Primer espaldarazo a la instrucción del caso Unión

Todo un retrato en sepia de lo que durante demasiados años pasaba en las instituciones canarias. La primera sentencia de la primera rama desgajada del caso Unión describe un comportamiento muy extendido que ha acabado con durísimas condenas para los dos principales encartados, Dimas Martín y Francisco Rodríguez Batllori, Pacto Batllori. Dos exponentes de la política chusca que tanto ha contribuido al desencanto y a la indignación. El primero, presidente del Cabildo de Lanzarote aclamado durante años por los conejeros en las urnas y en la calle por su eficaz populismo y por la apariencia de dárselo todo a los pobres, cuando en realidad mamaba en solitario o en comandita. Un magnífico ejemplo de que los pueblos tienen a los dirigentes que se merecen y de lo mucho que les cuesta desprenderse de ellos a pesar de las aplastantes pruebas de que son unos redomados chorizos. El segundo, Paco Batllori, supo hasta ahora nadar y guardar la ropa: escapó por los pelos del caso Icfem gracias a sus magníficas relaciones con un sector carca de la Judicatura (en su mayoría jubilado ya), y hasta fue el encargado de las relaciones entre la Comunidad Autónoma y la Administración de Justicia con el mismo cargo -miren que son puñeteras las coincidencias- que tenía la hermana de la alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, cuando fue detenida en el marco de la misma operación de persecución de la corrupción. La sentencia conocida este miércoles es recurrible, pero de momento ha conmocionado al mundo político canario por la dureza de sus penas y ha sorprendido a propios y extraños por la prolijidad con la que se ha conducido el magistrado ponente, Carlos Vielba, que echa por tierra todas las pretensiones de las defensas y respalda la instrucción del caso Unión llevada a cabo por el magistrado Pamparacuatro al frente del juzgado de Instrucción 5 de Arrecife. Resulta muy llamativo que la misma Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas que se cargó el auto de entrada y registro de Pamparacuatro en las oficinas y el domicilio del empresario Luis Lleó sea la que ahora bendice urbi et orbi su instrucción catalogándola, entre otros piropos más técnicos, como “ejemplo de buena praxis”.

Viceconsejero mata a viceconsejero

Es cierto que el ponente de esta durísima sentencia, Carlos Vielba, que ha cogido en pelotas no sólo a las partes en presencia sino a las que van a tener que calentar banquillo en los próximos meses, no es el mismo que se cargó aquel auto de Pamparacuatro, Emilio Moya. Este último, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, se ocupó del trabajo de orfebrería consistente en cargarse la única prueba que podía incriminar a dos compañeros de Judicatura, uno con destino en el Tribunal Supremo y el otro en la Audiencia Provincial de Madrid, que aparecieron accidentalmente en aquel registro en las oficinas de Luis Lleó como asesores fiscales y políticos de ese empresario cuando desempeñaban tareas de letrados en el Tribunal Constitucional. Ambos estaban muy vinculados al poder político nacional a través del ministro Caamaño y de la que fuera vicepresidenta con Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, y muchos poderes del Estado se confabularon para salvarles el pescuezo. Pero ésa es otra historia que más pronto que tarde terminaremos contando en su integridad. El caso es que Emilio Moya, que también fue viceconsejero de Justicia, se cargó aquel auto de entrada y registro basándose en unos documentos que no eran los que realmente había firmado el magistrado Pamparacuatro, que quedó bastante desacreditado por la Sección VI de la Audiencia Provincial. Sin embargo, el mismo Moya aparece en el tribunal que ha juzgado a Batllori, Dimas y otros y, por tanto, firma colegiadamente la sentencia en la que se vierte una sucesión de elogios a la instrucción del mismo magistrado Pamparacuatro y se tumban todas las pretensiones de las defensas de cargarse la instrucción por cuestiones como las defectuosas intervenciones telefónicas, los fallos en la cadena de custodia de las escuchas, las detenciones de algunos acusados, la falta de firma de algunas resoluciones y la vulneración de derechos fundamentales. Una a una son rebatidas esas pretensiones por el magistrado Vielba con frases tan lapidarias como esta: “No existe ninguna actuación ni de los miembros de la Guardia Civil actuantes en las diligencias de investigación ni en la detención de alguno de los hoy acusados que vulnere derecho fundamental, estando suficientemente amparada la intromisión en los derechos fundamentales por las resoluciones dictadas por el magistrado instructor consecuentemente motivadas y proporcionadas a las medidas adoptadas en relación a los hechos investigados”.

