Soria, hasta la cocina

Se acerca peligrosamente Radiotelevisión Canaria a los momentos de máximo esplendor de la era Willy García, cuando se quedó sin consejo de administración y su credibilidad interna y externa se desmoronaba por completo al tiempo que Coalición Canaria decapitaba a quien ejerció siempre de escudo protector, Paulino Rivero. Caído García por obra y gracia de ese relevo y una precipitada y alocada aplicación de la nueva ley de radiotelevisión canaria, los detractores del ex presidente pretenden perseguirlo hasta la eternidad propinando todas las patadas que no le pueden dar a él en el espacio que ocupan las dos nalgas y en el canalillo del culo de Willy García. Creían que con el escándalo de la financiación churrigueresca a las empresas del defenestrado Paco Padrón iba a ser suficiente, hasta que se percataron -¡oh bendita contabilidad!- de que los pagos fueron muy superiores en etapas anteriores a la del Paulinato, lo que ha obligado a un sutil cambio de estrategia consistente en amplificar obviedades y a sumar manzanas con peras a ver si así el escándalo parece mayor. En este rebumbio, el Consejo Rector, heredero de aquel consejo de administración y de aquel director general, sigue dándose de bruces contra la cruda realidad de su propia insustancialidad. Un presidente del que ya no se fían ni los que le pusieron, airadamente contestado por tres de los cuatro vocales restantes, al que le colocan un comisario político camuflado de director de Relaciones Institucionales que en realidad va para director general, y una parálisis a todos los niveles que se evidenció la semana pasada cuando por no tener ni asesoría legal, no se pudieron ni siquiera aprobar las directrices de programación, lo que provocó acto seguido que la empresa responsable de los Informativos, Videoreport Canarias, cancelara abruptamente la presentación de la nueva temporada. Y por si el caos fuera poco, aparece contratado por el mismísimo presidente del Consejo Rector para un dictamen jurídico que seguramente ningún abobado de Canarias podía hacer nada más y nada menos que el abogado particular de José Manuel Soria, el ilustre letrado de Madrid Nicolás González-Cuéllar Serrano.

Dime que el PP no mangonea

El presidente del Consejo Rector de RTVC, Santiago Negrín, asegura que no tenía ni pajolera idea de que González-Cuéllar fuera el abogado de José Manuel Soria para sus asuntos personales, entre otras cosas para perseguir por la vía penal o civil a los periodistas que le resultan incómodos. Ese desconocimiento prueba directamente que Negrín no se tomó la menor molestia por averiguar quién era ese letrado que alguien que no identifica le recomendó. Le hubiera bastado con meter en Google su nombre para descubrir, por ejemplo, que es el abogado que contrató Ana Botella para la defensa del Ayuntamiento de Madrid en la tragedia del Madrid Arena; o que se personó en el caso de Miguel Blesa contra el juez Elpido Armas en nombre de Gerardo Díaz Ferrán, el ex presidente de la CEOE en prisión. Es, además, el abogado que ha contratado Soria para dirigir todos los procesos contra este periódico y contra este periodista, incluyendo la última y muy sandunguera demanda por las vacaciones del ministro y su esposa en Punta Cana a 70 euros la noche. La quinta referencia que aparece en Google al buscar su nombre precisamente hace referencia a este periódico y al escándalo de La Favorita. Referencia que pasa a ser la primera si al nombre se le añade a continuación el topónimo Canarias. Sin embargo, en respuesta a Canarias Ahora, Santiago Negrín asegura que se evacuaron “diversas consultas y la correspondiente información respecto a diferentes despachos de reconocido prestigio en Derecho Procesal”. En su explicación al Consejo Rector, su presidente dijo que se había contratado a un despacho de Extremadura, cuando González-Cuéllar tiene su despacho en Madrid.

¿Quién lo recomendó?

Resulta demasiado casual que de todos los abogados expertos en Derecho Procesal que hay en Canarias y en España, Radiotelevisión Canaria acuda a contratar para un dictamen más bien sencillo, tirando a básico, precisamente al abogado que se ocupa de los asuntos personales de José Manuel Soria. Si es verdad lo que dice Santiago Negrín que no conocía esta circunstancia, ¿cómo llegó hasta sus oídos ese nombre? ¿Alguien de Presidencia del Gobierno se lo sugirió después de haber evacuado consultas con el señor ministro en medio de alguna conversación sostenida en las últimas semanas? Una conversación que muy bien pudo haber sido de este tenor:

- ¿Cómo llevan lo de Willy García?

- Pues, mira ministro, ahí estamos estudiando jurídicamente si la tele se persona o no.

