la fallida moción de censura: “Un amigo me dijo que mi intervención fue como el gol de Iniesta, hice felices a 30 millones de españoles”. Y añadió: “Le debí dar en el hígado al líder de Podemos porque siguen las amenazas en Twitter, aunque me quedo con el cariño de la gente en la calle de todas las ideologías. El populismo, sin duda, no es el suyo.

En lo puramente doméstico, el presidente Fernando Clavijo, del mismo partido que la diputada 175 del Partido Popular, consiguió este miércoles meter su gol y cumplir con lo que nos venía amenazando desde principios de esta legislatura: sacar adelante una Ley del Suelo a gusto y satisfacción de los empresarios promotores y constructores que aligere la burocracia y permita todo tipo de arbitrariedades con apariencia de legalidad. Que los empresarios vuelvan a sentir que se les hace caso desde el poder político de la autonomía, que mandan como en los tiempos más gloriosos, que se note dónde está el orden y dónde la anarquía. Ahora estarán aplaudiendo al presidente como hicieron 30 millones de españoles con el gol de Iniesta.

La Ley Clavijo detonó ayer el pistoletazo de salida de los futuros casos de corrupción urbanística de las Islas Canarias, mayormente localizados en los ayuntamientos, a los que como principio de prevención primordial se les había alejado hasta ahora de la decisión urbanística sin mecanismos superiores de control de legalidad. Los alcaldes y alcaldesas tendrán a partir de ya la potestad de planeamiento y de autorización de grandes inversiones con la mera decisión de declararlas de interés singular, es decir, que generen riqueza, puestos de trabajo y sean operaciones estrella. Auditorios, parques temáticos, rascacielos, polideportivos, grandes marinas, campos de golf, piscinas olímpicas, picaderos, acérquense con sus propuestas, que el señor alcalde quiere recaudar.

El revestimiento de protección de los espacios naturales protegidos, de potenciación del sector primario y de desarrollo sostenible con el que se ha querido presentar esta ley solo encierra una invitación a la devastación que ha sido destacada por prestigiosos colectivos de urbanistas, ecologistas, geólogos, geógrafos y expertos de otras disciplinas agrupados bajo el eslogan de “Canarias no es un solar”. Colectivos, científicos y profesionales a los que el Gobierno y los grupos parlamentarios que han apoyado la Ley Clavijo han dado la espalda olímpicamente en la creencia de que bastaría con los 33 votos de los parlamentarios de CC, PP y Agrupación Socialista Gomera para dar lustre a un texto legal que nace amenazado con morir víctima de su propia ilegalidad.

Es tan postizo el intento de revestir la ley de legalidad constitucional, que incluso se permite invocar “el principio constitucional de desarrollo sostenible como criterio rector del entendimiento de las reglas que establece”. Un “principio constitucional” que, por razones meramente históricas, no aparece mencionado ni por asomo en las Carta Magna de 1978, sencillamente porque entonces no era una cuestión que estuviera en la agenda política ni en la preocupación de sus redactores. Sí aparece, sin embargo, un mandato constitucional vulnerado por esta ley, concretamente lo que dice el artículo 45.2: “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”.

Y es en este punto donde nos tropezamos con una de las debilidades más flagrantes de la Ley Clavijo. Mientras que en otras comunidades autónomas españolas (Valencia, Catalunya, Navarra, Andalucía, País Vasco) y numerosos países europeos (Reino Unido, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia) las legislaciones más avanzadas en materia territorial están estructuradas para combatir el cambio climático (“proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente”), el texto de la nueva Ley del Suelo de Fernando Clavijo no incorpora en ninguno de sus 408 artículos ninguna referencia o normativa vinculada específicamente a luchar contra el cambio climático o a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que en el caso de Canarias es de las más elevadas de Europa.

A lo largo de las 170 páginas del texto, de esos 408 artículos, 19 disposiciones adicionales, 23 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales, hay exactamente tres referencias al cambio climático, y siempre atendiendo a vaguedades del tipo “tomando en consideración el cambio climático”. Claro que teniendo en cuenta la importancia que a este asunto ha dado el Gobierno de Clavijo, que no se ha tomado la menor molestia en aplicar los acuerdos de París y Marrakech, sin que haya la más mínima noticia hasta el momento de la presunta Oficina del Cambio Climático, con sus derivaciones a la Macaronesia anunciadas a bombo y platillo por la consejería del ramo, poco o nada cabría esperar en esta materia.

Las apelaciones al sector primario, al que la Ley Clavijo quiere sacar del ostracismo, son también una falacia. Según el texto de la Ley, el 15% del suelo agrícola productivo (más de 20.000 hectáreas) puede ser utilizado para “actividades complementarias”. En caso de construirse instalaciones turísticas en estas áreas, se perdería la posibilidad aprovechar suelo para reforestar o plantar especies que absorben CO2 y refuerzan la soberanía alimentaria de las Islas, es decir, se apuesta por la continuidad de ocupar territorio con cemento en lugar de incentivar políticas efectivas e imprescindibles de sostenibilidad.

Una prueba más de que las intenciones del presidente Clavijo de proteger a la agricultura y a la ganadería y dar un giro al modelo económico de Canarias son una más de sus tradicionales fantasmadas. Porque, en realidad, de lo que se trata es de volver al binomio construcción-turismo, lo mismo de siempre, pero con una ley que ofrece paraguas para todo. Porque, como es natural, la construcción de nuevas infraestructuras turísticas en áreas dispersas y separadas de los principales núcleos urbanos de las Islas, ya se trate de ocio o residenciales, requerirá al tiempo de nuevas estructuras viarias y de transporte, de redes de suministro energético, alimentario, hidrológico, de residuos, que se sumarán a las ya existentes. Si las emisiones de gases de efecto invernadero en Canarias son actualmente de las más elevadas de toda Europa, estas infraestructuras incrementarán más aún la contribución canaria al cambio climático por no tener en cuenta este factor climático, base fundamental de otras normativas similares en otros territorios que contaminan mucho menos que Canarias.

El aumento de los millones de turistas que pretende facilitar la Ley Clavijo incrementará además las emisiones de gases tóxicos a la atmósfera por el tráfico aéreo, marítimo y terrestre, pero este incremento, como se ha constatado en las últimas décadas, no revertirá en la mejora de políticas sociales ni de empleo ni medioambientales ni se distribuirá de manera equitativa la riqueza generada en las Islas. Excepto para grandes operadores foráneos y para cuatro entidades empresariales que copan un cada vez más consolidado monopolio turístico, la llegada de más turistas no va a suponer mejoras reales para la sociedad canaria o para la conservación de su territorio.

Clavijo ya tiene su ley. Y Canarias ya tiene otro peligro público.

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