Cuidado con la prevaricación (que es delito)

Coalición Canaria ya tiene su primer condenado de peso por un caso de corrupción. Se llama Miguel Zerolo, y no es un condenado cualquiera. Es el referente de ese amplio sector nacionalista nucleado en torno a la teóricamente desaparecida ATI que muchos de sus coetáneos y otros mucho más jóvenes se niegan a postergar. El Tribunal Supremo se ha encargado este final de julio de 2014 de recordarles que aquel modo de hacer política termina pagándose muy caro, en este caso, con ocho años de inhabilitación, con el final de una carrera política que algunos tachan de exitosa y con algo mucho peor: con antecedentes penales que marcarán el futuro procesal de alguien que, por los mismos modos de actuar, tiene todavía pendientes otras dos causas con severas amenazas de prisión. Presume con razón Paulino Rivero de estar al frente en esta legislatura de un Gobierno honrado que, hasta el momento, no tiene la más mínima sombra de corrupción. Pero él mismo preside un partido que ha de actuar rápidamente para que la condena a Miguel Zerolo tenga una reacción ejemplarizante que permita a los canarios visualizar que la corrupción no admite modulaciones ni tolerancia alguna. El ex alcalde de Santa Cruz ha sido puesto demasiadas veces como ejemplo de buen gestor y de valor electoral seguro. Otros han hecho lo mismo con ex presidentes y ex ministros que estos días entran en prisión para pagar por sus excesos. El primer delito de Zerolo ha sido la prevaricación administrativa, cuidado, que existe y ya ven cómo se premia.

Podrá seguir siendo senador

Miguel Zerolo ha sido condenado a ocho años de inhabilitación especial para el ejercicio de muy determinados cargos públicos. Lo explica muy bien el ponente de la sentencia dada a conocer este miércoles por el Supremo. La ley dice que la pena “no puede recaer en otro empleo o cargo público que aquél en cuyo desempeño se comete el delito”. Por eso, la condena se extiende solamente a los cargos de alcalde, teniente de alcalde o concejal, y a los análogos en otros ámbitos de la Administración. Es decir, los que tengan capacidad ejecutiva. Tratándose de un senador que ejerce ahora mismo, cuando ejerce, su tarea en el poder legislativo, la inhabilitación no le afectaría. Pero Zerolo debe dimitir de inmediato, y si no lo hace motu proprio, ha de ser su partido el que le obligue a hacerlo. De momento, Coalición Canaria ha remitido esa decisión a septiembre, seguramente después de que se designe candidato a la presidencia del Gobierno entre dos dirigentes que, miren por dónde, tienen muy distintas visiones sobre la permisividad. Si Zerolo abandonara el Senado, como dice que hará tras recurrir al Constitucional (lo que no paraliza la ejecución de la condena), las otras dos causas que tiene en el Supremo habrán de regresar para ser enjuiciadas a los juzgados ordinarios de Santa Cruz de Tenerife. Nos referimos, claro, al caso Las Teresitas y al caso Fórum, donde el ex alcalde aparece como principal encartado. Será un alivio para sus compañeros de banquillo porque, en el peor de los casos, habrá una instancia más para recurrir en caso de sentencias condenatorias.

Prevaricación en un oasis

La prevaricación existe, es evidente, y ya ven cómo puede ser de dañina, tanto cuando se comete como cuando se condena penalmente. Consiste tal delito, como saben nuestros más avezados lectores, en tomar una decisión arbitraria o injusta a sabiendas de su arbitrariedad o de su injusticia. En el caso de Zerolo, el Supremo ha apreciado la existencia de este tipo penal en el pertinaz empeño del ex alcalde por tratar de dar con sus decisiones apariencia de legalidad a la ilegalidad que suponía el método de contratación que se siguió para reformar el viejo instituto Pedro García Cabrera. Contaba con algunos informes positivos, todo hay que decirlo, lo que no fue óbice para que el tribunal lo encontrara culpable del delito y le cascara casi la pena máxima prevista, que es de diez años. Si alguien a estas alturas todavía cree que basta con algún informe favorable para tomar decisiones manifiestamente injustas y contrarias al interés general, que se repase urgentemente el Código Penal porque puede llevarse un susto. Especialmente lo aconsejamos a los miembros del Consejo de Gobierno de Canarias, que tienen previsto este viernes tomar una decisión en torno a la protección del Oasis de Maspalomas tras presenciar toda Canarias el paripé vivido en los últimos tramos de tramitación del expediente de Bien de Interés Cultural formulado desde el Cabildo de Gran Canaria.

Algo huele a podrido

Veamos algunos acontecimientos sospechosos que nos conducirían a pensar que algo huele a podrido en el Oasis:

1) El Gobierno de Canarias ha puesto la proa al BIC del Oasis alegando que se corre el peligro de tener que indemnizar a la cadena mallorquina Riu, a la que se otorgó licencia de demolición de su viejo hotel y de construcción del mamotreto que pretende levantar allí.

Sería la primera vez en la historia de Canarias en que un Gobierno se preocupa de una indemnización cuando de hacer prevalecer la protección ambiental se trata. Verbigracia, la moratoria turística o las declaraciones de espacios protegidos sobre suelos calificados, como Veneguera. Además, de tener que pagar una indemnización en este caso, todo sería discutible, desde la cuantía hasta la manera de compensar al promotor con otros suelos donde poder levantar el mamotreto que desee. Existe un precedente en la zona, el hotel Dunas, demolido tras una compensación a SeaSide para que construyera en otro sitio. Y, en el hipotético caso de que hubiera que indemnizar, ¿no valdría la pena hacerlo (o al menos pelearlo) con tal de preservar ese espacio tan especial de la zona turística de mayor calidad del sur grancanario?

