Un informe por técnico incompetente

El caso Isolux estalló en el primer mes de alcaldía de Pepa Luzardo, allá por julio-agosto de 2003, cuando la pánfila alcaldesa sustituía a José Manuel Soria tras ocho años de gobierno municipal del hoy ministro. Pepa heredó un concurso en marcha que nació con adjudicatario: Isolux. El concurso consistía en la colocación de unos módulos de membranas de ósmosis inversa en el complejo de potabilizadoras de Las Palmas de Gran Canaria, para aumentar así su capacidad de fabricación de agua de abasto y disminuir las compras a particulares y, por tanto, dar un respiro al sufrido acuífero grancanario. Los técnicos del área del Ciclo Integral del Agua habían concluido, tras meses de estudio, que la mejor de las nueve ofertas presentadas era la de la empresa Idagua (filial del grupo Saur), pero Pepa tenía instrucciones precisas de que fuera Isolux quien se hiciera con aquel negocio. Así que, como el informe de los especialistas era inamovible, encargó otro a un técnico claramente incompetente en la materia, el responsable de recogida de basuras, que en menos de una semana dictaminó que la mejor oferta era la que inicialmente había quedado novena, es decir, la que presentaba Isolux. Y así fue, el concurso se otorgó a Isolux, que se iniciaba entonces en el negocio de la potabilización de aguas, lo que se tradujo de inmediato en un enorme retraso en la implantación de los módulos y en una inexplicable sucesión de fallos que dieron lugar primero a sanciones y, años después, a averías que, entre otras cosas, ocasionaron que se dispararan los niveles de boro en el agua de abasto de la ciudad.