Patricia Hernández empieza a dar juego

Pero, ¿qué le pasa a Patricia? La pregunta no es nuestra, es la que más corre de boca en boca entre la dirigencia y determinada militancia del PSOE canario tras conocer las primeras reacciones públicas de la flamante ganadora de las primarias para la carrera presidencial. Y no solo se lo preguntan entre la oficialidad y entre los que perdieron las primarias, sino incluso en el núcleo duro de su propio equipo. A falta de tener su versión directa, a la espera de que nos perdone por ser críticos y nos coja el teléfono, hemos pulsado el estado de opinión de los cuarteles, incluidos los suyos, para llegar a varias conclusiones. La primera es que la candidata del PSOE va a dar a los periodistas grandes satisfacciones en forma de aguerridos y soliviantados titulares, como el que dedicó a los que, según ella, le piden que ponga a Carolina Darias como número uno al Parlamento por Gran Canaria: “¡Eso es una vergüenzaaaaaaa!”, dicen los cronistas que exclamó a voz en grito. La segunda conclusión es que, de buenas a primeras, se ha creído que el partido es suyo y que, por lo tanto, hay que cambiar las normas vigentes, destituir a la Ejecutiva Regional, investirla doctora honoris causa, y dejar que ella haga las listas y conduzca al partido, a los consejeros socialistas en el Gobierno y a los alcaldes pedáneos que existir puedan hasta la victoria final. Perdón, o hasta la derrota, nada descartable a fecha de hoy.

¿Quién le pidió nada?

Patricia Hernández ha puesto el grito en el cielo ante las supuestas peticiones del “sector que perdió las primarias” de que coloque a Carolina Darias al frente de la lista al Parlamento por Gran Canaria. Hechas las oportunas averiguaciones, no consta formalmente ninguna petición en tal sentido: ni se lo ha pedido la pretendiente, ni se lo ha pedido José Miguel Pérez, ni se lo ha pedido nadie con entidad suficiente para pedírselo. Lo único que consta a día de hoy es el ofrecimiento del secretario general y de su Ejecutiva Regional a la máxima colaboración con la candidata, que ya ha sido invitada a participar este mismo viernes en la primera reunión que se órgano celebra tras su elección. Sí consta, sin embargo, la opinión de destacados líderes de su equipo de apoyo propensos a la confluencia y a la integración (palabras textuales) entre la ganadora y los perdedores de las primarias, de modo que se puedan rentabilizar al máximo los apoyos de cada cual. No es baladí, por ejemplo, que Carolina Darias haya ganado en cuatro de las siete islas, con especial contundencia en Gran Canaria; ni que Gustavo Matos haya ganado a la flamante presidenciable en La Palma, en el norte de Tenerife y en los municipios que forman el área metropolitana, o que sus resultados hayan sido los más regionalizables. Como tampoco puede ser despreciable el hecho cierto de que resultó decisivo el apabullante apoyo de la Agrupación Tenerife Sur para que Hernández se alzara con la victoria ante una implantación en el resto bastante discreta. La quiebra estaría servida si la diputada nacional no leyera y digiriera bien todos los datos de las primarias, porque de lo contrario estaría abriendo un cisma inmenso en el PSOE y una fosa bajo sus pies ante la próxima cita electoral.

Los compromisos son los compromisos

Ha dicho Patricia Hernández que ella no ha prometido nada y que se niega a hablar de puestos porque “eso es propio del lenguaje rancio y anticuado del viejo PSOE”. Y no le falta razón. Estar a estas alturas tanteando asuntos tan pedestres como ese de las listas es algo que aburre un poco. Si no fuera, claro, porque el PSOE canario se juega mucho en las próximas elecciones como consecuencia de su propio desgaste local, por la pérdida de apoyos que tiene el bipartidismo y por la irrupción del fenómeno Podemos. Y si no fuera, además, porque por mucho que haya ganado unas primarias y ella quiera convertirse en el epicentro de todo lo que pase a partir de ahora en su partido, hay unos estatutos que se imponen. Imponen, por ejemplo, que las listas las proponga inicialmente la Ejecutiva Regional y las apruebe el Comité Regional, máximo órgano entre congresos. Ponemos sin embargo en remojo su tajante afirmación de que ella no ha prometido nada. Seguro que no a los del voleibol y a determinados malajes del partido, pero todo hace pensar que su deseo es que la lista al Parlamento por Gran Canaria la encabece Isabel Mena, su más firme baluarte en la isla. O que de número dos por Tenerife vaya quien consiguió los mayores récords de apoyo, Nicolás Jorge, secretario general de Granadilla, lo que acabaría con cualquier posibilidad para Francisco Hernández Spínola, vicesecretario general regional, cuyo apoyo es necesario para la nueva lideresa en esta nueva etapa de su carrera política que ahora inicia.

