Quietos parados

La UD, según algunos teóricos de su salvación, habría de constituir una fundación (por tanto, sin ánimo de lucro) participada en un 51% por las instituciones canarias y el 49% restante por una sociedad que sea la que disponga del patrimonio necesario para hacer frente a la mentada e hipotética suspensión de pagos. A esa sociedad, sometida siempre al control público al no disponer de la mayoria de la fundación, se adscribiría todo el patrimonio de la SAD: estadios, esquinas y jugadores. Estos últimos tendrían que hilar fino en el caso de que quisieran aplicar las cláusulas federativas para cobrar antes del 31 de julio, porque el club podría actuar como ocurriera con el Real Oviedo, que sufrió un doble descenso pero que pudo mantener parte de su plantilla como patrimonio para la suspensión de pagos tras una resolución judicial que así lo dispuso: algunos futbolistas con contrato en vigor se marcharon antes de tiempo al ver la debacle y el club les ganó el pleito.