Un acuerdo que debió ser decreto

José Miguel Ruano ha debido sudar la gota gorda para sacar adelante este arbitrario acuerdo del Consejo de Gobierno, tan teledirigido a beneficiar a los que han sido colocados en las empresas públicas por obra y gracia del pacto entre el PP y Coalición Canaria. La tramitación del acuerdo tropezó de inmediato con la oposición de los más sesudos letrados de la Comunidad Autónoma, que pusieron el botoncito rojo a la propuesta la primera vez que fue a la mesa de los secretarios generales técnicos. Los expertos en la materia consideran que un desarrollo normativo de una Ley, en este caso el Estatuto Básico del Empleado Público, debe tramitarse por decreto, con trámite de audiencia a los sindicatos incluida. Pero Ruano, cuco que es, se saltó esa obligación haciendo algunas salvedades en el acuerdo a sabiendas de que no está el horno para bollos ni con los sindicatos ni con la opinión pública. La nulidad de pleno derecho -salvo juez extravagante- estaría casi cantada.