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No hizo falta Colón

Una rotunda sentencia del magistrado Javier Varona (Sala de lo Contencioso, TSJC) echa por tierra cualquier tipo de actuación urbanística en el Oasis de Maspalomas

La cadena Riu podrá conservar su estratégico hotel pero no ampliarlo, y las instituciones tendrán que ponerse manos a la obra para la preservación de ese espacio natural

Los agoreros que pronosticaban grandes quebrantos a las arcas públicas por las indemnizaciones exigibles guardan silencio; la sentencia sólo acarreará ventajas para el interés general

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Oasis de Maspalomas

De derecha a izquierda, las dunas, la charca y el Oasis de Maspalomas rodeado de edificaciones.

Más de tres años de conflicto zanjado con una sentencia: el Oasis de Maspalomas es una reserva natural y como tal debe ser preservada. Lo dice la Ley, que ha sido violada reiteradamente durante dos décadas por las instituciones competentes en la materia, capaces no solo de equivocarse sospechosamente en la delimitación del espacio protegido, sino también de privatizarlo y otorgarle la consideración de suelo urbano para calcular una edificabilidad brutal con la que se pretendía sepultarlo bajo un hotel de 450 habitaciones.

Los intentos por reconducir la sucesión de ilegalidades que ha sufrido este lugar mítico del Sur de Gran Canaria se iniciaron al conocerse en 2013 que la cadena mallorquina Riu pretendía derribar el histórico hotel Maspalomas Oasis (330 habitaciones), para sustituirlo por un mamotreto de 450 habitaciones ocupando gran parte de la superficie protegida y privatizada a lo largo de estas últimas décadas.

Empezó el Cabildo de Gran Canaria, bajo la presidencia de José Miguel Bravo de Laguna, con la incoación de un expediente de Bien de Interés Cultural (BIC) para toda el área por la que presuntamente pasó Cristóbal Colón en uno de sus viajes a América. Siguió con un acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias, bajo la presidencia de Paulino Rivero, tumbando ese BIC y comprometiéndose a un expediente de protección que impidiera atropellos.

Ni una cosa ni la otra lograron prosperar. El BIC anda atascado en vericuetos judiciales y el acuerdo adoptado por el Gobierno de Rivero murió víctima de un intento imposible de acuerdo con Riu para que reconsiderara sus derechos sobre la parcela y propusiera un hotel menos agresivo.

Sin embargo, ha sido un litigio sobre la legalidad o ilegalidad de las licencias para la demolición del viejo hotel y la construcción del nuevo, concedidas por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, lo que ha derivado en una revisión profunda de todo lo sucedido en ese lugar a lo largo del tiempo.

Es bueno recordarlo: el Condado de la Vega Grande construyó en los años sesenta un precioso hotel en ese paraje. Tenía 148 habitaciones y pronto fue un lugar recurrente de visitas de personalidades mundiales. El éxito llevó a sus propietarios, la familia Del Castillo, a una ampliación de 182 habitaciones más construidas sobre el espacio destinado a sala de fiestas. Fue la primera ilegalidad, con sentencia de demolición firme del Supremo, sorprendentemente perdonada en 1982 por la Comisión Provincial de Urbanismo en base a la Ley del Suelo del 56 y para proteger los puestos de trabajo creados.

Hoy, 34 años después, la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, conocida este jueves, recuerda que aquella amnistía permitió que se excepcionara la demolición, “pero no se modificó la naturaleza pública de la zona verde indebidamente construida”.

Como todo lo que mal empieza mal acaba, aquella primera transgresión pareció animar a los sucesivos propietarios y a las autoridades incompetentes. Y corruptas. Porque luego vinieron acontecimientos muy sugestivamente relatados en la sentencia de Javier Varona: algún avispado funcionario logró colar en la cartografía de la Ley 12/1994, por la que se creaba la Reserva Integral de las Dunas de Maspalomas, un perímetro del oasis distinto al que aparecía en el texto normativo. Error que el magistrado ponente tacha de “grosero y trascendente”, pero que a continuación fue convenientemente trasladado al Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé de Tirajana de 1996 para que el espacio verde público se perpetuara a favor de la propiedad, por entonces Banesto, el banco de Mario Conde, y se transformara milagrosamente en urbano.

Ese lote es el que acabó comprando Riu, probablemente desconocedora de unos antecedentes que ahora se le vuelven en contra. Porque solicitando y obteniendo del Ayuntamiento licencias de demolición y construcción en base a una aparente legalidad, lo que ha terminado por descubrir al reclamar ante la Justicia sus derechos es que no tiene ninguno, que lo que parecía la joya de Gran Canaria en realidad no le pertenece, y si le perteneciera, poco o nada puede hacer sobre ella más allá de ejercer su obligación de conservarla.

Le queda el hotel original de la familia del Conde de la Vega Grande, eso sí. Un precioso hotel que no ha sido ajeno al paso del tiempo y que, como la propia cadena ha reconocido, se encuentra en riesgo de ruina inminente. Ahora podrá dedicar todos los esfuerzos inversores que tenía previstos para su nuevo establecimiento a una reforma en profundidad que lo transforme en un hotel boutique en uno de los mejores lugares de Canarias.

Atrás quedan, cómo no, callados como tumbas, los agoreros que predecían que esa defensa del paraje natural del Oasis de Maspalomas iba a deparar millonarias indemnizaciones a favor de Riu. Las cifras más optimistas hablaban de al menos 30 millones de euros. A esos videntes cabría ahora preguntarles qué creen que hubiera pasado si Riu hubiera levantado su nuevo hotel sobre zona verde y ahora se declararan ilegales sus licencias y anulado el planeamiento en ese paraje. ¿Otra amnistía sobre el Oasis?

Ha ganado el interés general. Alguna vez tenía que ser así.

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