Una bochornosa sentencia

Es cierto, una increíble y bochornosa sentencia suscrita por cinco de los nueve magistrados de la Sección Séptima del Supremo ha concluido que José Antonio Martín no debió ser expulsado de la carrera judicial por dos aspectos puramente formales: porque el expediente sancionador había prescrito durante su tramitación y porque las escuchas telefónicas en las que se detectó que asesoraba al entorno del narcotraficante no iban dirigidas a investigarlo a él sino a varios empresarios y políticos canarios que chanchulleaban en torno al concurso eólico. A tan pintorescas excusas tomadas por cinco jueces para exonerar de responsabilidades a otro agarrándose a meros formalismos contestaron con un rotundo voto particular otros cuatro magistrados de la misma sala, que han recordado a sus colegas la jurisprudencia y la doctrina del mismo Supremo, no solo sobre la prescripción de expedientes administrativos vinculados a investigaciones judiciales declaradas secretas, sino también acerca de lo que se llama “hallazgo casual”, es decir, la aparición de un delito flagrante cuando se está investigando otro delito.