Policías contra jueces

La cúpula policial de Canarias es fiel reflejo de lo que hizo el PP una vez tomó el poder en España tras las elecciones de noviembre de 2011. No deja resquicio por el que pueda colarse un desafecto, ni permite heroicidades que no estén convenientemente controladas, incluida en esas heroicidades la de investigar algunas tramas imparables de corrupción del partido, verbigracia la de Gürtel, ya en marcha con anterioridad, o la de los papeles de Bárcenas, que el Gobierno trató de abortar (con perdón) cortocircuitando la intromisión del juez Bermúdez y querellándose en todas las direcciones con el ridículo de todos conocido. En Canarias empeoran enormemente las cosas porque a esas instrucciones generales del partido se unió el irrefrenable deseo de venganza de José Manuel Soria contra todo aquel o aquella que hubiera tenido algo que ver con el vía crucis policial y judicial padecido durante los ocho largos años de Gobiernos socialistas y de fiscalía anticorrupción funcionando a su libre albedrío. Algunos mandos policiales puestos por el PP se han tomado muy en serio la vendetta, y hasta han pasado a constituirse en autoridad plenipotenciaria, por encima de la fiscalía, de los jueces y, si se terciara, por encima de la Delegación del Gobierno, donde no obstante cuentan con un cómplice muy cómodo, el subdelegado Luis Molina. La decisión de impedir que una delegación de veinticinco jueces y cinco fiscales visitara las instalaciones del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco hay que situarla en esa demostración de fuerza que quieren evidenciar algunos mandos policiales, y no precisamente el jefe superior, que como ha quedado dicho aquí en algunas ocasiones, viene a comprar Ray Ban y a pasear por la playa de vez en cuando. Los comportamientos altaneros hay que buscarlos y encontrarlos en el segundo nivel de mando, donde se sitúan algunos y algunas que se ven muy protegidos por la superioridad, particularmente por el director adjunto operativo, DAO, Eugenio Pino.