Operación Willy: sigamos disparatando

Causa general. El presidente/director general de Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín, mostró todas sus cartas hace cuatro días, cuando compareció ante la magistrada que instruye la operación Gloria, aquella por la que se investiga la gestión de Guillermo García durante su etapa al frente de ese ente público. Además de –por fin- personarse con abogado de la Comunidad Autónoma, no se sabe si como afectado o como abducido, Negrín proclamó al mundo para qué está él allí. Se trata de, a partir de unas irregularidades ciertas (los contratos con la productora Amanecer Latino, del inconmensurable Paco Padrón) componer una gran obra coral en la que todos los figurantes y primeras voces terminen entonando, con la sección de vientos y de percusión de la orquesta en ebullición, que “el asesino fue Paulino”. Por lo que ha trascendido a través de las crónicas periodísticas, Negrín dijo ante la juez María de los Ángeles de Lorenzo-Cáceres y Fabrizo que él lo tiene claro en muchas cosas. La primera, que no contrata con tres productoras porque están siendo investigadas en esa causa ¿? Esas productoras son, además de Amanecer Latino, que ya no opera, Siete Mares y Doble Diez Canarias. La segunda cuestión que tiene clara este portento de la gestión pública es que él no hubiera contratado una ficción por cinco millones de euros, lo que no deja en el aire en realidad si lo evitaría por ser ilegal tal contratación o porque, en aplicación de sus vastos conocimientos en la materia, la producción le parece muy cara. En tercer lugar, Negrín dijo ante la jueza y ante la fiscala anticorrupción que “juraría” que este año de 2016 él, órgano de contratación del ente público, según los estatutos, “ha hecho un único contrato” para las retransmisiones del Carnaval, en contraste con los fraccionados que su antecesor al parecer hacía. Las patadas que el compareciente infligió al ordenamiento jurídico y a la lógica de las administraciones públicas no debiera pasar desapercibida ni para los que metió en el mismo saco ni para la mismísima jueza, pero doctores tiene la Iglesia y no va a ser este humilde periodista el que se ponga a dar ideas.

Discriminando, que es gerundio

De entrada suena a aberrante discriminación vetar a unas productoras por el simple hecho de estar siendo “investigadas”, lo que en aplicación de las reformas del PP equivaldría a “imputadas”. Una falsedad como la copa de un pino porque que se sepa y a día de hoy ni Siete Mares ni Doble Diez Canarias están imputadas/investigadas como personas jurídicas, ni sus administradores como personas jurídicas. Tal discriminación equivale, cuarta más, cuarta menos, a primarlas porque en alguna de ellas trabajara un cuñado del director de Producción o una maquilladora que fuera novia en el siglo pasado del hermano del director general. A los anales pasará que el director general de un ente público de Canarias –que ya se puede ir agarrando los machos- proclame ante una jueza y sin que le pase nada que personalmente veta como órgano de contratación que es a unas empresas legalmente establecidas porque a él le despierta sospechas que él mismo le haya llamado la atención –sin mayores consideraciones ni legales ni administrativas- el volumen de contratación que presentaban en la era anterior a su llegada. Lo peor es que sus propias decisiones le contradicen porque, en un gesto de sobriedad digno de destacar, Negrín reconoció ante la jueza que ha tenido que contratar a Siete Mares para determinadas retransmisiones que él mismo redujo a “eventos lúdico-deportivos”. Es decir, a lo que exclusivamente se ha dedicado siempre a retransmitir la dichosa productora de la que es administrador el empresario Raúl Rivero. Esto se merece un chupito. Paramos un momento.

Las mismas contrataciones anteriores

La ventaja que tiene ir a declarar ante una jueza con el pelo engominado es que no hay necesidad de despeinarse para soltar un disparate. Eso ayuda a reforzar lo que se dice, o al menos a aparentar que lo que se dice no te genera ningún problema en el tupé. Porque, además de la burrada que significa escuchar a un administrador público explicar sus discriminaciones empresariales, la brillantina tapa el memorable momento en el que eres capaz de proclamar solemnemente que para encargar diversas retransmisiones de un carnaval “hay que hacer un contrato único”. Para añadir acto seguido, seguramente en ataque repentino de lucidez, que “juraría que este año se ha hecho un contrato único”. Pues no, ya tú ves. Cualquiera que visite la web de RTVC –y seguro que el señor presidente/director general lo habrá hecho muchas veces- puede descubrir que desde 2008 existen unas “instrucciones internas para la contratación no sujeta a regulación armonizada” que fueron actualizadas en 2014, mucho antes de que llegara Negrín, y es a ellas a las que se atiene el actual director general y a las que se atenía su antecesor. Si la juez le preguntó por los concursos de murgas (sic) de 2010 es porque fue hasta ese año cuando, arrastrando las costumbres anteriores, no se hacían contratos por paquete carnavalero. Y Santi Negrín, aunque jure que juraría (y olé) adjudicó este año el Carnaval en dos lotes, no en uno. Un lote fue para retransmisiones desde exteriores y el otro desde recintos. Pillado, pillín. Por cierto, se le escapó al director/presidente contar por qué la empresa correveidile, que mancha y contamina como la brea, no pudo ser contratada este año para ninguna retransmisión: porque no pudo presentar al ente público los certificados de estar al corriente del pago ante los organismos públicos, verbigracia la hacienda pública y la Seguridad Social. Es lo que tiene de bueno que nos conozcamos todos.

Melquiades volvió a engañarnos

15 de febrero de 2016. Solemne convocatoria a los medios de comunicación para que cubran una reunión al más alto nivel (ole) entre el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y sus consejeros de Economía y de Hacienda, con el ministro en funciones de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y el subsecretario de Estado de Hacienda (también en funciones). Lugar, presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. Algo gordo se mascaba en el ambiente y la rueda de prensa posterior al magno encuentro fue muy concurrida. Titulares: Soria pedirá a la Abogacía del Estado, “en cuanto llegue a Madrid” (porque por mail es un engorro), un informe para verificar si el Gobierno en funciones del Partido Popular puede aprobar los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal canario que quedaron pendientes al finalizar la larga legislatura. ¿Alguna cosita más? No, ¿qué más quieres? Unos billetes de avión, posiblemente un hospedaje en “las Canarias” para el subsecretario de Estado, unos bollitos y unos cafés para anunciar al mundo que el señor ministro iba a molestarse por solicitar de la Abogacía del Estado un informe cuya resolución estaba cantada. Lo confirmó este lunes con la boca chica la consejera de Hacienda de Canarias, Rosa Dávila: el Gobierno en funciones no puede aprobar según qué cosas, y los aspectos económicos del REF canario es una de ellas. Apunten la segunda porque la primera sigue siendo, a día de hoy, el reintegro del extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE), esa especie de gigantesco imán con el que nuestro Melquiades presidencial va recorriendo todas las aldeas de este surrealista Macondo encandilando a incautos alcaldes y encandilados presidentes de cabildos.