Tanto dinero en agitación y propaganda

También hubo este miércoles crujir de dientes en el gabinete de agitación y propaganda habitualmente utilizado por los delincuentes de Lanzarote para aplacar a la opinión pública y hacer reflexionar a jueces, políticos y otros periodistas acerca del buen corazón de los clientes en cuestión. La jornada había comenzado con optimismo: sabían que era el día en que se conocería la sentencia y públicamente daban por hecho en el gabinete cósmico que se saldaría con condenas muy suaves, gracias, entre otras cosas, a la ardua tarea propagandística desplegada desde que los dos principales condenados (Dimas y Batllori) contrataron sus servicios con dinerito que desde luego no salió de sus bolsillos. Así quedó acreditado durante las sesiones del juicio al emitirse las conversaciones de estos dos condenados en las que acordaban que el periodista Francisco Javier Chavanel se hiciera cargo de su defensa mediática para conseguir el mismo propósito por el que han resultado condenados, esto es, el tercer grado penitenciario para Dimas Martín en el prisión de Tahiche. Algo tendrá que cambiar en la estrategia de agitación y propaganda porque, a tenor de lo que dice la sentencia, no ha servido de nada tanta bravuconería, tanto insultar a jueces y fiscales y tanto repetir hasta el paroxismo que la instrucción estaba contaminada y que en el caso Unión solo hay una conspiración de Juan Fernando López Aguilar y Narciso Ortega (ex jefe superior de Policía, cuerpo que nada tuvo que ver con la causa). Y tienen que cambiar de estrategia porque tras esta primera rama ya juzgada vendrán otras de mucha más enjundia, y en dos de ellas estará de nuevo sentado en el banquillo Dimas Martín, que con esta ya acumula tres condenas de prisión. Junto a él, deberán responder de sus presuntas fechorías personajes de la categoría de Luis Lleó, Juan Francisco Rosa, Fernández Camero o María Isabel Déniz, entre otros, y a tenor de los argumentos de la Audiencia Provincial, cargarse la instrucción se torna una tarea muy complicada. Lo debería aprender el hijo de Dimas Martín, José Dimas, que este miércoles, indignado como nadie por lo que se iba conociendo de la condena a su padre, dejó entrever que la culpable es en realidad la Justicia en Canarias, que la tiene cogida con él. Que espere a las causas que se avecinan a ver si de buenas a primeras se convence de que, con todo el cariño que hay que profesarle a un padre, el suyo es un delincuente. El gabinete cósmico, que ya tiene una demanda de mayor cuantía, que se vaya preparando, que vienen otras.

Pamparacuatro, desde La Laguna

Sin pretenderlo, el magistrado César Romero Pamparacuatro fue noticia este miércoles por tres asuntos que coincidieron en el tiempo: la sentencia que acabamos de comentar, sus autos archivándole al candidato de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, dos de las imputaciones que él mismo le había atribuido, y la decisión del TSJC de denegarle a Evaristo González, el cabecilla del caso Corredor, la ampliación de su querella contra él. Debemos insistir en que Pamparacuatro ha archivado a Clavijo actos delictivos que él mismo le había atribuido, lo que recalcamos para que quede claro que no fuimos nosotros sino el juez quien lo hizo. Porque si hay archivo de imputaciones es que éstas existieron, aunque parezca de Perogrullo. Aclarada la cuestión, es evidente que la noticia agradó sobremanera en los cuarteles Clavijistas que se lanzaron a proclamar que el alcalde de La Laguna “ha mostrado su confianza desde el primer momento en la Justicia y en que todo se iría aclarando” porque “nunca ha habido nada que ocultar y su transparencia [del candidato] ha sido total desde el minuto uno”. Nada que objetar a la natural alegría que provoca esta decisión de Pamparacuatro, pero tenemos algunas dudas sobre la confianza en la Justicia que proclama el equipo médico habitual, porque si así fuera, no habrían sido necesarios los recursos contra resoluciones del juez como la del auto de las escuchas y sus prórrogas. Pero pelillos a la mar. El caso es que al alcalde le quedan un par de delitos de los que responder (una autorización a una cafetería y dos subvenciones en Las Chumberas) y es muy probable que sólo serán estas ayudas a algunos afectados de esa urbanización lo que podría acarrearle problemas judiciales. Pero el juez incorpora a la lista de imputados a la concejala Aimara Toledo, que releva a Clavijo en el asunto de la discoteca Utopía, y se dispone a tomar declaración a una ristra de testigos. Quedamos, como siempre, a la espera de acontecimientos. Canarias7, por otra parte, adelantaba este miércoles que el TSJC no ha admitido la ampliación de la querella que contra el juez había formulado el empresario Evaristo González, imputado por Pamparacuatro en la rama central del caso Corredor. El tribunal todavía no se ha pronunciado sobre la admisión a trámite de esa querella, interpuesta en diciembre por “retardo malicioso”, pero todo hace pensar que la cosa tendrá un recorrido bastante limitado. En primer lugar porque va a costar mucho esfuerzo demostrar la malicia y, en segundo lugar porque en determinadas capas altas de la atmósfera debe estarse acogiendo de muy buen grado que Clavijo pueda dormir a partir de este miércoles un poquito más tranquilo.