Las ambulancias, por lo penal

De repente, un vuelco. Los concursos de ambulancias en la Comunidad Autónoma de Canarias, divididos convenientemente en lotes geográficos para mejor proveer y por un importe de 300 millones de euros, van a dar mucho juego a poco se pongan los jueces a hurgar donde hasta ahora pocos han querido hurgar. El pistoletazo de salida parece haberlo dado a final de octubre la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC que declaraba ilegales las bases de la licitación de la pieza por la que se adjudicaron las ambulancias de la zona norte de Gran Canaria a la inexperta empresa Iscan por más de 19 millones de euros. Pero esta semana pasada ha dado un empujón notable hacia el necesario esclarecimiento de lo ocurrido el auto de la Audiencia Provincial por el que se ordena al juez de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria reabrir la causa archivada en 2010 tras una fugaz instrucción que se resolvió con la Fiscalía reclamando de modo encendido el carpetazo. El asunto tiene ingredientes verdaderamente atractivos desde el punto de vista político, periodístico y judicial porque confluyen personajes tan conocidos por el público municipal y espeso como Mercedes Roldós, ex consejera de Sanidad que, sin estar imputada, es la responsable máxima de todo lo que allí se coció. Sí están imputados sus subordinados Guillermo Martinón, Lourdes Quesada, Luis Molina... Y asomando las orejillas en lontananza, un viejo conocido de todos ustedes, el abogado Javier Artiles.