Una adjudicación contaminada

Pero lo malo es que esa adjudicación de 1992, a la que termina remitiendo a las partes el magistrado Gómez Cáceres, estuvo políticamente contaminada, como él mismo daba por cierto en su sentencia de 2008. Efectivamente, en ella el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo hace suyos los planteamientos de Aquagest, la opción perdedora, y acepta como hechos probados los incidentes ocurridos en las fechas anteriores a la adjudicación de la compra-venta en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tuvo que intervenir incluso el Diputado del Común al detectar que concejales de Izquierda Canaria Unida (ICU) y del PSOE se dedicaban a declarar a la prensa que el concurso de Emalsa había que adjudicárselo a Unelco (entonces en UTE con Saur) o que, en su defecto, no habría adjudicación. Sin embargo, pese a haber aceptado como probados estos hechos, en su sentencia de 2010, el magistrado ponente no hace la menor mención al asunto. Hubiera sido tanto como dar por bueno el concurso a pesar de esta flagrante contaminación. Porque a pesar de que el papel aguanta todo lo que le echen, hay algunos límites insalvables.