Una carta de compromisos impracticable

Sepan, de entrada, que esas exigencias del PP canario se van a concretar en una carta de compromisos que, de haberse implantado hace unos años, habría dejado fuera de afiliación a unos cuantos personajes que enseguida van a identificar. Por ejemplo, se exigirá una declaración jurada de bienes y de intereses en la que se incluyan también las sociedades mercantiles a las que se pertenece y el objeto social de las mismas. Será obligatorio, en consonancia con las nuevas normas aprobadas en el congreso nacional, comunicar la apertura de cualquier procedimiento judicial “del que puedan derivarse indicios racionales de la comisión de un delito”, lo que obligará al afectado a poner su cargo público u orgánico a disposición del partido, que analizará el andar de la perrita y actuará en consecuencia. Los cargos públicos y orgánicos del PP canario, que lo sepan ya, “deberán abstenerse de cualquier conducta que pueda dañar la imagen de honorabilidad de la organización” y evitar “toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses con el ejercicio de su función, y no aceptar ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja”. Uf, qué apuro, Manolo.