Otra auditoria en manos de quien quiera denunciar

No solo de Antonio Alarcó viven los inquietos auditores e interventores de cuentas. Todas las corporaciones públicas canarias están sometidas a las fiscalizaciones de la Audiencia de Cuentas y a muchas de ellas se les suelen apreciar digamos que malas mañas contables. Es el caso, sin ir más lejos, del entrañable alcalde de Mogán, Francisco González, aun enredado en esa maraña de presunta corrupción llamada Operación Gongola, que lo mismo acaba en auto de procesamiento que en auto sacramental, con Paquirrin levitando envuelto en vaporosos ropajes con Onalia Bueno haciendo sonar el arpa y el empresario Santana Cazorla tocando los timbales, como es norma habitual. Pero a lo que íbamos, la última auditoria a ese Ayuntamiento detectó, como o podía ser de otro modo, cierta irregularidad en el reconocimiento extrajudicial de crédito realizado por ese alcalde para pagarle a un amigo unas lajas a precio de traquita de Tebeto. Y si en el Cabildo de Tenerife han optado por remitir la auditoria de Alarcó a los servicios jurídicos para que actúen en consecuencia, obsérvese el arte de la Audiencia de Cuentas para sacudirse estas incómodas pulgas: “Se podría concluir acerca del incumplimiento de la normativa presupuestaria y contable, cuya efectiva determinación correspondería examinar, en su caso, al Tribunal de Enjuiciamiento Contable”. O sea, vaya usted al tribunal ese con el cuento y déjenos tranquilos, que luego caen chuzos. Con esa postura y los hechos consumados, Paquirrín pagó sus lajas, su amigo las cobró y el erario publico que vuelva a aguantar el tirón.