El caso del consejero, el presidente y las camas

No se conocen a Mariano Bermejo obscenas conversaciones telefónicas con empresarios o con jueces para favorecer alguna opción o beneficiar a un amigo, ser querido o financiador de campañas socialistas. Nadie puede asegurar haber leído transcripciones en las que un empresario pidiera al dimisionario que apretara el tosnillo a altos funcionarios de su ministerio; ni figura en alguna parte que su director de gabinete recibiera prebendas navideñas y hasta promesas de futuros puestos de trabajo si le fallaba su incorporación a la magistratura, que ésa es otra. El empresario canario Santiago Santana Cazorla telefoneó en varias ocasiones al consejero Domingo Berriel para pedirle que le ayudar a quedarse con camas de una excepción prevista en una ley, cosa que consiguió. Lo mismo que hizo con el presidente Adán Martín. Nadie juzga aquí si hubo o no delito; si hubo o no prevaricación judicial. Pero, insistimos, en aplicación de la doctrina Bermejo, ¿debieron o no debieron dimitir ante tan censurables comportamientos el consejero, el presidente y su jefe de gabinete?