Pepa ya está imputada por prevaricación

La Justicia hace tiempo que está en marcha en relación con el escándalo del Canódromo, tanto en la vertiente contencioso-administrativa como en la penal. El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria tramita desde hace tiempo una denuncia de los vecinos y de la Fiscalía por la concesión de la licencia a Realia contraviniendo la anulación del Plan Parcial y el planeamiento general de la zona. El juez, Tomás Martín, ha ampliado las actuaciones a la totalidad del expediente administrativo municipal, y nos consta que la Fiscalía ya tiene en su poder el documento que publicábamos aquí este viernes sobre la presunta implicación en la trama de María Australia Navarro, presidenta insular del PP grancanario y, en el momento de las oscuras maniobras, consejera de Presidencia del Gobierno. Navarro es parlamentaria regional, y por lo tanto, aforada, lo que obligaría al juez a elevar las actuaciones al TSJS, perdón, al TSJC, en el caso de hallar indicios de delito en la actuación de su señoría.