- ¿Quién lo está estudiando, los servicios jurídicos de la casa?

- No, la tele no tiene ahora mismo servicios jurídicos.

- Pues yo te puedo recomendar al mejor penalista de España, mi abogado, a ver si te personas en esa causa y tiramos del hilo hasta reventar a Paulino.

- Vale, dame el nombre de ese abogado

El estrambote se remata con que sea precisamente quien quiere acabar con el ente público Radiotelevisión Canaria para pasarlo a manos privadas quien recomiende a su abogado para que a su vez sugiera la personación en la causa para defender el patrimonio del ente público.

El oculto contrato de Paco Martín

Pero las cosas en Radiotelevisión Canaria no las ha ensombrecido precisamente la aparición de González-Cuéllar en escena. Ninguno de sus consejeros pareció interesarse por la procedencia y el proceder de este profesional. Hay mucho mar de fondo y no parece que se vaya a poder reconducir la manifiesta desconfianza entre tres de las vocales y su presidente. La sintonía es nula, a lo que no contribuye, entre otras muchas cosas, la imposición de un director de Relaciones Institucionales al que se le han ido añadiendo competencias que no constan de ninguna manera ni en el reglamento ni en el organigrama del nuevo diseño del ente. El presidente nos ha informado que las competencias de Paco Martín, quien asumió ese cargo sin evacuar la preceptiva consulta previa, van desde gestionar su agenda y la comunicación institucional de la presidencia, hasta la coordinación de relaciones con el Consejo Rector y el consejo asesor de RTVC y el consejo de Informativos, ambos aún por crear, pasando por las relaciones con el Parlamento de Canarias, con la FORTA y con las distintas instituciones públicas y privadas. De repente ahora se le ha añadido la “gestión de la transparencia”, lo que se da de bruces con la negativa a entregar a los consejeros el contrato del tal Martín. Sin embargo, en sus respuesta a este periódico, Santiago Negrín asegura que ese contrato está a disposición de los consejeros para su conocimiento. Los conocedores de las entretelas de la cuestión dan por hecho que se trata de un director en la sombra puesto allí para controlar a Negrín y evitar que los nuevos tiempos acaben en zozobra de aquí a un par de meses.

Aaron Afonso y su machismo

El consejero Aaron Afonso, titular de Presidencia, Justicia e Igualdad, es de los políticos que creen que las tormentas en las que se ven envueltos terminan por disiparse y ceder terreno al sol radiante y a los días de vino y rosas. Son políticos que, aún reconociendo sus decisiones calamitosas, se reafirman en ellas con los argumentos más peregrinos. A este consejero portuense lo perseguirá hasta el final de la legislatura, o hasta que corrija el error, el nombramiento de Lourdes Quesada como directora general de Relaciones con la Administración de Justicia. Se lo preguntaba este mismo viernes en la radio autonómica su director, Miguel Guedes, lo que le obligó a columpiarse de liana en liana hasta quedar suspendido en el aire como una toma falsa de Tarzán de los Monos. Sus explicaciones fueron bastante pobres, tirando a patéticas y con abundancia de falsedades. Veamos algunos ejemplos: es verdad que la señora Quesada ocupó puestos de confianza con el Partido Popular, “pero fueron puestos técnicos, no políticos”. Falso. Fue puesta al frente de la Secretaría General del Servicio Canario de Salud por ser persona de confianza del PP, y desde esa privilegiada posición intervino directa y personalmente en la modificación de bases de un concurso millonario (el de la hemodiálisis) siguiendo indicaciones concretas de un asesor jurídico, también elegido a dedo por el PP. Era de la más estrecha confianza del director general del servicio, Guillermo Martinón, cuya esposa trabajaba en el despacho del asesor legal, como ha quedado suficientemente acreditado. Por lo tanto, decir que la directora general que ha elegido un alto cargo socialista para las relaciones con la Administración de Justicia llegó a donde llegó exclusivamente por sus méritos técnicos y profesionales es sencillamente mentira. Pero no conforme con esta falsedad, el consejero de Presidencia acusó de machistas a los que sostienen –sostenemos- que la han colocado en ese puesto por “ser la esposa del fiscal provincial de Las Palmas”, Guillermo García-Panasco. En realidad, el que dijo eso fue él a raíz de que la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, le preguntara por los motivos de tal decisión al comprobar el tamaño de la tormenta política y mediática que se desencadenó por tamaña metedura de pata. Lo ha contado ella, que precisamente no pasa por ser machista, pero sin embargo le dejó pasar a Afonso esa ligereza aun siendo como es el consejero que lleva el área de Igualdad.