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Lo que digan los empresarios

Para que camine la Ley del Suelo ya vale todo, incluso mentir: “Canarias tiene protegida el 80% de su superficie”, o “esta ley se fundamenta en el principio constitucional de desarrollo sostenible”, por ejemplo

La educación bilingüe la vamos a conocer ahora, según el presidente del Gobierno, tras años de experiencias exitosas, una de ellas iniciada en 2004

El Gobierno canario no recurrirá la sentencia sobre el concurso de radios a pesar de haber sido avalado por sus servicios jurídicos de principio a fin

Mientras, la Radiotelevisión Pública de Canarias está a punto de dar la boquiada víctima del deseo del Gobierno de hacer sucumbir la ley que la alejó de sus predios

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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (i), conversa con el presidente de la Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife CEOE, José Carlos Francisco, momentos antes del inicio de la reunión con el Consejo Asesor para analizar el borrador de la Ley del Suelo. EFE/Ramón de la Rocha

Fernando Clavijo, agachado ante el presidente de la patronal de Tenerife, José Carlos Francisco.

El síndrome es conocido como adanismo: “Tendencia a comenzar una actividad sin tener en cuenta los progresos que se hayan hecho anteriormente”. El Gobierno de Fernando Clavijo tiene como principio inspirador el borrón y cuenta nueva, la ruptura radical con el pasado más inmediato, como si todo empezara ahora mismo de cero. La inspiración la proporciona el mundo de la empresa: “Sí, trabajo para los empresarios, que son los que generan riqueza”, llegó a reconocer solemnemente en un pleno del Parlamento de Canarias, rompiendo de ese modo con la norma no escrita que impone que esas cosas no se hacen, y si se hacen, no se dicen. Porque desvelados los propósitos, el trabajo del ciudadano para descubrirlos sólo ha de limitarse a colocar sobre cada acción, cada decisión o cada anuncio la plantilla de las peticiones empresariales.

En una reciente entrevista en Canarias Radio la Autonómica, la radio pública archipielágica, Fernando Clavijo llegó a asegurar que gran parte de la baja cualificación profesional que se detecta en los trabajadores isleños en relación con el sector turístico se debe a la ausencia de educación bilingüe. Y proclamó acto seguido que en la inclusión de esa vertiente formativa ya se está ocupando su Gobierno gracias a ese hallazgo tan decisivo.

Hubiera sido catastrófico reconocer que hemos esperado hasta el siglo XXI para descubrir que en las aulas de la escuela pública canaria, región que en 2015 recibió la bagatela de 13 millones de turistas, estamos dando la espalda a la lengua extranjera. Pero una somera búsqueda en Internet permite descubrir que desde 2004 (y seguramente antes) hay en marcha experiencias que están siendo exitosas, como por ejemplo el programa denominado Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (CLIL por sus siglas en inglés), con miles de alumnos y profesores implicados.

Cuestión aparte puede ser lo mal que lo tenemos en inventos como la empresa pública Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), parida en su día como una experiencia muy prometedora para formar profesionales –incluso para la exportación- que terminó siendo un coladero de enchufes cuando no un nido de corruptos vividores que cobraban comisiones hasta de los fontaneros. Depende del Gobierno de Canarias y no hay noticias que hablen de su regeneración, quizás porque impulsar una empresa pública de este calibre podría contravenir el principio de que se gobierna para la iniciativa privada. A ver por qué las universidades privadas han encontrado aquí un interesante ecosistema. O quizás porque con la coartada de la crisis económica y la baja eficiencia de muchas de estas empresas públicas, todo vale para su desarticulación.

 

Medios de comunicación públicos y privados

En su entrevista en la radio pública de Canarias no se abordó –salvo error u omisión- la grave crisis que vive precisamente esa otra empresa, la Radiotelevisión Pública de Canarias, víctima de una ley que no gusta al actual presidente del Gobierno y su abigarrado entorno. Clavijo quiere ver arrodillados ante sí a los promotores de esa recién estrenada norma que en teoría alejaba de los predios de influencia del Ejecutivo cualquier mecanismo de control y de presión, y para ello nada mejor que contravenir las decisiones del Parlamento de Canarias, que hace más de dos meses que le instó a inyectarle 6 millones de euros para su supervivencia. No hay pasta para que funcione la tele pública, que pierde audiencia a un ritmo vertiginoso ante la imposibilidad de operar con una parrilla competitiva que, además, cumpla con su razón de ser como medio vertebrador de la región. Este caos hace las delicias de las cadenas privadas nacionales, que se forran con las desconexiones para Canarias, un mercado donde la televisión se lleva la mayor parte de la tarta publicitaria en medios de comunicación.