Algo pasa en La Palma

Pero aparte de los primeros terremotos de la era Patricia, el PSOE canario se recompone de su siempre traumático proceso de primarias vigilando todos los calderos que tiene en el fuego. Que si la Federal va a investigar; que si a Chano Franquis lo van a levantar por los aires; que si el congreso regional no será antes de noviembre de 2015, que si algo pasa en La Palma… La alta dirigencia digiere con paciencia y resignación los prontos de la candidata que ha de defender. A menos que haya un cataclismo, no pasarán por un congreso extraordinario que le otorgue a Patricia Hernández poderes plenipotenciarios. Primero, porque temen que se cargue el partido; segundo, porque habría de cualquier manera congreso ordinario en noviembre del año que viene. Y tercero, porque en el caso de que a alguien se le ocurra adelantar ese cónclave, la sola idea de tenerla como secretaria general en un escenario de apoteósico talegazo electoral, hace temblar al más optimista. Otras miradas más observadoras se dirigen a La Palma. Curiosamente, la Ejecutiva Federal permitió que en esa lista se inscribieran en el censo de votantes los seis consejeros purgados por haber pactado con el PP, algo que se impidió taxativamente a los expulsados de Tacoronte (Tenerife). Nadie acierta a explicar el por qué. Puede que todo se deba a que la expulsión definitiva no está legal y reglamentariamente comunicada; puede que entre bambalinas alguien lo esté tratando de arreglar, y puede que en ese arreglo se incluya la inminente ruptura de los de Anselmo Pestana con el PP al frente del Cabildo de la isla. Tardaremos poco en confirmarlo, ya verán.

Tapar un farfullo con otro farfullo

Está universalmente aceptado el derecho de cualquier acusado a mentir en su proceso penal, porque inmolarse ya no se lleva. Existen, sin embargo, acusados capaces de empeorar su situación procesal, bien por acción directa o bien induciendo a otros a hacerlo, lo que también está permitido en nuestro ordenamiento jurídico. Algo de eso ocurrió este jueves en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria durante el juicio contra los abogados Jaime Rodríguez Díez y Paula Romeo, titulares de la firma madrileña Díez & Romeo, que respondían ante un tribunal por un delito de falsificación continuada de documento público. La crónica con todos los detalles del juicio, de nuestra compañera Macame Mesa, la tienen aquí mismo. En esta humilde sección vamos a ocuparnos de los aspectos colaterales, esos que nos permiten hacer unas risas con los inenarrables intentos de los acusados, de su abogado y de su perito de parte por sacar a tan insignes letrados de su atolladero. Como les hemos contado aquí –para gran cabreo de la señora Romeo- esta pareja madrileña se enfrenta a una petición de la Fiscalía y de la acusación particular (Gobierno de Canarias) por supuestamente haber falsificado un sello de Correos para colar 41 ofertas en el concurso de emisoras de radio de 2010, posiblemente creyendo que, detrás de los taparrabos, los canarios nos chupamos el dedo. Su estrategia de defensa tuvo los ingredientes de lo previsible (somos inocentes, señoría) y de lo farfullero, porque durante el juicio trataron de hacer pasar a) a la juez instructora por negligente; b) el perito de la Policía Nacional, por tronco; c) a los empleados de la oficina de Correos de Arucas, por ladrones, y d) al juez que presidía el tribunal, por imbécil.

