Un desalojo muy particular

El Palomar se llama así por la inmensa cantidad de palomas que, hasta hace medio año, anidaban, cagaban y morían en ese edificio del barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, desalojado este martes intempestivamente por la Policía. Dicen los vecinos que tuvo que ser tremenda limpieza que ejecutaron los okupas para dejar aquello en condicione s mínimamente vivibles, y hasta algunos los elogiaban por las iniciativas de carácter social que habían conseguido poner en marcha allí. Una orden de un juez, del magistrado Francisco Javier García-Sotoca, acabó con la experiencia y puso de patitas en la calle a cuarenta personas con el consiguiente aparataje mediático-policial en lo que algunos interpretaron como contraprogramación premeditada para eclipsar la primera de las protestas vecinales contra la pobreza, la marginación y el desprecio institucional a centenares de miles de personas a las que los servicios sociales públicos han dado literalmente la espalda. El desalojo de los okupas de Guanarteme vino acompañado de algunas sospechas de los afectados, a los que ha llamado la atención, en primera instancia, ese impresionante despliegue policial, con UIP desplazados desde Tenerife, y ese empeño por aprovechar que el auto de desalojo pasaba por ese populoso barrio para buscar algún inmigrante indocumentado. Es lo que tiene el recorte de derechos de todo tipo que padecemos. Pero más ha llamado la atención el procedimiento judicial, de índole penal, en lugar de un desahucio convencional, es decir, civil, que puede ir acompañado de asistencia policial, pero que no lleva aparejada una imputación penal a los okupas, como es el caso, ni la criminalización preventiva, muy propia de los tiempos en que los jipis eran apaleados en la calle solamente por llevar el pelo largo y fumar porros. El dueño del edificio no puso querella, sino denuncia, lo que le ahorró abogado y procurador; y lo hizo por la vía penal, lo que le ahorró las tasas judiciales introducidas en el sistema por el Gobierno del PP. Sin embargo, parece haber encontrado un cordial acomodo en el sistema judicial, que le ha permitido alcanzar sus objetivos sin gastarse un duro. No tenemos muchos más datos de la instrucción porque, en una nueva muestra de falta de diligencia, el Gabinete de Comunicación del TSJC no pudo conseguirnos una mínima información oficial que ofrecer a nuestros lectores. Pero en cuanto la tengamos más completa, se la ofreceremos.