Para remate de esta faena mediática, el Gobierno acaba de anunciar que no va a recurrir la sentencia del TSJC que ordena retrotraer el concurso de radios de 2012 al momento en el que se puntuaron las ofertas presentadas a las 156 frecuencias en liza. Dice el Ejecutivo que la sentencia es tan cojonuda que hasta los servicios jurídicos la aplauden con las orejas. Los mismos servicios jurídicos, dicho sea sin ánimo de ofender, que avalaron todas y cada una de las decisiones de la mesa de contratación ahora en entredicho, hasta el punto de que uno de sus letrados formaba parte de ella junto a un interventor de Hacienda y la jefa del Servicio de Contratación. Demasiados testigos como para creerse el bulo de que todo fue una puerca manipulación política.

El concurso de radios es una de las losas que pesan sobre la gestión de Paulino Rivero que Fernando Clavijo quiso cambiar desde antes incluso de ser presidente del Gobierno. Fue su compromiso frente a tres empresas (dos nacionales y una canaria) que no obtuvieron las frecuencias pretendidas y que legítimamente han mostrado siempre su desacuerdo con el resultado del concurso: Onda Cero, Cadena Ser y Editorial Leoncio Rodríguez ( El Día). Falta por ver qué va a ocurrir tras esta sentencia porque los criterios (o subcriterios) anulados por el TSJC podrían no ser decisivos en el nuevo baremo al tratarse de cuestiones tan concretas como la puntuación que habría que otorgar a los programas de chistes, de tarot o de llamadas de los oyentes. Veremos qué se entiende en este Gobierno por politización de una mesa de contratación.

 

Esa Ley del Suelo

Pero la madre de todas las batallas, el principio y el fin del Gobierno de Fernando Clavijo sigue y va a seguir girando por un tiempo el Proyecto de Ley del Suelo de Canarias. La iniciativa se está tropezando con más contestación de la esperada, y empieza a no bastar el respaldo que con tanto entusiasmo le ha otorgado la patronal canaria, particularmente la de la provincia de Las Palmas, cuyo lobby mas significado, el Círculo de Empresarios de Gran Canaria, está viendo colmados sobradamente sus más amplios deseos de liberalización territorial y ambiental. No pasa semana sin que algún dirigente se muestre encandilado con la figura de Fernando Clavijo solamente por este proyecto de ley, en estos momentos en manos del Consejo Consultivo. Encandilamiento que no es otra cosa que la traslación plena de lo que el Partido Popular opina de la misma ley: insuperable.

En la búsqueda de los apoyos inquebrantables y la consiguiente anulación de las disidencias, al presidente no parece resistírsele ni siquiera la verdad o el más mínimo respeto por el ordenamiento democrático. Reprochar a la oposición, como hizo en la muy mentada entrevista radiofónica, no haber presentado un texto alternativo o “unas alegaciones” al proyecto no puede catalogarse como ignorancia (sería muy temerario por nuestra parte), sino como ardid político: la oposición parlamentaria habrá de presentar sus “alegaciones” en la fase de tramitación parlamentaria donde, en todo caso, habrán de interponerse los textos alternativos que los representantes ciudadanos estimen más convenientes. Si es que los estiman.

Pero no es esta la única falacia lanzada respecto a este proyecto de ley. Y se aprecia desde su propia exposición de motivos. Sostener que “esta Ley se fundamenta en el principio constitucional de desarrollo sostenible” ya tira para atrás. En ningún pasaje de la Constitución Española de 1978 se argumenta ese principio, seguramente porque en aquellas calenda el desarrollo sostenible no constituía una prioridad para nadie y menos conformaba una inspiración para los padres de la Constitución.

A partir de ahí parece hasta razonable que se solemnicen falsedades como que el 80% de la superficie de Canarias está protegida (dicho por Clavijo en la muy mencionada entrevista radiofónica) o que esa ley del suelo no pretende ampliar los suelos urbanizables o rústicos de protección a no ser, claro, que caigan en manos de algún influyente inversor que pueda conseguir convertir su parque temático, su industria o su urbanización en un proyecto de interés insular o autonómico. Ni licencia municipal habrán de tramitar. Tiembla, oasis de Maspalomas. Viva la liberalización. Bienvenida la devastación legal.

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