Los ladrones se van de la oficina

Detengámonos –por economía procesal- en solo algunos de estos elementos defensivos: el primero, insinuar que los cinco trabajadores de la oficina de Correos de Arucas, a donde los machacantes de Díez & Romeo llevaron las 41 ofertas del concurso fuera de plazo, no mandaron sus certificados al Gobierno de Canarias porque se mamaron la pasta. No está mal la argucia, pero se tropieza con algunas lagunas. La primera, sin duda, es pretender que el jefe de una estafeta de correos y sus trabajadores se pongan de acuerdo para cometer una ilegalidad como la copa de un pino. Puede ser posible en el Bajo Volta, pero resulta del todo infumable en un Estado tan moderno y chiripitifláutico como este. Porque, de ser sólida esa sospecha, ¿por qué hasta el día de hoy los señores Díez & Romeo no han presentado una mísera denuncia contra esos funcionarios de los que insinúa la comisión de los delitos de malversación e infidelidad en la custodia de documentos? Si tuviera un mínimo de consistencia esta patraña, no sólo hubieran conseguido los letrados acusados librarse del banquillo, sino mejor aún, que sus clientes pudieran concursar. Peor, por el bochorno vivido en la sala, fue lo del perito que los acusados presentaron para su defensa. El hombre se empeñó en desmontar la pericial hecha por la Policía Nacional alegando un imposible: que el sello de la estafeta era auténtico porque con su sapiencia y sus conocimientos, sin mediar ningún instrumental ni prueba tecnológica, lo había concluido. ¿Y cómo? Muy sencillo, mediante la pericia de pasar el dedo gordo de su mano derecha sobre el lugar en cuestión y apreciar que había un bajorrelieve que evidenciaba, además de la autenticidad, que el operario que lo estampilló se aplicó con contundencia. Lo malo es que el juez que presidía el juicio, Juan Gallego, abrió el sumario, buscó la prueba en cuestión, pasó el dedo y no notó nada. “Y tengo un tacto normal”, refirió para que constara en acta.

La queja por la falta de testigos

La defensa de los Díez & Romeo también insistió en su alegato final en la indefensión que para sus patrocinados podría causar que durante la instrucción no fueran llamados a declarar testigos pedidos por esa parte. Es una pena, máxime porque la primera juez que instruyó la causa, la magistrada María Victoria Rosell, admitió esas pruebas y otras que le pidieron los imputados. Pero como estos, en otra pirueta absurda, recusaron a la juez por ser pareja del director de Canarias Ahora, que concursaba a esas frecuencias y que había publicado la denuncia inicial del Gobierno, el asunto pasó de sus manos al juzgado de Instrucción 4, donde no se practicaron esas diligencias ni se reiteraron por la parte ahora quejosa. El juicio, que quedó este jueves visto para sentencia, sirvió para algunos de los perjudicados por esta negligencia de los letrados madrileños para tirarse de los pelos recordando que dejaron decaer su denuncia por estafa por el repentino fallecimiento de la abogada que les representaba. A estos perjudicados, los Díez & Romeo jamás les acreditaron haber presentado la documentación, ni les contaron la milonga de la oficina de Correos de Arucas sencillamente porque no se podía acreditar nada. La mayoría de estos afectados ha desistido de los recursos que los madrileños presentaron contra las inadmisiones de sus ofertas, unos al enterarse de que el recurso se había presentado sin su consentimiento y otros avergonzados ante la evidencia de que nada se podía hacer ante negligencia tan palmaria.

¿Dónde estaban los avales originales?

Del concurso de frecuencias de radio de la Comunidad Autónoma salieron muchas empresas y particulares perjudicados. Unos por haber perdido en legítima pugna al presentar ofertas que resultaron derrotadas; otros por creerse que tenían derecho a las licencias por el mero hecho de ser quienes son, y por último, estos 41 clientes de Díez & Romeo, sencillamente por la mala praxis de este bufete. Cuatro años después de aquellas escaramuzas de los abogados madrileños, tratando como trileros de hacer pasar como buenas unas ofertas que fueron incapaces de presentar en plazo, ninguna de las 41 licitaciones supuestamente certificadas en Correos han aparecido por ningún lado. Y peor aún: en las cajas que Paula Romeo llevó en carretillas hasta presidencia del Gobierno días después de cerrarse el plazo aparecían dentro de las 41 ofertas los originales de los correspondientes avales bancarios que los licitadores estaban obligados a presentar, lo que demuestra más a las claras todavía que nada se había certificado a través de Correos. Porque las bases del concurso obligaban a incluir en las ofertas esos documentos originales, lo que echa por tierra de manera definitiva que en Arucas se presentara nada de lo que se sostuvo por los acusados este jueves en el juicio. Quedamos a la espera de la sentencia.