A siete días de su aprobación

Las Directrices quieren controlar el crecimiento turístico y está claro que, aunque muy opinable, es asunto ya descontado. Hay voluntad política y apoyo social. A lo hecho, pecho. Pero la iniciativa ha alargado la mano e interviene en otros suelos que por estar en la zona turística son regulados en claro conflicto competencial. Y aquí cunde la alarma porque olvidamos que lo que queremos parar es el turismo y no la economía. Vayan sólo dos ejemplos: las Directrices entran a saco en el suelo residencial que se localiza en áreas turísticas. Y no parece de recibo que los municipios puedan ser disminuidos en su competencia de establecer el ámbito local de residencia como quieran y donde quieran cumpliendo la normativa en vigor, pero no limitados por la presencia conjunta de turistas y vecinos. Y va el segundo ejemplo: el PIO de Gran Canaria incluye un modelo nuevo, interesante, que permite que en los planes parciales turísticos un porcentaje del suelo se pueda dedicar al uso residencial, esto es, visitantes que estan aquí en largas temporadas. Al imponer un mínimo de metros a la parcela y la edificación, asegura el nivel de calidad de la zona, al tiempo que constituye un mecanismo anticíclico y procura un nivel crítico o básico de actividad. Además de que cualifica y ensancha la economía de la zona. Las Directrices dicen que nones, que parar es parar y no hay parón con tantas excepciones. Que eso es cerrar la puerta y abrir las ventanas. Cuestión opinable pero trascendental que muchos diputados conocen ahora, a siete dias del pleno de la aprobación de las históricas Directrices.