2) El Gobierno de Canarias ha montado todo el tramo final del BIC con un temor reverencial a Riu, forzando una esperpéntica sesión de la Ponencia Técnica de Patrimonio.

Ha resultado absolutamente esperpéntico y vergonzoso el peregrinar que ha sufrido el BIC desde que lo soltó en manos del Gobierno el Cabildo de Gran Canaria. Primero, devolviéndoselo para que cumplimentara más exigencias, y luego maniobrando para que la Ponencia Técnica de Patrimonio actuara rechazándolo. Para ello fue necesario hasta silenciar a uno de los catedráticos más prestigiosos y argumentar disparates impropios de unos especialistas. Con la decisión desfavorable, el Consejo de Patrimonio Histórico de Canarias, cuya mayoría se las prometía muy felices, aprobó el BIC no sin soportar las impertinencias de una consejera de Cultura que llegó a poner en entredicho el paso de Colón por Maspalomas y aprobando otro BIC que nadie le había pedido (el del Faro) como alternativa para que el Gobierno, en su reunión de este viernes, tenga algo de lo que agarrarse.

3) La empresa pública Gesplan ha actuado siempre al dictado de Riu, llegando a proponer una torre junto al faro de Maspalomas que absorbiera todo el aprovechamiento de los mallorquines.

Desde que el Gobierno tomó cartas en el asunto, la empresa pública Gesplan se ha ocupado de buscar soluciones al conflicto siempre con descarada inclinación hacia los intereses de la cadena mallorquina Riu. En lugar de proponer soluciones que desembocaran en la recuperación de la zona verde que pretende arrasar, ha hecho suyos proyectos tales como la concentración de los aprovechamientos urbanísticos hoteleros en una sola torre que se levantaría frente al faro con una altura superior a este. Es decir, un rascacielos tipo Benidorm en una de las zonas más sensibles del litoral grancanario. De traca.

4) El Gobierno ha dimitido de su obligación de hacer ejecutar una sentencia del Supremo sobre la zona verde misteriosamente desaparecida en el palmeral.

En el colmo de la irresponsabilidad, ninguno de los departamentos gubernamentales que han intervenido en la cuestión se ha preocupado lo más mínimo por hacer ejecutar una sentencia del Supremo de los años ochenta que obligaría a cualquier propietario del palmeral y del oasis a devolver a la titularidad pública la zona verde que el alcalde Araña del Toro un día de hace algunas décadas incorporó al planeamiento como si tal cosa. Hasta ahora no había habido motivo para esa exigencia, pero cuando Riu proyecta un hotel sumando a su superficie disponible esos 30.000 metros cuadrados de zona verde, es el momento en el que las instituciones competentes han de tomar cartas en el asunto. Porque ni las sentencias ni las zonas verdes prescriben en el ordenamiento jurídico español, algo que parecen haber olvidado también los servicios jurídicos del Gobierno.

5) El Gobierno se ha plegado a la prepotencia de Riu, que saca ventaja respecto a sus competidoras canarias.

El Gobierno de Canarias no ha podido, no ha sabido o no ha querido tomarse en serio el asunto del Oasis de Maspalomas, bien porque no está en Tenerife o bien porque uno de los agentes en presencia es una poderosa cadena mallorquina de la que es accionista el touroperador Tui. No ha habido oportunidades para la negociación porque esas compañías provocan en el poder institucional una suerte de terror que le atenaza. Véase la naturalidad con la que la misma cadena ha logrado superar en las grandes playas de Corralejo el final de sus concesiones sobre los hoteles que allí tiene plantados en pleno parque natural. O cómo, tras el derribo del hotel Dunas, año 89, construyó al otro lado del complejo dunar su hotel en la parcela 71, justo en el remate de la avenida de Tirajana, en Playa del Inglés, un inmenso edificio que pisa descaradamente ese paraje sagrado. Frente a esa impunidad, el Gobierno responde con el mantra de que “es una guerra empresarial” cuando se le pregunta por la posición de Lopesan, una cadena canaria que, objetivamente, ha cambiado los estándares de calidad turística situándolos muy por encima de los hoteles VPO de Riu.

6) El único BIC propuesto por un Cabildo que se tropieza con pegas.

Si se mantiene el Gobierno por estos derroteros y termina tumbando el BIC propuesto por el Cabildo de Gran Canaria nos encontraríamos ante la primera ocasión en el que un expediente proveniente de una corporación insular es despreciado. Han sido protegidos espacios, edificios, costumbres y hasta bailes sin la menor objeción, pero para el Oasis de Maspalomas hasta se discute con los historiadores. Bueno es recordar que muchas autoridades en presencia bien que celebraron en 1992 en San Bartolomé de Tirajana los fastos del Descubrimiento y el paso de Colón por Maspalomas. Y que la avenida donde Riu pretende sepultar el palmeral se llama precisamente como el descubridor, que tiene un destacado monumento un kilómetro antes.

Ante este comportamiento, bueno es recordar al Gobierno que gobierna en Canarias y para los canarios, y que bien haría en no pasar a la historia como el que se arrodilló ante intereses bien distintos.